De acuerdo a datos brindados por organismos del estado (Ministerio de Vivienda, MIDES), la situación de la vivienda en Uruguay presenta desafíos significativos que se han mantenido a lo largo de las últimas décadas. A pesar de que el derecho a una vivienda digna está consagrado en la Constitución y en diversas leyes nacionales, el déficit habitacional persiste.
En los últimos 20 años, Uruguay ha experimentado un incremento notable en la construcción de viviendas, especialmente a través de programas gubernamentales destinados a mejorar el acceso habitacional.
Nuestro Departamento de Salto, presenta una preocupante situación, en la cual los asentamientos informales es una problemática significativa que ha ido en aumento en las últimas décadas.
Aunque se han logrado avances importantes con programas específicos, la problemática habitacional sigue siendo un desafío estructural en Uruguay. Resolverlo requiere un enfoque integral, con políticas públicas sostenidas y un compromiso conjunto del Estado, el sector privado y las organizaciones sociales.
SALTO Y SU PREOCUPANTE REALIDAD
En el Departamento de Salto, la situación de los asentamientos informales es una problemática significativa que ha ido en aumento en las últimas décadas. Según datos de la Intendencia de Salto, existen aproximadamente 20 asentamientos donde residen alrededor de 600 familias.
Sin embargo, otras fuentes indican cifras más elevadas. Un informe de la ONG TECHO, señala que en Salto se identificaron 27 asentamientos, sumando un total de 2.135 viviendas, situando al departamento en una “categoría alta” de asentamientos informales, junto a Paysandú, Rivera y Artigas.
El crecimiento de estos asentamientos se ha acelerado en los últimos 20 años, impulsado por factores como el desempleo, la pobreza y la falta de acceso a viviendas formales. Esta expansión ha llevado a que muchas familias vivan en condiciones precarias, sin acceso adecuado a servicios públicos como agua potable, saneamiento y electricidad.
Para abordar esta problemática, el gobierno nacional implementó el Plan Avanzar, destinado a la erradicación y regularización de asentamientos en todo el país.
En Salto, este plan incluyó inicialmente a los asentamientos La Esperanza y La Amarilla. Sin embargo, hasta la fecha, no se han observado avances significativos en la implementación de este plan en el departamento, lo que genera preocupación entre las autoridades locales y las familias afectadas.
La persistencia y crecimiento de los asentamientos informales en Salto, reflejan desafíos estructurales en términos de desarrollo urbano, acceso a vivienda digna y equidad social. Es fundamental la coordinación entre las autoridades nacionales y departamentales, así como la implementación efectiva de políticas públicas integrales, para mejorar las condiciones de vida de las familias que residen en estos asentamientos y garantizar su integración plena a la comunidad.
DÉFICIT HABITACIONAL EN URUGUAY
Estudios recientes indican que aproximadamente 95.000 hogares, equivalentes al 8% del total, se encuentran en condiciones estructurales precarias o muy precarias. Además, se estima que el país requiere alrededor de 70.000 nuevas viviendas para satisfacer la demanda actual.
Acceso a Servicios Básicos
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, un porcentaje significativo de hogares carece de acceso adecuado a servicios esenciales como saneamiento. Esta carencia afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población, exacerbando las condiciones de vida desfavorables.
Mercado Inmobiliario y Políticas Públicas
El mercado inmobiliario uruguayo se caracteriza por una oferta limitada de viviendas accesibles para los sectores de ingresos medios y bajos. Las políticas públicas destinadas a abordar esta problemática han sido insuficientes, y la inversión en vivienda social ha representado históricamente menos del 1% del Producto Interno Bruto.
Iniciativas y Propuestas
Diversas organizaciones sociales y académicas han identificado problemas clave, como la dificultad de acceso a una vivienda digna, la especulación inmobiliaria y la escasez de recursos destinados a la vivienda social. Han propuesto, entre otras medidas, la reactivación de la Comisión Asesora de Vivienda (COAVI) para la elaboración de planes quinquenales que aborden de manera integral la problemática habitacional.
Por lo tanto, la situación de la vivienda en Uruguay requiere una atención prioritaria y la implementación de políticas efectivas que garanticen el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos.
VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
Aunque no se dispone de cifras exactas que abarquen la totalidad de las viviendas construidas en los últimos 20 años, es evidente que programas como el de Vivienda Promovida han contribuido significativamente al aumento del parque habitacional en Uruguay. Sin embargo, el déficit habitacional persiste, lo que indica la necesidad de continuar y fortalecer las políticas públicas en este ámbito.
En los últimos años, se ha observado un aumento significativo en la construcción de viviendas promovidas. Entre 2021 y 2023, se promovieron aproximadamente 14.650 nuevas viviendas, superando el promedio anual de 2.200 viviendas de la década anterior. Este incremento se atribuye a modificaciones en la reglamentación y a un mayor impulso en la inversión privada.
Programa de Vivienda Promovida
Implementado en 2011, este programa ha sido fundamental en la edificación de nuevas viviendas. Según datos hasta mayo de 2024, se han desarrollado 1.375 proyectos que resultaron en la construcción de 35.290 viviendas, con una inversión acumulada de más de 3.500 millones de dólares. Montevideo concentró el 78,25% de estas construcciones, sumando 27.617 viviendas, mientras que el resto del país aportó 7.673 unidades.
DESAFÍO HABITACIONAL EN LO NACIONAL
El desafío habitacional en Uruguay abarca varios aspectos relacionados con el déficit de vivienda, la calidad habitacional y el acceso a servicios básicos. A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas, esta problemática persiste y afecta principalmente a los sectores de menores ingresos.
Déficit de Viviendas: Según estimaciones, Uruguay tiene un déficit habitacional de alrededor de 70.000 viviendas para satisfacer la demanda actual. Además, aproximadamente 95.000 hogares están en condiciones estructurales precarias, lo que agrava la problemática.
Acceso a Vivienda Digna: El acceso a viviendas adecuadas sigue siendo una dificultad para gran parte de la población, especialmente para los sectores vulnerables y de ingresos medios-bajos. Los altos costos de alquiler y la especulación inmobiliaria limitan las opciones de muchas familias.
Falta de Vivienda Social: A pesar de la existencia de programas como la Vivienda Promovida, la cantidad de viviendas sociales construidas no cubre la demanda. La inversión pública en vivienda social representa menos del 1% del PIB, lo cual es insuficiente para abordar las necesidades estructurales.
Infraestructura y Servicios Básicos: Muchas viviendas carecen de acceso a servicios esenciales como saneamiento, agua potable y energía eléctrica en zonas rurales y urbanas marginadas.
Impacto de la Urbanización: El crecimiento urbano en ciudades como Montevideo ha llevado a la proliferación de asentamientos informales donde viven miles de personas en condiciones inadecuadas.
Políticas y Soluciones Propuestas: Mayor Inversión en Vivienda Social.Diversas organizaciones han pedido incrementar la inversión en programas de vivienda social para reducir el déficit habitacional.
Regulación del Mercado Inmobiliario: Implementar medidas para controlar la especulación inmobiliaria y facilitar el acceso a la vivienda.
Mejoras en la Infraestructura: Aumentar la cobertura de servicios básicos en áreas marginadas y rurales para garantizar condiciones de vida dignas.
Promoción de Cooperativas de Vivienda: Fortalecer el modelo de cooperativas de vivienda, que ha sido exitoso en la provisión de soluciones habitacionales colectivas y asequibles.
Fomento de Vivienda Promovida: Adaptar los incentivos fiscales y reglamentaciones para fomentar la construcción de viviendas accesibles en todo el país.
Programas de Regularización de Asentamientos: Aumentar los esfuerzos para integrar los asentamientos informales en el tejido urbano, dotándolos de infraestructura adecuada y servicios.
