El Gobierno de Javier Milei reglamentó la Ley Bases, promoviendo la privatización y la reducción del gasto público. Se busca combatir el «ñoquismo» y asegurar el ingreso de personal idóneo en el Estado.
El Gobierno argentino reglamenta medidas para privatizar empresas y reducir el empleo público en medio de una crisis económica.
El gobierno argentino, bajo la administración de Javier Milei, ha dado un paso significativo hacia la transformación del Estado con la reglamentación de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un proyecto clave que busca reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del empleo estatal. Esta ley, aprobada por el Congreso en junio, ha sido objeto de intensas negociaciones y manifestaciones, reflejando la polarización en torno a su implementación.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, destacó que desde el inicio de la gestión de Milei el 10 de diciembre, se ha logrado reducir el gasto público en un 32%. Esta reducción se inscribe dentro del llamado plan “motosierra”, que pretende desmantelar estructuras administrativas consideradas innecesarias. Adorni enfatizó que “cualquier organismo que no funcione será cerrado”, subrayando el compromiso del Ejecutivo con la privatización de empresas estatales.
El nuevo decreto, firmado por Milei, establece procedimientos para la privatización de varias empresas públicas, como Energía Argentina y la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE). Además, se implementan reformas al empleo público que buscan fortalecer la calidad del trabajo estatal, evitando la interferencia política en los nombramientos y promoviendo un régimen disciplinario más riguroso. Se prevé que la nueva normativa reduzca aún más el número de empleados estatales, que ya ha disminuido en más de 20,000 puestos.
Uno de los aspectos más destacados de esta reglamentación es la introducción de medidas “anti-ñoquis”, que buscan eliminar a aquellos que reciben salarios sin cumplir con sus obligaciones laborales. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, indicó que la nueva normativa establece un examen objetivo de competencias para los nuevos empleados estatales, asegurando que “la capacidad técnica no la definirá un burócrata de turno, sino una computadora”.
Otra medida relevante es la implementación del “silencio positivo”, que permitirá a los solicitantes de trámites obtener la autorización automática si el Estado no responde en un plazo determinado, minimizando así la necesidad de recurrir a sobornos para acelerar procesos administrativos.
La aprobación y reglamentación de la Ley Bases ha suscitado diversas reacciones en la sociedad argentina, reflejando el desafío del gobierno de Milei en un contexto de crisis económica, inflación y descontento social. Mientras algunos ven estas medidas como una oportunidad para desmantelar un Estado ineficiente, otros advierten sobre los riesgos de una reducción drástica de los servicios públicos y del empleo estatal en un país que enfrenta desafíos económicos significativos.
