Conflicto de los funcionarios judiciales
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) ha venido denunciando públicamente, “graves situaciones de violencia y acoso laboral” en las oficinas de la Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial. Además han afirmado que esta situación causó el “fallecimiento de un compañero judicial”.
A raíz de esto la intergremial que integra la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU), Asociación de Informáticos Judiciales del Uruguay ( (ASIJU) y la Asociación de psicólogos del ITF (APITFU), manifestaron su » repudio y rechazo a las prácticas violentas , las que sostenidas en el tiempo por parte de la Directora del Departamento Alzer Arezo y el Esc. Ignacio Wilf, las que fueron avaladas en su totalidad por el Director General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial Ing. Marcelo Pesce. Por lo que exigía la remoción inmediata del Director Pesce.
En tanto los funcionarios judiciales se declararon en conflicto hasta que se remuevan a las autoridades señaladas anteriormente entendiendo que «la Suprema Corte de Justicia acaba de validar el accionar violento y autoritario de la Dirección de los Servicios Administrativos en contra de la totalidad de las y los compañeros trabajadores de dicha Dirección. Con esta decisión, la SCJ asume como propia la política llevada adelante por los jerarcas de esa Dirección, que determinaron el trágico desenlace de un compañero judicial.»
También se convocó a un paro general sin guardia gremial para el pasado 1 de Diciembre y mañana lunes 4 hay nuevas reuniones.
EL PUEBLO consultó al respecto del tema al Pte. de la Asociación de Abogados de Salto (AAS) Dr. Gabriel Cartagena, quien nos brindó detallada información sobre los procedimientos en estas situaciones a la vez que aclaró que la asociación aún no ha tomado postura.
La situación en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia, de comprobarse luego de la investigación que debe realizarse, es grave y estamos atentos desde la Asociación de Abogados de Salto, incluso estamos esperando una reunión del día lunes 4 del Colegio de Abogados del Uruguay, a los efectos de un comunicado en conjunto con ellos y otros colegios del Uruguay teniendo más insumos de la situación.
DEBIDO PROCESO
Debemos referirnos a que en Uruguay, existe el debido proceso Administrativo que es un principio fundamental que garantiza que los ciudadanos tengan acceso a procedimientos justos y equitativos cuando interactúan con las autoridades administrativas en este caso a nivel del Poder Judicial. Este concepto se basa en el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos durante el desarrollo de procesos administrativos que debería desarrollarse teniendo en cuenta más de 30 denuncias por acoso que existen según manifiesta el gremio de funcionarios judiciales.
Algunos elementos clave del Debido Proceso Administrativo en Uruguay incluyen Notificación y acceso a la información. Los ciudadanos deben ser notificados de manera adecuada sobre cualquier procedimiento administrativo que les afecte. Además, se les debe proporcionar acceso a la información relevante; Derecho a ser escuchado. Se garantiza el derecho de los ciudadanos a ser escuchados y presentar sus argumentos antes de que se tome una decisión administrativa que les afecte; Plazos razonables. Los procedimientos administrativos deben llevarse a cabo en plazos razonables, evitando dilaciones innecesarias; Imparcialidad. Se busca la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas, asegurando que no estén influenciadas por prejuicios o intereses indebidos; Derecho a la defensa. Los ciudadanos tienen derecho a presentar pruebas, defenderse y contar con asesoría legal si así lo desean durante el proceso administrativo; Motivación de las decisiones. Las autoridades administrativas deben fundamentar y explicar sus decisiones de manera clara, permitiendo a los afectados comprender las razones detrás de las resoluciones.
Estos principios buscan asegurar que los ciudadanos sean tratados de manera justa y equitativa en sus interacciones con la administración pública, promoviendo la transparencia y la protección de sus derechos más allá que el denunciado sea el Director de Servicios administrativos que se entiende es mano derecha de los 5 Ministros de la SCJ.
PAUTAS ESPECÍFICAS
Cartagena también explicó que en Uruguay, el procedimiento de acoso laboral en la Suprema Corte de Justicia sigue pautas específicas para abordar situaciones de este tipo.
A continuación, hare una descripción general del proceso, que deberá aplicarse en estas Denuncias como en caso similares y es lo que debemos esperar para tomar resoluciones desde las autoridades nacionales de la Suprema Corte de Justicia.
Denuncia y Comunicación. La persona afectada por acoso laboral debe presentar una denuncia formal ante la Suprema Corte de Justicia. Puede ser a través de un canal establecido para este propósito, como el área de recursos humanos, en este caso son más de 30 funcionarios que denuncian hostigamiento y situaciones graves de prohibición de utilización de baños o cocina en determinada oficinas, etc.
Investigación Interna. La Suprema Corte de Justicia llevará a cabo una investigación interna para evaluar la veracidad de la denuncia contra el Director de Servicios administrativos del Poder Judicial. Esta investigación puede implicar entrevistas con el denunciante, el presunto acosador y otros testigos relevantes que aparentemente existen en este caso tan llamativo a nivel nacional.
Confidencialidad .Se suele mantener la confidencialidad durante la investigación para proteger a las partes involucradas y evitar posibles represalias.
Medidas Provisionales .Si se determina que la denuncia tiene fundamento, la Suprema Corte de Justicia puede implementar medidas provisionales para proteger al denunciante, como cambios temporales en las asignaciones laborales o restricciones de contacto entre las partes, lo cual no ha sido considerado en este caso ya que 4 de 5 Ministros no aceptaron tomar medidas hasta el momento.
Informe y Resolución. Una vez completada la investigación, se elabora un informe que resume los hallazgos. La Suprema Corte de Justicia toma una decisión y, en caso necesario, impone sanciones adecuadas al acosador.
Recurso de Reconsideración. Ambas partes tienen el derecho de presentar un recurso de reconsideración si no están de acuerdo con la decisión tomada.
Es importante señalar que el procedimiento puede variar, y la Suprema Corte de Justicia puede tener protocolos específicos para abordar el acoso laboral de la misma forma que es aplicable a otros funcionarios como son los Jueces. Los trabajadores afectados también pueden buscar asesoramiento legal externo si así lo desean durante el proceso y es lo que está ocurriendo.
La Asociación de Abogados de Salto no ha tomado resolución ninguna aún. Estamos esperando comunicado del CAU que seguramente será apoyado a nivel de colegios de todo el país.
