El Instituto del Niño y el Adolescente en Salto cumple una labor que nadie puede desconocer, la cuestión es si esta labor es suficiente y adecuada a las necesidades que se requieren.
De todas formas, el mayor cuestionamiento que se le hace tiene que ver con una cuestión esencial, es la falta de una política clara y de los recursos correspondientes para atender debidamente a los menores de edad, niños y adolescentes, que llegan allí por motivos muy diferentes.
En algunos casos son dejados a cargo del Instituto, por sus familiares que se ven impedidos de atenderlos por múltiples razones, entre ellas las laborales. En esta situación hemos hallado a niños de familias bien conformadas, con buenos valores, a los que precisamente sus familiares se resisten a dejarlos en manos de personas que no les merecen la debida confianza y prefieren hacerlo en el INAU.
En otros casos, se trata de menores y adolescentes, en conflicto con la ley, que llegan al INAU por disposición judicial.
En el primero de los casos los menores reciben contención y son atendidos, aunque la limitación de recursos humanos y de infraestructura impide que esta atención sea óptima, debido a que en alguna medida los menores que llegan por una u otra causa “se mezclan” o están en contacto al menos, lo que a todas luces resulta contraproducente, cuando no hay funcionarios que estén permanentemente al tanto de la situación.
Precisamente, los mayores problemas se plantean con los menores infractores, debido a que no existe la infraestructura debida para atenderlos.
Teóricamente se supone que esta medida se aplica a los menores de edad que han cometido reiteradamente faltas asimilables a delitos graves y son derivados al INAU, con el propósito de ser rehabilitados.
Esta es la cuestión. El actual Hogar Rural existente en Salto, está sin lugar a dudas fuera de toda realidad. Denominado un “hogar libre” (que sólo permanece allí quien quiere hacerlo), en la realidad cumple una función ridícula. Es sabido sobre todo a nivel policial que los menores que son derivados allí, regresan a su casa, luego que la propia policía los lleva a la comisaría. Esta es una situación desgastante.
De allí que lo habitual es que los magistrados opten en los casos de gravedad, por recluirlos en un centro del sur del país. Allí no sólo que no son más adecuados, sino que además constituyen verdaderas “universidades” del delito.
Los menores que regresan de allí lo hacen luego de haber aprendido otras “técnicas” delictivas y lejos de rehabilitarse es muy alto el porcentaje de reincidencia en el delito.
No pretendemos “solucionar” a la ligera un tema tan complejo, que tiene que ver con la situación social en que nos hallamos inmersos, pero si bregar para que se asuman las debidas responsabilidades, que en alguna medida nos alcanzan a todos, porque por este camino sólo podemos esperar mayores y más graves problemas.
