Por estos días se ha planteado una discusión, aún no saldada, debido a una decisión de la JUTEP (Junta de Transparencia Pública), que intento exigir al senador nacionalista Juan Sartori, la obligatoria declaración jurada de los bienes de su cónyuge.
El senador se ha negado e incluso interpuso una declaración de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Ante el rechazo de ésta, ha dicho que prefiere ser sancionado, antes que exigirle la declaración de bienes a su esposa, alcance que entiende es inconsistente.
Por nuestra parte debemos decir que desde mucho tiempo a esta parte, hemos planteado que los organismos control deben tener potestad para sanciones “duras” y no tan blandas que muchas veces se prefiere hacer frente a las sanciones o las multas antes que cumplir con la ley. Esta es nuestra posición y no renegaremos de ella.
Nos explicamos, se supone que cuando uno asume un cargo político debe saber las exigencias que el mismo conlleva. Se supone que las exigencias que nos ocupan no son antojadizas, no fueron establecidas por la JUTEP, porque se le ocurrió, sino que fueron aprobadas por el propio legislativo cuando decidió crear la JUTEP.
Sin querer personalizar este caso, digamos que nunca –que recordemos al menos- se había dado un caso similar (la cónyuge del senador es hija de un multimillonario ruso y por lo tanto su fortuna debe ser cuantiosa), pero suponemos también que cuando Sartori se presentó como aspirante a un puesto de senador conocía las exigencias del cargo y los requisitos que debería satisfacer en caso de salir electo, como ha sucedido.
Si la exigencia es constitucional o no; si está fuera de época o no, es harina de otro costal.
Lo que aún no sea resuelto es saber qué sanción podría corresponder al legislador, en casi de no cumplir con esta exigencia. Nos imaginamos que de sancionársele, debe ser una sanción ejemplar y no sólo económica, porque todos sabemos que en estos casos la sanción económica “no pesa” y en estos casos corremos el riesgo de que los cargos políticos – los mejor remunerados- puedan quedar reservados solo para gente adinerada, que puedan hacer frente a la sanción.
Esto sería injusto a la vez que dejaría a mucha gente sin verdadera chance de representar a los intereses del pueblo.
A.R.D.
