Bajo el lema «La LUC no es Uruguay», ayer domingo se lanzó la campaña por el SI para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en todo el país.
El ex presidente de la República José Mujica se hizo presente junto con Lucía Topolansky, y manifestó que «no hay que calentarse y hacer un drama porque se trata de un puñado de artículos de una ley de compleja».
Además, manifestó cuáles de los 135 artículos en cuestión considera más importantes de modificar. «No me gusta la cuestión de los combustibles y la cuestión de los alquileres, hay más de 70 mil inquilinos que no tienen garantía hoy», agregó.
Asimismo, Mujica habló sobre el argumento de la baja de delitos desde la implementación de la LUC. «En el mundo entero los delitos bajaron con la pandemia, y no lo digo yo lo dice un estudio internacional y acá lo dice un estudio de varios técnicos de la Universidad Católica» y aseguró que «no es tan mágica la cosa».
El acto comenzó sobre las 16:00 horas en el Velódromo Municipal y contó con la participación de la murga Metele Que Son Pasteles, Curtidores de Hongos, presentación del jingle, la lectura del manifiesto y la proclama y cerrará el evento Pa’ntrar en Calor.
Contra «un objetivo
desestatizador», se
lanzó campaña por el
Sí en oposición a la LUC
En la proclama del acto de lanzamiento se informó que la Corte Electoral lleva validadas 474.117 firmas de 515.299 controladas.
La Comisión Nacional por el Sí, que tiene como objetivo la anulación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración a través de un referéndum, lanzó este domingo en el Velódromo oficialmente la campaña bajo el lema «la LUC no es Uruguay».
En la proclama del acto se destacó que hasta el momento en el reporte oficial de la Corte Electoral en el proceso de verificación de las casi 800 mil firmas se llevan controladas 515.299, de las cuales se han validado 474.117.
En esta línea, se señaló que con menos del 8% de las firmas invalidadas, se estaría superando con holgura las 671.544 firmas válidas necesarias para habilitar el referéndum.
Se apuntó que la «LUC va en contra de normas e instituciones, conquistas democráticas y sociales, forjadas por nuestros abuelos y abuelas, que han sido fundamentales para que en nuestro país se implementarán políticas públicas que contribuyeron a la afirmación de la democracia y las libertades, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la protección de los sectores más vulnerados».
«Los 135 artículos de la LUC representan una reforma estructural de la economía y la sociedad uruguaya que define un modelo de desarrollo basado en la concentración de las decisiones y la riqueza en pocas manos, la rebaja salarial, el recorte del gasto y la inversión pública, la reducción del rol del estado. Porque como complemento conveniente a este modelo, la LUC intenta dotar a las autoridades de un marco legal que les permita reprimir la protesta social», fueron algunos de los argumentos esgrimidos en la proclama.
Y agrega: «Las normas contenidas en los 135 artículos de la LUC que proponemos anular son funcionales a la violencia, la falta de garantías, la reproducción del delito y el uso abusivo de la fuerza. Lejos de resolver los problemas de seguridad pública, convivencia y violencia que tiene la sociedad uruguaya, creemos que a mediano y largo plazo terminarán agravándolos».
Se menciona que las normas contenidas en los 135 artículos tienen un claro «objetivo desestatizador», disminuyendo «la presencia del Estado en la vida económica y social, dejando que sea el mercado, o sea, la sola interacción de los intereses particulares, los que la determinen».
En esta línea, se plantea que «los 135 artículos de la LUC representan una reforma estructural de la economía y la sociedad uruguaya que define un modelo de desarrollo basado en la concentración de las decisiones y la riqueza en pocas manos, la rebaja salarial, el recorte del gasto y la inversión pública, la reducción del rol del Estado».
«Eso se expresa por ejemplo con la aprobación de una nueva regla fiscal. En plena pandemia cuando más urgía que el Estado destinara recursos a atender las diversas necesidades de la población, se establece una nueva regla fiscal que limita la acción y la inversión del Estado, cuyo impacto ya se ha hecho sentir en toda la sociedad uruguaya. Mientras se recorta en más de US$ 300 millones el gasto público en el año 2020 (en plena pandemia), cae el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y pensiones, se incrementa el desempleo y la pobreza, y hay menos recursos para salud, vivienda, educación y otras áreas esenciales del Estado», advierte la proclama.
Y añade, entre otros temas, que «las normas contenidas en los 135 artículos de la LUC que proponemos anular tienen un claro contenido concentrador, tanto en términos políticos como económicos, ese contenido se expresa por ejemplo en las modificaciones a las normas sobre la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado».
