El pasado 4 de abril la ahora asesinada joven había concurrido a una casa de la zona de “La Cachimba del Piojo”, en Montevideo, donde ella y otras seis personas solían juntarse a consumir drogas. Ese día el enfrentamiento entre dos jóvenes por una dosis de pasta base terminó en un homicidio, del que ella fue testigo (El Observador, jueves 18 de mayo 2017).
Por eso, y porque luego había recibido amenazas, cerca del 28 de abril la joven solicitó vigilancia policial, la cual le fue concedida hasta el 9 de mayo. Un día después que esa vigilancia le fuera retirada, una persona de 22 años se le acercó, le apuntó con su arma, le dijo “esto es por alcahueta” y le disparó en la cabeza. Murió minutos más tarde, añade la aludida versión de El Observador.
Ahora la familia de la joven reclama por negligencia del Estado, 200 mil dólares. El Ministerio del Interior sostiene que la custodia se retiró porque la joven se había mudado y el juez ordenó que no se mantuviera dicha custodia. En cambio el juez Ricardo Miguez habría sostenido –según la misma versión – que recién se enteró que la joven se había mudado cuando fue asesinada.
A raíz de este caso, tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, como el ministro del Interior, Eduardo Bonomi aseguraron que se hará una investigación administrativa para saber qué ocurrió. Chediak dijo que se trata de un episodio grave, porque puede “desestimular a quien quiera declarar (…) por miedo a represalias.
Pero más allá del caso puntual y entendemos que la familia de la joven está en todo su derecho de reclamar, lo que vemos de mayor gravedad es precisamente la impunidad con que algunos delincuentes se mueven incluso para asesinar aunque tengan que pagar con años de cárcel.
El miedo es una de las armas principales con que cuenta la delincuencia para lograr su propósito. Estas represalias contra una testigo precisamente mueven a silenciar y acallar a quien se atreva a aportar lo que ha visto para detener una delincuencia cada vez más audaz.
Esto es lo que hay que salvaguardar porque si bien no es bueno ni pensable que cada testigo pueda tener una custodia policial, tampoco sería efectiva porque la delincuencia dedicada a hacer daño, es capaz de aguardar durante mucho tiempo para lograr su deleznable acción.
Impedir que prosperen, cueste lo que cueste y aún cuando tengamos que arriesgar nuestra propia seguridad, pagando a veces un precio altísimo, irrevocable es lo mejor que podemos hacer, no sólo por nosotros, sino por los que vienen detrás en la vida.
