Mucho se habló y se habla de la situación del senador Andrade ante la Intendencia de Montevideo y el Banco de Previsión Social.
Obviamente que no es una situación que vayamos a defender, porque para que quede claro un legislador no tiene “coronita” y por lo tanto lo que debía hacer en su situación, no era cortarse sólo engañando a ambos organismos para no pagar, sino defender con uñas y dientes a todos los trabajadores que se hallaron en la misma situación, que no son pocos por supuesto.
Quisiéramos ver a quienes se rompen las vestiduras condenando a Andrade por lo actuado, ¿Cuántas veces recorrieron los barrios de trabajadores para averiguar que porcentaje de viviendas están regularizadas?
Recordamos incluso cuando en Salto el entonces Intendente Eduardo Malaquina tenía entre sus planes impulsar la auto construcción en determinadas condiciones como forma de contribuir a combatir el déficit de viviendas existente.
En estas circunstancias lamentamos que las leyes no atiendan a la realidad de las personas, sabemos muy bien que para un trabajador que quiera hacer su vivienda, comenzando por comprar el terreno para luego levantar su casa legalmente es decir pagando todo lo que corresponde.
Es hacia allí donde deben dirigirse las críticas, nunca habilitar el camino de la ilegalidad, porque resulta demasiado peligroso.
Cuando vemos que en las zonas céntricas de las ciudades proliferan las edificaciones, nos preguntamos ¿Qué paga cada edificio? ¿Es justa la tributación? ¿Contempla la situación de un trabajador, de igual forma que la de un empresario que construye miles de viviendas?
Este es el quid de la cuestión. Entendemos que un legislador que gana varias veces más que un obrero, puede y debe pagar tributos. Pero también entendemos que éstos deben ser justos y adecuados a cada situación.
Es muy diferente cuando no se paga porque no se puede, que cuando no se paga porque se especula o se evade conscientemente.
Haber dado a conocer esta situación es válido, periodísticamente cabe siempre y cuando se investigue, se denuncie todos los casos de irregularidades o al menos de injusticia que el sistema actual cobija.
Cuando se proyectan construcciones, sujetas a la existencia de determinadas condiciones, que incluso llegan a afectar lo que se estableció años atrás en el Plan Director, debe al menos determinarse a quien se está beneficiando ¿a un empresario, un grupo, o a los trabajadores?
Esta es la verdadera cuestión.
A.R.D.
