Recientemente trascendió el pedido de renuncia efectuado por el ministro de Defensa Nacional. Javier García, al presidente del Tribunal Militar, Gral. Daniel Castella.
Quien según documentación existente en el propio ministerio Castella, fue uno de los responsables de la unidad militar cuando se asesinó en la tortura al Dr. Vladimir Roslik, estando presente en el interrogatorio
“Incompatibilidad con el cargo” fue el motivo que esgrimió el ministro para pedirle la renuncia a dicho militar. No podemos menos que aplaudir la decisión, la vez que nos sorprende que dicho militar haya sido prácticamente ascendido en años anteriores desempeñándose desde hace más de cuatro años presidia el Tribunal Militar.
El entonces capitán se supone que estaba al tanto de lo que le pasó al Dr. Roslik, que en principio se dijo que había fallecido por un paro cardíaco y una investigación posterior pedida por sus familiares probó que había fallecido en la tortura, ahogado en su propio vómito, luego de que le fuera reventado el hígado.
Todo el sistema democrático debería de alinearse tras estas decisiones. Muy lejos de compartir unas u otras ideas, que es harina de otro costal, defender la actitud de un ministro que no ha hecho más que lo que corresponde en un sistema democrático, cosa que no se había hecho y nos preguntamos ¿por qué?
En varias oportunidades nos hemos referido al asesinato del Dr. Roslik, un médico joven, cuyo asesinato fuera aclarado cuando Manuel Flores Mora (Maneco) desde su contratapa de la revista “Jaque”, insistió en que la versión oficial carecía de consistencia.
Hoy la decisión del ministro nos merece el mayor respeto porque somos de los que creen que los cuarteles militares deben ser abiertos para ser investigados como cualquier otra parte del país, cosa que hasta el momento no sucede.
Mientras no se logre cerrar esta herida, y se sepa la verdad de lo que ha pasado con todos los desaparecidos no habrá una reconciliación efectiva en nuestro país.
Nos oponemos al termino de “grieta” que se usa en otros lugares para dirigirse a la ciudadanía, pero la realidad nos indica que los uruguayos están aglutinados en dos bandos políticos muy similares en cuanto a número de integrantes y es lo que nos habla de una radicación que no queremos admitir.
Borrón y cuenta nueva, se dice, pero por nuestra parte no admitiremos nunca esta máxima. Quien violo la ley, quien usurpó el poder debe responder por ello. Ni más ni menos.
Alberto Rodríguez Díaz
