Apenas pasadas las 17 horas de la tarde de ayer, el presidente de la Junta Departamental de Salto, Antonio Lafuente, acompañado por el secretario general Carlos Martínez y el asesor letrado Pablo Perna junto a los ediles Adrián Báez y José Antonio Cardozo, se acercaron hasta la sede del Juzgado Penal de 2º Turno a cargo de la Jueza Ivón Olivera a los efectos de dar cumplimiento al mandato aprobado por unanimidad de los ediles de los tres partidos políticos en cuanto a “elevar a la Justicia Penal todos los antecedentes reunidos en expediente administrativo identificado con el número 305/2010 de fecha 14 de setiembre de 2010 de la Junta Departamental de Salto, a los efectos que se determine si ha existido o no delito en los hechos investigados por la Comisión Investigadora” referida básicamente a la compra por la intendencia de Salto de una chacra divida en dos parcelas por el valor de 150 mil dólares a dos días de la asunción del nuevo gobierno departamental.
Posteriormente Lafuente, Martínez y Perna brindaron una conferencia de prensa en la Junta Departamental, donde se sumaron los coordinadores de bancada del Partido Colorado Pablo Perna y el coordinador de bancada del Frente Amplio Paulino Delsa.
Lafuente dio inicio a la conferencia “a los efectos de informar a toda la población” que “luego de un arduo trabajo y a (la participación de) varios ex integrantes del gobierno municipal de la administración del maestro Ramón Fonticiella, se llegó a la conclusión de la necesidad de remitir las actuaciones a la Justicia Penal en concordancia a los informes técnico jurídicos en la parte administrativa y en la faz penal. A esos efectos el plenario por unanimidad de ediles presentes, del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado votaron afirmativamente”.
“Dando cumplimiento a esa resolución –culminó- hoy a las 17 horas nos hicimos presente en el Juzgado Penal a los efectos de entregar todas las actuaciones que realizó la comisión como correspondía, con lo cual, estamos concluyendo la investigación y actuando en consecuencia como así lo aconsejó la comisión y lo votó el plenario”.
Por su parte el Dr. Perna remarcó que “lo que está haciendo la Junta Departamental no es tipificar ningún tipo de delito”, porque “el que debe tipificar si acá se cometió algún tipo de delito es la Justicia”, por lo que se pone “en conocimiento los hechos que acontecieron en la adquisición de dos bienes inmuebles a la intendencia de Salto conforme a los informes técnicos (de los especialistas en Derecho Penal y Administrativo, Germán Aller y Eduardo Lust respectivamente) que obran en el expediente” donde se menciona “que existieron determinadas series de irregularidades, algunas más graves, otras más leves, que pudieron haber configurado determinados hechos ilícitos, es por eso que ponemos en conocimiento de la Justicia Penal a los efectos que la Justicia investigando todos los hechos que ya investigó la Junta Departamental, determine si existió o no delito”, concluyó.
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Apenas pasadas las 17 horas de la tarde de ayer, el presidente de la Junta Departamental de Salto, Antonio Lafuente, acompañado por el secretario general Carlos Martínez y el asesor letrado Pablo Perna junto a los ediles Adrián Báez y José Antonio Cardozo, se acercaron hasta la sede del Juzgado Penal de 2º Turno a cargo de la Jueza Ivón Olivera a los efectos de dar cumplimiento al mandato aprobado por unanimidad de los ediles de los tres partidos políticos en cuanto a “elevar a la Justicia Penal todos los antecedentes reunidos en expediente administrativo identificado con el número 305/2010 de fecha 14 de setiembre de 2010 de la Junta Departamental de Salto, a los efectos que se determine si ha existido o no delito en los hechos investigados por la Comisión Investigadora” referida básicamente a la compra por la intendencia de Salto de una chacra divida en dos parcelas por el valor de 150 mil dólares a dos días de la asunción del nuevo gobierno departamental.
Posteriormente Lafuente, Martínez y Perna brindaron una conferencia de prensa en la Junta Departamental, donde se sumaron los coordinadores de bancada del Partido Colorado Pablo Perna y el coordinador de bancada del Frente Amplio Paulino Delsa.
Lafuente dio inicio a la conferencia “a los efectos de informar a toda la población” que “luego de un arduo trabajo y a (la participación de) varios ex integrantes del gobierno municipal de la administración del maestro Ramón Fonticiella, se llegó a la conclusión de la necesidad de remitir las actuaciones a la Justicia Penal en concordancia a los informes técnico jurídicos en la parte administrativa y en la faz penal. A esos efectos el plenario por unanimidad de ediles presentes, del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado votaron afirmativamente”.
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“Dando cumplimiento a esa resolución –culminó- hoy a las 17 horas nos hicimos presente en el Juzgado Penal a los efectos de entregar todas las actuaciones que realizó la comisión como correspondía, con lo cual, estamos concluyendo la investigación y actuando en consecuencia como así lo aconsejó la comisión y lo votó el plenario”.
Por su parte el Dr. Perna remarcó que “lo que está haciendo la Junta Departamental no es tipificar ningún tipo de delito”, porque “el que debe tipificar si acá se cometió algún tipo de delito es la Justicia”, por lo que se pone “en conocimiento los hechos que acontecieron en la adquisición de dos bienes inmuebles a la intendencia de Salto conforme a los informes técnicos (de los especialistas en Derecho Penal y Administrativo, Germán Aller y Eduardo Lust respectivamente) que obran en el expediente” donde se menciona “que existieron determinadas series de irregularidades, algunas más graves, otras más leves, que pudieron haber configurado determinados hechos ilícitos, es por eso que ponemos en conocimiento de la Justicia Penal a los efectos que la Justicia investigando todos los hechos que ya investigó la Junta Departamental, determine si existió o no delito”, concluyó.
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