Uruguay se ha caracterizado a lo largo de su historia por haber tenido una clase
dirigente del sistema político que elevó los principios de honestidad, probidad y
rectitud, constituyendo un reservorio ético orgullo de todos los uruguayos.
Los ejemplos se evidencian en todos los Partidos políticos.
Ética y honestidad como valores fundamentales que jamás sirvieron para
aprovecharse del Estado y del Poder. En algunos casos, empobreciéndose en el
Poder. Saravia, puso los títulos de sus tierras a disposición de la revolución en 1904.
Herrera dejó raquítica la fortuna de su esposa. Wilson pasó severas penurias
económicas en el exilio. Tomás Berreta, Cigluti, Domingo Arena, Flores Mora, fueron
ejemplos de la probidad pública. Tabaré renunció a los subsidios cuando dejó la
intendencia de Montevideo y Pepe donó gran parte de su sueldo. De los Santos dejó
gran parte de sus salarios como Intendente para que se construyera la Universidad en
Maldonado. Con esto debemos afirmar que no son todos los políticos iguales.
Por eso, cuando aparecen personas que usan al Estado para solventar el costo de su
coordinador de campaña, que se valen de los recursos públicos para acomodar
groseramente a sus correligionarios y que utilizan los dineros públicos para que sus
allegados acrecienten su riqueza, la condena debe ser contundente, con
pronunciamientos y señales categóricas, sin ambages, ni doble discursos. Y siendo
firmes y contundentes también con quienes renuncian al Partido cuando el agua llega
al cuello, pero pasado el sofocón vuelven olímpicamente al mismo, para volver a
ocupar cargos públicos. Seguramente hay otros ejemplos, pero por las características
que tuvo, no puede pasar lo de Moreira, acusado de cambiar cargos por favores
sexuales, que renunció a su partido para evitar que lo expulsen y pasado un tiempito
volvió olímpicamente sin ninguna sanción a ser candidatos de su partido.
Es evidente que el Partido Nacional no ha emitido señales claras. El Presidente
Lacalle Pou se llamó a silencio, dijo que no era momento de hablar. El candidato
Delgado dijo que tenía sentimientos encontrados. Ninguno de ellos repudió los hechos
con la energía que la gravedad de los mismos requieren. No hubo una condena y un
rechazo contundente.
Si el sistema político no grita fuerte, las señales por desterrar éste tipo de cosas son
muy débiles y minimiza la gravedad de las inconductas de quienes están en el poder.
Todos los ciudadanos están mirando el accionar de los políticos en el plano de la
honestidad y de la ética. El ejemplo que están dando no es para nada alentador y no
puede llevar a pensar que vale cualquier cosa, porque total, después no pasa nada. Es
necesario predicar con el ejemplo. La propia Biblia lo marca como la principal vía de
enseñanza.
Tenemos el deber de preservar la ética y probidad de esa dirigencia política de la que
nos hemos vanagloriado como uruguayos y como sociedad. Para ello es necesario
emitir una señal fuerte y evitar por la vía democrática que los corruptos ocupen
responsabilidades públicas.
Además de la sanción penal, el castigo político es fundamental, porque es la señal de
la sociedad que no quiere esa clase de dirigentes. El sistema de penas por cierto debe
ser justo y equilibrado; no es posible que cuando se violenta la propiedad individual se
apliquen penas muy severas y con reclusión, pero cuando se violenta la propiedad
colectiva, entonces lo arreglamos con algunos días de trabajo comunitario, sin aplicar
siquiera la prisión domiciliaria.
Hay un marcado desequilibrio en el sistema penal, que castiga a los pobres, a los
jóvenes y a los ignorantes, pero poco lo hace con los poderosos. La LUC de este
gobierno lo agravó. Las penas recaídas en los delitos cometidos por Pablo Caram y
Valentina Dos Santos son un claro ejemplo de ello.
Como plantea Bergara, es necesario revisar el mapa de penas, no el sentido
punitivista de aumentar las penas, sino dosificar las mismas para que estas sean más
justas y equilibradas a la gravedad de los hechos y los intereses a proteger. Lo que los
penalistas llaman la “dosimetría penal”, en donde además se ataque el fondo del
problema que es el financiamiento de la actividad política.
Mientras tanto, podremos avanzar en algunas cuestiones, como la obligatoriedad del
ingreso a las Intendencias por sorteo o concurso, que son imprescindibles per
insuficientes para ir al fondo de los mismos.
Será un gran desafío para la próxima legislatura, pero para ello será necesario
construir una mayoría suficiente y contar con el Poder Ejecutivo encabezado por
Yamandú Orsi.
Los seregnistas de Salto estamos comprometidos con esta causa y lo invitamos a ser
parte.
