Por estos días continúan saliendo a luz informes en distintos medios periodísticos a nivel local y nacional, relacionados con denuncias de acomodos e irregularidades tanto en CTM como en el gobierno departamental. Sobre este nefasto asunto, nos parece pertinente y necesario poner la lupa sobre dos aspectos que en mayor o menor medida tienen vinculación con estos hechos de corrupción pero que sobre todas las cosas, impactan de manera negativa en la cultura ciudadana y en la sensación de los salteños hacia la actividad política.

En primer lugar, resulta preocupante el nivel de pasividad y timidez con el cual -en líneas generales- la dirigencia política local se ha manifestado sobre las irregularidades que han sido de público conocimiento incluso trascendiendo a nivel del Parlamento uruguayo. O lo que es peor, hemos sido testigos de confrontaciones entre dirigentes políticos de una u otra fila partidaria, que se han limitado a cruzarse acusaciones sin siquiera asumir la responsabilidad en sus actos poco éticos y que podrían llegar a considerarse delictivos.

Con un contexto donde la macroeconomía del país está en crecimiento, Uruguay es más rico pero Salto está peor.

Estamos en un departamento que suma a sus problemas estructurales asociados al crecimiento económico una caída abrupta del sector terciario, especialmente comercio y turismo y una fuga de dineros por efecto de la situación cambiaria argentina.

Lamentablemente, siguen sin atenderse los problemas de fondo ni los de la coyuntura.

Esto es claramente visible en que desde hace mucho tiempo es uno de los departamentos con mayor desocupación del país, pero también con peor calidad del empleo, por la alta informalidad existente, por los montos de los salarios, por la alta rotación, pero también porque gran parte de la oferta de trabajo está asociada a tareas que emplean mano de obra poco calificada.

Que en este contexto, un círculo de dirigentes políticos, se reparten entre ellos los beneficios de trabajar en el Estado o en Organismos Internacionales contrariando todas las normas éticas existentes, es por lo menos inmoral.

Es éticamente condenable para tener posibilidades de acceder a un trabajo hay que militar en tal o cual agrupación.

La oferta laboral debe ser abierta para todos los ciudadanos, porque como dice el art. 8 de la Constitución de la República “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.

No vale decir que la ley no obliga a hacer un llamado abierto, la ley tampoco lo prohíbe, es un mandato ético, también debería ser un mandato legal.

No es justo que sólo los correligionarios o compañeros puedan acceder a trabajos de calidad y bien pagos. No es justo que un departamento con desempleo y el comercio en quiebra, haya gente viviendo en la pobreza o sobreviviendo en el día a día, mientras dirigentes políticos y militantes ni sin siquiera rinden cuenta de los resultados que su trabajo genera.

Con estas prácticas, muchas personas preparadas técnica o profesionalmente quedan marginadas de muchas oportunidades laborales y migran en busca de mejores horizontes. De vuelta pierde Salto porque se van los mejores.

Lamentablemente estos tipos de clientelismo, que parecería no ocurre solo con el ingreso a algunos cargos del Estado y estaría mucho más generalizado, no hacen más que llevar a la gente a la época feudal en la que se debían a un Amo y Señor.

Es absolutamente contrario al ejercicio de las libertades humanas y los derechos y obligaciones que la misma tiene implícito y que son garantizados por la Constitución de la República.

Por otro lado, porque este tipo de actitudes terminan desanimando al más optimista y cuando se abona con “el son todos iguales”, ganan la resignación y la desesperanza e inevitablemente a la corta o a lo largo se naturaliza estas prácticas corruptas.

No se puede generalizar, pero lamentablemente no surge desde muchos actores políticos una autocrítica clara asumiendo la responsabilidad por estas acciones ni tampoco un llamado a cortar con estas prácticas. Las respuestas que han dado la mayoría de los dirigentes políticos locales ha sido la de desaparecer temporalmente de la vida pública o directamente responsabilizar a otros y acusar a los demás de ser peores.

Parecería que está costando asumir que lo que están haciendo no es otra cosa que servirse del Estado, del mismo Estado que muchas veces critican duramente.

Estamos convencidos que nuestra sociedad no avala estos hechos, que la corrupción no se está haciendo moneda corriente, que los salteños están mirando atentamente cómo se comportan y llegado el momento pasaran factura.

Porque no somos todos iguales nos gustaría que estos temas se discutieran en profundidad, porque repercuten en toda la sociedad y terminan perjudicando siempre a los sectores más postergados, aquellos que Artigas definía como “los más infelices” que mandaba fueran los más privilegiados.

Como en su momento lo hizo Seregni, convocamos a “la unión de todos los orientales honestos”, es la única forma de enfrentar la corrupción.