Conste que con esta nota no pretendemos tomar posición sobre el problema de fondo que habremos de analizar, sino hacer un llamado a la cordura de todos los involucrados.
La labor del cuerpo inspectivo de la Intendencia Municipal en el sector tránsito está “transitando” precisamente por una zona muy riesgosa.
Debido a las situaciones de violencia que y a las agresiones concretas sufridas por un par de inspectores, en las últimas semanas se recurrió a la asistencia policial junto al funcionario municipal.
El tema es que algunos funcionarios siguen sin entender que ninguna infracción justifica que se trate al infractor con prepotencia. Aún cuando que al proceder a incautar un vehículo o aplicar una sanción concreta, jamás debe dejarse de lado la corrección y la educación con que se procede.
Decimos esto, porque en algunos casos – a juzgar por los testimonios que recibimos – hay inspectores que han creído que la presencia policial junto a ellos, justifica que procedan con prepotencia y en forma incorrecta.
No pretendemos con esto justificar reacción violenta alguna, ni mucho menos agresiones, pero nada se gana con ocultar la verdad o “manipularla”.
Hay ocasiones en que no parece que se obrara con sentido común, sino con un afán de imponer un mal entendido autoritarismo o hacer prevalecer la ley a rajatablas.
Hay que tener cuidado porque teniendo en cuenta que Salto es seguramente la ciudad que tiene mayor número de motos en relación a su población, cuando se va formando una opinión masiva verdadera o equivocada, sobre el proceder de quienes deben fiscalizar y hacer cumplir las normas, se va generando un “clima” muy peligroso, que puede desembocar en un hecho trágico en cualquier momento.
No es un tema privativo de Salto, dado que en Montevideo, como se sabe los inspectores decidieron no cumplir con la fiscalización de reempadronamiento, hasta que no asuma el nuevo gobierno y esto ha generado una situación crítica.
La causa es la misma, las situaciones de violencia que se han generado en la población.
¿Cómo manejarnos ante esto?.
Es necesario que todos “bajemos la pelota”.
Los inspectores y policías, cumpliendo su labor con total corrección y los usuarios asumiendo que las normas son para cumplirlas, nos guste o no.
En otro orden, cuando las sanciones no parecen acordes a las infracciones, es a otro nivel, la Junta Departamental o los legisladores, ante quienes deben encaminarse las protestas, porque son los que imponen las leyes o normas municipales.
Lo que pretendemos con esto, es precisamente, “bajar un cambio”, antes que pasen hechos irreparables.
Ni más ni menos.
