Las autoridades antilavado reconocen que Uruguay es “plaza regional” para evasores fiscales y sienten “terror” de que el país sea sancionado por la falta de controles lavan dinero los narcotraficantes, los políticos corruptos, los contrabandistas, los traficantes de armas. Utilizan bancos, casas de cambio, cooperativas y empresas financieras para esconder sus dólares sucios. Contratan escribanos para comprar casas, edificios, autos, yates, campos, empresas, comercios. Pasa en Uruguay y en todas partes del mundo.
Muchos países consideran que también lavan dinero quienes engañan al Estado para evadir impuestos. Como el narcotráfico o la corrupción, la evasión fiscal es delito precedente de lavado de dinero en Argentina y otros países, como exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde 2012.
En Uruguay, la defraudación tributaria es delito, pero no está vinculada al lavado de dinero. Por eso, los jueces pueden enviar a prisión al que “directamente o por interpuesta persona, procediera con engaño con el fin de obtener, para sí o para un tercero, un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de sus tributos” (artículo 110 del Código Tributario). Pero los magistrados no pueden embargar ni incautar los bienes obtenidos gracias a la evasión, porque la defraudación tributaria no es delito precedente de lavado.
Esto, sumado al secreto bancario, lleva a que los evasores de la región encuentran en los bancos uruguayos un aliado para esconder sus fondos. “Uruguay tiene riesgos serios de lavado de activos provenientes de la evasión fiscal. Hemos sido la plaza regional para ese tipo de fondos”, reconoció Daniel Espinosa, gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, la unidad encargada de denunciar en la Justicia a los lavadores de dinero. “(Pero) el negocio basado en la opacidad fiscal se terminó”, advirtió Espinosa el miércoles en el Radisson Victoria Plaza Hotel durante una jornada de capacitación sobre cumplimiento de controles antilavado, organizada por BCS, una consultora especializada en el tema.
La idea de que el negocio para el país se terminó se debe a que GAFI inspeccionará a Uruguay en 2019 y el riesgo de caer en una lista gris por no cumplir con los requisitos establecidos es inmenso. “Lo que sentimos por las listas de GAFI es terror. Que Uruguay esté en una lista de GAFI sería desastroso”, expresó el miércoles Carlos Díaz, el secretario nacional antilavado.
Hoy, Ecuador está en una lista negra de GAFI, y Panamá, en una gris. “La principal amenaza que tiene la economía panameña en este momento es la lista gris del GAFI”, dijo en enero a la Agencia de Noticias Panamá el ministro de Economía panameño, Dulcidio de la Guardia.
“No vamos a ningún lado”.
El secretario antilavado de Uruguay enumeró el miércoles los problemas que genera estar en una lista de GAFI: identificación como país de alto riesgo por lavado, afectación de la inversión y el grado de confianza en el país, aumento de los costos de operación, posible aumento de las tasas de interés, posible retiro de bancos de la plaza, y cierre de cuentas de nacionales en el extranjero.
El “terror” que siente Díaz se fundamenta en dos motivos. En primer lugar, el Parlamento debe incluir en los próximos dos años el delito fiscal como delito precedente de lavado, como exige GAFI. “Hay que hacerlo, si no la evaluación (en 2019) será negativa”, aseguró Díaz.
Esto implica que los contadores también pasarán a ser “sujetos obligados” ante el Banco Central, por lo que deberán presentar Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado (ROS). Hoy están obligados a presentar ROS los escribanos y los agentes inmobiliarios, entre otros. Sin embargo, la respuesta de estos profesionales no conforma a las autoridades. Ese es el segundo motivo que genera “terror” en el secretario nacional antilavado.
El año pasado, la UIAF del Banco Central recibió 286 ROS, la mayoría presentados por bancos. Los escribanos solo presentaron dos; del sector inmobiliario, uno; administradores de sociedades, tres; y un vendedor de metales preciosos, una. Estos reportes permiten que la UIAF investigue los casos sospechosos e informe a la Justicia aquellos que parezcan delictivos. Sin reportes de los sujetos obligados, no hay investigación posible.
Las autoridades antilavado reconocen que Uruguay es “plaza regional” para evasores fiscales y sienten “terror” de que el país sea sancionado por la falta de controles lavan dinero los narcotraficantes, los políticos corruptos, los contrabandistas, los traficantes de armas. Utilizan bancos, casas de cambio, cooperativas y empresas financieras para esconder sus dólares sucios. Contratan escribanos para comprar casas, edificios, autos, yates, campos, empresas, comercios. Pasa en Uruguay y en todas partes del mundo.
Muchos países consideran que también lavan dinero quienes engañan al Estado para evadir impuestos. Como el narcotráfico o la corrupción, la evasión fiscal es delito precedente de lavado de dinero en Argentina y otros países, como exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde 2012.
En Uruguay, la defraudación tributaria es delito, pero no está vinculada al lavado de dinero. Por eso, los jueces pueden enviar a prisión al que “directamente o por interpuesta persona, procediera con engaño con el fin de obtener, para sí o para un tercero, un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de sus tributos” (artículo 110 del Código Tributario). Pero los magistrados no pueden embargar ni incautar los bienes obtenidos gracias a la evasión, porque la defraudación tributaria no es delito precedente de lavado.
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Esto, sumado al secreto bancario, lleva a que los evasores de la región encuentran en los bancos uruguayos un aliado para esconder sus fondos. “Uruguay tiene riesgos serios de lavado de activos provenientes de la evasión fiscal. Hemos sido la plaza regional para ese tipo de fondos”, reconoció Daniel Espinosa, gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, la unidad encargada de denunciar en la Justicia a los lavadores de dinero. “(Pero) el negocio basado en la opacidad fiscal se terminó”, advirtió Espinosa el miércoles en el Radisson Victoria Plaza Hotel durante una jornada de capacitación sobre cumplimiento de controles antilavado, organizada por BCS, una consultora especializada en el tema.
La idea de que el negocio para el país se terminó se debe a que GAFI inspeccionará a Uruguay en 2019 y el riesgo de caer en una lista gris por no cumplir con los requisitos establecidos es inmenso. “Lo que sentimos por las listas de GAFI es terror. Que Uruguay esté en una lista de GAFI sería desastroso”, expresó el miércoles Carlos Díaz, el secretario nacional antilavado.
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Hoy, Ecuador está en una lista negra de GAFI, y Panamá, en una gris. “La principal amenaza que tiene la economía panameña en este momento es la lista gris del GAFI”, dijo en enero a la Agencia de Noticias Panamá el ministro de Economía panameño, Dulcidio de la Guardia.
“No vamos a ningún lado”.
El secretario antilavado de Uruguay enumeró el miércoles los problemas que genera estar en una lista de GAFI: identificación como país de alto riesgo por lavado, afectación de la inversión y el grado de confianza en el país, aumento de los costos de operación, posible aumento de las tasas de interés, posible retiro de bancos de la plaza, y cierre de cuentas de nacionales en el extranjero.
El “terror” que siente Díaz se fundamenta en dos motivos. En primer lugar, el Parlamento debe incluir en los próximos dos años el delito fiscal como delito precedente de lavado, como exige GAFI. “Hay que hacerlo, si no la evaluación (en 2019) será negativa”, aseguró Díaz.
Esto implica que los contadores también pasarán a ser “sujetos obligados” ante el Banco Central, por lo que deberán presentar Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado (ROS). Hoy están obligados a presentar ROS los escribanos y los agentes inmobiliarios, entre otros. Sin embargo, la respuesta de estos profesionales no conforma a las autoridades. Ese es el segundo motivo que genera “terror” en el secretario nacional antilavado.
El año pasado, la UIAF del Banco Central recibió 286 ROS, la mayoría presentados por bancos. Los escribanos solo presentaron dos; del sector inmobiliario, uno; administradores de sociedades, tres; y un vendedor de metales preciosos, una. Estos reportes permiten que la UIAF investigue los casos sospechosos e informe a la Justicia aquellos que parezcan delictivos. Sin reportes de los sujetos obligados, no hay investigación posible.
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