En la noche de ayer, se procedió a realizar una sesión extraordinaria de la Junta Departamental a los efectos de dar tratamiento a cuatro puntos que habían quedado pendientes en la sesión ordinaria anterior, a saber, planteamiento de los vecinos del barrio Víctor Lima por saneamiento en la totalidad de dicho barrio, planteo de trabajadores de la naranja sindicalizados en Citracor y Citracitra en cuanto a la extensión de su seguro por desempleo, elevar al Tribunal de Cuentas el convenio firmado recientemente por Antel y la intendencia de Salto con algunas preguntas adicionales y por último, ratificación en la solicitud del pedido de informes de la edila Cecilia Eguiluz (Lista 115, PC) referida a la versión taquigráfica de la Junta Departamental que apareció en forma Indebida en manos del intendente Ramón Fonticiella en su último llamado a sala, de acuerdo a lo expuesto por la mencionada edila.
TRES EN
CUATRO
Solo pudieron ser considerados y aprobados los tres primeros temas, siendo el referido al convenio entre Antel y la intendencia tratado con ausencia de la bancada de gobierno, permitiéndose a la oposición de todas formas y en aplicación de una norma del nuevo reglamento interno de la Junta, poder sesionar con una minoría especial.
La sorpresa la dio el edil oficialista Gustavo Grassi (“Movimiento Itú”) quien no solo se quedó en sala sino que además llegó a argumentar sobre la ilegalidad del convenio firmado entre el ente estatal y el gobierno departamental salteño.
EXPLICACIÓN
DE UNA AUSENCIA.
Luego de aprobarse por unanimidad los dos primeros puntos del orden del día, el referido a los vecinos del barrio Víctor Lima y el que tenía que ver con los trabajadores de la naranja, cuando se daba inicio al tercer punto que refería al pase al Tribunal de Cuentas del recientemente firmado convenio entre Antel y la intendencia a los efectos de cumplir con el proyecto “Salto: ciudad digital”, la bancada oficialista se retiró mayoritariamente de sala, quedando tan solo en la misma los ediles Gustavo Grassi y José Luis Pereira (Partido Socialista, FA), presidiendo la sesión en su carácter de presidente de la Junta.
El coordinador de la bancada oficialista, edil Daniel Cattani (MPP, FA), explicó para EL PUEBLO las razones del retiro mayoritario de la bancada del Frente Amplio. “No compartimos cómo se manejó este tema. Cuando se estuvo conversando la posibilidad de convocar a esta sesión extraordinaria, nosotros planteamos que fueran todos los temas que habían quedado pendientes de la sesión ordinaria anterior, que uno de ellos incluía el tema de la placa sobre los desaparecidos en el tema enfocado hacia los derechos humanos. En ese sentido se nos transmitió por parte de los coordinadores de bancada que no estaban de acuerdo con tocar el tema de los derechos humanos, nosotros entendimos que no correspondía porque es una cuestión de principios para nosotros”, por lo que se retiraron de sala según Cattani.
ILEGALIDAD
PARA GRASSI
Luego de la exposición de varios ediles de la oposición que fundamentaron la necesidad de elevar al Tribunal de Cuentas el convenio en cuestión, el edil oficialista Gustavo Grassi dio su punto de vista técnico sobre el asunto.
“Casi no tengo dudas –comenzó- que el Tribunal de Cuentas va a observar este convenio. Eso no pasa, por lo menos en lo que a mí respecta, ni con el contenido en si del convenio, ni si es bueno o malo, si puede o no tener incidencia en la ciudadanía porque le va a facilitar los trámites”.
“No quería dejar pasar esta oportunidad –continuó- porque si algo he tratado de hacer en esta Junta Departamental, que es lo que pienso como principio de mi actividad política, que más allá que muchas veces hay cuestiones que parece que deben primar, como lo político y no lo legal, he sido y sigo siendo un defensor de la legalidad”.
“El tema es tan sencillo –aseguró- que basta remitirse al Tocaf. El artículo 33 del Tocaf establece expresamente cuándo corresponde y cuándo no corresponde la licitación pública. Y este mismo artículo… en el (literal) A, que fue agregado por la Ley Nº 16.736… establece algunas excepciones en cuanto a la licitación pública… (que es) cuando un organismo del Estado contrata con otro organismo del Estado… pero el artículo 738 de la Ley Nº 16.736 establece que esa excepción a la licitación pública… dice expresamente en el literal A, que las contrataciones referidas (en el mismo), no podrán incluir la participación directa o indirecta de empresas privadas”, concluyó.
Recordemos que dicho convenio será ejecutado por la empresa privada Geocom. Luego de aprobarse el pase a estudio del tema al Tribunal de Cuentas, se levantó la sesión.
