La verdad es que hoy quería decir algo más sobre Salto Grande pero iba a escribir: “Para ir cerrando el tema…”, sin embargo me acordé que todavìa tenemos por delante la interpelación a los ministros el 3 de octubre en Cámara de Diputados, lo que seguramente, como se dice habitual y popularmente volverá a mover el avispero. Así que por ahora diremos que estamos apenas intentando empezar a dar vuelta la página, a sabiendas que todavía falta tela por cortar…
Y para ir tratando de pasar la página, nos parecía interesante mostrar una especie de “otra cara” de las cosas, siempre en referencia, por supuesto, a todo lo que ya es de público conocimiento en torno a la CTM de Salto Grande; las acusaciones de clientelismo político, mal manejo de los fondos y renuncia de su presidente.
Para ello, creemos oportuno transcribir una nota publicada hace tres días en el Correo de los Viernes. Después daremos nuestra opinión expresando en qué coincidimos y en qué no. La nota fue publicada sin firma pero, demás está decir que el Correo de los Viernes es un órgano de prensa del Partido Colorado (y de un sector del coloradismo además, muy comprometido con la coalición que hoy gobierna el país).
“De agencias de colocaciones e indignaciones selectivas” se titula la nota a la que hacemos referencia y es, textualmente, la siguiente:
“Los intendentes frentistas, Orsi, Cosse y Lima, han vuelto a romper los límites del descaro. Frente a la pública situación de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, los candidatos frentistas han puesto el grito en el cielo, cuestionando una serie de contrataciones directas realizadas por el ex presidente de esa Comisión, Carlos Albisu, que recientemente renunció a su cargo. Si no se tratara de las tres administraciones municipales con mayores grados de nepotismo, les creeríamos su indignación…
La situación que derivó en la renuncia del presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el nacionalista Carlos Albisu, es harto conocida: Albisu fue cuestionado por el aumento de la plantilla de la Comisión, que habría pasado de 235 funcionarios a 260. De los 36 nuevos ingresos, 27 se habrían realizado mediante el mecanismo de contratación directa, dispuesto por ley. El tema se laudó rápidamente y el gobierno volvió a demostrar que, a diferencia de sus adversarios de izquierda, está a la altura: Albisu renunció y se puso punto final al tema. Se acabó el tiempo de los dirigentes atornillados al cargo.
Increíblemente, los intendentes frentistas, hoy en carrera para las presidenciales de octubre de 2024, fueron especialmente críticos con la situación, dándole una dimensión exorbitante. Sin entrar en relativismos, se trata de 27 contrataciones directas que, al día de hoy, no han sido estudiadas en detalle para determinar si efectivamente son “cargos militantes” o existía una justificación de servicio para las mismas. Pero, en momentos en los que el titular pesa más que la verdad, el frentismo instala cómodamente el relato del “clientelismo“.
¿Y por casa cómo andamos?
“Entre las personas designadas se encuentran ex Concejales, así como también familiares directos de políticos, dejando en claro que el criterio seguido no es uno funcional al servicio de los intereses de la población, sino que obedece a un interés puramente político”. No se trata de una declaración de los funcionarios de Salto Grande sino del sindicato municipal de Canelones que desde hace años viene denunciando al Intendente frentista. De acuerdo a la información divulgada por El Observador en mayo del presente, desde 2022, el Intendente canario ha firmado 44 designaciones directas -el doble de las que hoy se alarman- para dirigentes y ex dirigentes que apoyan decididamente su candidatura a la presidencia de la República. Tan grosero es el asunto en el que está envuelto Orsi, que sus propios compañeros lo han criticado. En la misma crónica citada se sostiene: “…altos dirigentes de la cúpula del Partido Comunista han llegado a transmitir en reuniones políticas privadas que la administración de Orsi ha practicado el ‘clientelismo político’“.
Si de Canelones cruzamos a Montevideo la situación es tan conocida como grosera. La Ing. Cosse le ha dado trabajo -a costa del contribuyente- a todos los dirigentes frentistas desempleados que le han jurado lealtad. Desde el exsubsecretario de Economía en el último gobierno del Frente Amplio, Cr. Pablo Ferreri, que gana más de 150 mil como “coordinador de inversiones“; pasando por el reconocido periodista militante Gabriel Romano, contratado por un salario igual de oneroso por sus servicios como “asesor de comunicación“; hasta llegar a todos los custodias del ex Presidente Vázquez, que Cosse contrató “para cumplirle a Tabaré“.
Así llegamos a Salto, gobernado por el clan Lima, dirigido por Andrés, el Intendente, y su hermano Álvaro, el Diputado. Lima, que en su primer mandato en Salto, había contratado a su esposa como subdirectora de Recursos Humanos,tuvo que reconocer en marzo de este año que había contratado por designación directa a su cuñada, Lorena Fernández, porque, según explicó el desvergonzado jerarca frentista: “precisaba hacer una especie de puente mientras le salía otra oportunidad laboral“.
¿De verdad los intendentes presidenciables pretenden hacernos creer que tienen una preocupación genuina? Por favor, la gente no es tonta…”.
Pues bien, ahora digamos que:
1- Coincidimos plenamente que en estas tres intendencias hay clientelismo político y en algunos casos, exageradamente. Por eso entendemos que hasta chocante resulta, como dice el artículo, que quienes se indignan por algo, hacen lo mismo en sus propias administraciones departamentales en este caso).
2- No compartimos que con la renuncia del presidente “el tema se laudó rápidamente”. Para nosotros solo fue un intento por querer limpiar una situación que sigue siendo muy poco clara, por no decir directamente turbia.
3-No nos resulta de recibo decir que se actuó siempre bajo la ley, como se dice allí. Simplemente porque eso no es lo que está en discusión. Sabido es que este organismo internacional tiene casi que sus propias leyes y nadie duda que se haya actuado dentro de su marco. El problema es que no se explica, hasta ahora, si realmente había necesidad de contratar como funcionarios a tantos dirigentes políticos y con qué criterio se destinó plata algunas causas y se discriminó a otras.
4- Si bien estamos lejos de ser especialistas en temas jurídicos y aún resta por analizar la información que se desprenda de la interpelación en Diputados el mes que viene, no tenemos dudas que los actores políticos que ingresaron lo hicieron sin que ameritara su contratación para una función específica de la represa. Creemos que es clientelismo político puro sin vueltas.
En fin, el tiempo dirá cómo sigue esta novela.
