Al momento de escribir estas líneas ignoramos si hubo accidentes de tránsito de gravedad en el área capitalina, pero los resultados de las acciones no hacen cambiar la opinión que nos merece el hecho de que los inspectores de tránsito, hayan decidido efectuar un paro en una de las fechas en que su labor se hace casi imprescindible.
Estamos cansados de esta suerte de intransigencia, de medidas extremas donde no parece contar el interés público, donde quienes deberían de ser el motivo del servicio, como es la población, es fácilmente dejada de lado, cuando se evalúan las acciones a seguir.
No tenemos conocimiento “fino” si las sanciones a cuatros inspectores de tránsito que adoptó la Intendencia de Montevideo y que se mencionan como motivo del conflicto, fueron justas o no, pero entendemos que se trata de un tema que bien podría seguirse conversando, negociando, sin dejar huérfana a la población capitalina y sus alrededores en una época clave.
Ya sabemos adonde nos llevan estas posiciones extremas, cuando el fin justifica todos los medios. ¡Pobre de nosotros!.
Es más, creemos no equivocarnos, al decir que si alguien ha salido mal parado tras esta medida han sido los propios funcionarios en conflicto, porque la medida adoptada es antipática rechazada por la mayoría de la población.
No es precisamente por el camino de la intransigencia que se consiguen las cosas. No es la Intendencia de Montevideo un organismo que se caracterice por perseguir a sus funcionarios, pagarles mal o someterlos a condiciones de trabajo inhumanas.
Independientemente de ello: ¿se puede dejar a la población, que paga los sueldos del personal municipal, huérfana de un servicio tan importante en una ocasión puntual como la del 24 de agosto, noche en la que se verifica la salida del mayor número de uruguayos para disfrutar de lo que se ha denominado “La noche de la nostalgia”?
Es de desear que las consecuencias de una medida tan irracional no hayan sido lamentables para la población, porque será difícil evitar que gran parte de los uruguayos no se la atribuyan directamente a quienes han llevado adelante esta medida.
Somos los primeros en defender las posiciones gremiales, cuando corresponden, cuando se adoptan con racionalidad y justicia, con la firmeza que corresponde, pero también con la sensatez necesaria.
No es lo que sucedió en esta ocasión precisamente, en la que todo indica que se ha querido embretar en forma inadmisible a quien tiene la obligación de velar por los servicios que presta, pero también tiene el deber frente a toda la ciudadanía de hacer cumplir las exigencias que corresponden al trabajador.
Esta es la cuestión.
