Cuando asumió el actual Gobierno Nacional, se anunció la realización de auditorías en muy diferentes ámbitos del Estado. Eso fue, creemos, hasta aplaudido por la gran mayoría del pueblo uruguayo sin importar afinidad política con tal o cual partido. Por ejemplo, desde quienes apoyaban a las nuevas autoridades del país, se decían cosas como: «hay que hacer auditorías para que salte a la luz todo el despilfarro que hubo en estos años», y desde la gente afín al gobierno saliente, se decía: «que hagan las auditorías que haya que hacer, porque no hay nada que ocultar». Y las auditorías empezaron…
Ante todo resulta bueno dejar en claro qué es una auditoría, y para ello vayamos a la acepción que da de esta palabra la Real Academia Española: «Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio».
Hablemos hoy de Salud Pública, algo que tantos comentarios genera en el día a día, no ahora sino prácticamente desde siempre. Por eso, es que somos partidarios de las auditorías siempre, y nos hubiera gustado que esto se hubiera hecho no solamente ahora, sino también en todos los gobiernos anteriores, de todos los partidos que nos han gobernado.
Creemos que nunca debe entenderse una investigación de este tipo como un acto de «venganza» o de mera búsqueda de irregularidades con el fin de «cortar cabezas», sino simplemente como un gesto de buena intención y buena voluntad en cuanto a la transparencia (siempre tan reclamada para el manejo de aquello que es de todos).
Pues bien, terminaron días pasados 11 de las 21 auditorías que el Gobierno ordenó hacer en ASSE. El directorio de los servicios de salud radicó 14 denuncias penales, además de investigaciones administrativas, sumarios, etc. Entre lo que se encontró figura:
-Destrucción y ocultamiento de documentos
-Compras millonarias sin licitación
-Ausencia de controles financieros
¿Qué le parece, estimado lector?
Esto llevó a que se realizaran (hasta ahora, porque se está recién en instancia primaria) nada menos que 14 denuncias penales. Las denuncias son por entenderse que en muchos casos hay situaciones que pueden configurar delitos, particularmente aquellas donde se evidencia un mal manejo de los dineros públicos. Pero más allá de los que suceda en el ámbito penal, ASSE dispuso, por un lado, una serie de investigaciones administrativas, y por otro, aplicó sumarios a los involucrados.
Cuando nos quejamos que no hay suficiente personal, que faltan médicos o enfermeros, o que faltan medicamentos, que hay análisis o cirugías demasiado atrasadas, etc. etc. ¿no será en gran medida por estos malos manejos?
Las auditorias que ya finalizaron fueron en: Hospital Pereira Rossell; Hospital Maciel (Obras, Servicios de Anestesia, Compras y Financiero Contable); Departamento de Certificaciones y Juntas Médicas; Centro Auxiliar de Bella Unión; Centro Auxiliar de Paso de los Toros; RAP de Paysandú; y Hospital de Maldonado, San Carlos.
En síntesis, como decía un periodista hace unos días: «se hizo lo que ninguna persona en su sano juicio haría en su hogar o en su propia empresa con su dinero»: destrucción y ocultamiento de documentos financieros y contables, compras millonarias sin licitación ni informes técnicos y una increíble ausencia de controles, derroche, conjunción del interés público y el privado, casos de sobrefacturación y demandas que el Estado ha debido enfrentar producto de situaciones que se apartan de la legislación vigente, o no existe normativa que las habilite.
Pasemos a ver ahora algunos de los ejemplos del informe, que con números a la vista nos ayudan a entender las cosas:
Hospital Pereira Rossell: se evidencian múltiples irregularidades en la contratación de servicios de limpieza. Según el informe, la anterior Administración de ASSE Central dejó sin efecto una licitación pública en sus etapas finales, sin causas debidamente justificadas, contratando en su lugar los servicios por compra directa a una fundación. El dejar sin efecto dicha licitación no sólo implicó un gasto mayor para ASSE, calculado en 9 millones de pesos, sino que además la administración debió enfrentar «demandas judiciales» y «observaciones del Tribunal de Cuentas» por su proceder ajeno a la normativa.
Hospital Maciel: los auditores de la gestión administrativa y financiera no pudieron tener acceso a los registros del sistema contable de la Comisión de Inversiones. Increíblemente, «…la contabilidad se llevaba por el estudio particular del contador adjunto de la Dirección anterior, que además intervenía en todo el proceso de compras». Según se desprende del informe, «el mismo contador actuaba representando a la Administración y a la Comisión de Inversiones, concentrando los procesos de forma tal, que determinaba que no existiera oposición de intereses, neutralizando la posibilidad de controles con lo que exponía a la Administración a serios riesgos». En el mismo Hospital Maciel: contratación directa de una empresa, «sin procedimiento de compra ni solicitud de otras cotizaciones», abonándose por parte de la gestión anterior un total de 37.7 millones de pesos a un único proveedor. Finalmente, en el servicio de anestesia del mismo hospital, se descubrió la «destrucción de la documentación probatoria de horas trabajadas por los médicos anestesistas», que fue ordenada por la anterior dirección.
En otro orden, en el Departamento de Certificaciones y Juntas Médicas se detectó una «subfacturación» de medio millón de pesos e «irregularidades en cuanto al uso del combustible». Ni los gastos ni la facturación tenían un control adecuado.
Centros auxiliares de Bella Unión y de Paso de los Toros: se detectaron irregularidades varias. Carencias en el control de los ausentismos, que llevaron a excesos en cuanto a la contratación de suplentes; compras directas por más de 5 millones de pesos en 2019; adquisición de productos a ofertas económicamente inconvenientes sin realizar la correspondiente justificación técnica; irregularidades varias en materia de manejo de stock e inventario de insumos médicos; y, omisión de registración contable de las facturas de un proveedor por un total de casi 30 millones de pesos que, «según declaraciones del equipo de gestión, estas facturas se encontraban retenidas por parte del director anterior…».
Estimados lectores, cuando se habla (con liviandad, así como si nada) de semejante «millonada» de pesos que se han ido por aquí y por allá, ¿usted no siente una mezcla de desilusión, rabia, impotencia…? ¿Usted no siente que la verdadera estafa es a quienes siempre caemos (engañados) en confiar en este o en aquel gobierno y al final todos, unos más y otros menos, pero todos terminan desengañándonos? ¿Usted no siente que al leer esas cifras millonarias se le está dando un golpe tremendo a los que no ganan más de 13 o 14 mil pesos por mes y a veces no tienen dinero ni para atender su salud? Porque aunque sea «pública» la salud, siempre hay gastos ante una enfermedad.
¿Cada auditoría terminará siendo un golpe de knock out en el mentón de la gente? Parece que sí. Una pena.
Contratapa por Jorge Pignataro
