En los últimos 2 años 800 mil personas accedieron a su cuenta bancaria y los pagos por celular se incrementaron en un 500%
Hace unos días atrás fui a pagar con mi tarjeta de débito un refresco de 600 cc en un comercio céntrico y la funcionaria no aceptó el pago con la tarjeta porque el gasto mínimo para usar ese medio de pago es de $ 100. Como no tenía dinero en efectivo y quería ese refresco tuve que comprar otro producto para llegar al monto exigido. Algo similar me pasó en otro comercio, también céntrico, cuando fui a cambiar una cartera que me habían regalado para mi cumpleaños. No me aceptaron la tarjeta de débito para pagar la diferencia en el cambio de la mercadería y tuve que recorrer varios cajeros hasta encontrar uno que no estuviera fuera de servicio y me permitiera sacar el saldo que tenía en mi cuenta, que no llegaba a mil pesos, para poder pagar los $ 300 por la cartera, porque algunos cajeros advertían que no dispensaban menos de $ 2.000. Así que después de varias recorridas volví al comercio con el dinero en efectivo y pude concretar la compra”.
Esta situación, le pasó a un periodista de este medio de comunicación y ese malestar por un sistema que se dice activo pero que no se aplica en su totalidad ni ofrece todos los beneficios que el usuario requiere llevó a investigar sobre el estado en el que se encuentra el Sistema de Inclusión Financiera en nuestro medio, sobre todo, teniendo en cuenta que si se presentan dificultades en pleno centro de la ciudad mucho mayores han de ser en el medio rural.
Recientemente, la edición 2018 del Microscopio Global de inclusión financiera, elaborado por unidad de inteligencia de la revista británica The Economist, colocó a Uruguay en tercer lugar, luego de Colombia y Perú entre 55 países, en avances para la inclusión financiera.
El estudio destaca cómo la inclusión financiera de Uruguay se ha visto fortalecida por la Ley de inclusión financiera de 2014 (Ley 19.210), una ley que ha promovido la utilización de los medio de pago electrónicos, la simplificación de las cuentas bancarias y el fortalecimiento de sistemas de pago interoperables. Sin embargo, todavía se presentan algunos problemas para los usuarios del sistema, como por ejemplo el número de cajeros automáticos, las restricciones en el horario para retirar dinero a través de dichos cajeros, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos comercios que aún no se incorporaron al Sistema de Inclusión Financiera y las dificultades para el uso del medio electrónico en el medio rural.
800 MIL PERSONAS ACCEDIERON A UNA CUENTA BANCARIA
La Ley de Inclusión Financiera es una iniciativa gubernamental que tiene como objetivo regular los medios de pago electrónicos permitiendo el acceso a servicios bancarios a toda la población y, en consecuencia, formalizar la economía. Esta ley implica la implementación de la reducción de IVA a consumidores finales en compras de bienes y servicios cancelados con tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico, instrumentos análogos y tarjetas de crédito desde el 01/08/2014. Incluye además, el pago de sueldos, honorarios, pasividades, beneficios sociales y otras prestaciones, a través de una cuenta bancaria o de dinero electrónico a partir del 01/10/2015, con la particularidad de que el trabajador tendrá derecho a elegir libremente el banco o la institución a través de la cual quiere percibir sus remuneraciones. En los últimos dos años más de 800 mil personas accedieron a una cuenta bancaria o IDE de forma gratuita. En ese contexto se incrementó la cantidad de tarjetas de crédito, pero fundamentalmente las de débito y también crecieron las tarjetas de dinero electrónico.
LOS PAGOS MÓVILES (POR CELULAR) AUMENTARON EN UN 500%
Los pagos por internet aumentaron en más del 150% en tres años, pasando de 3.063.832 en el primer semestre del año 2016 a 7.670.977 en el primer semestre de este año, según los datos contenidos en el Reporte del Sistema de Pagos Minoristas del Banco Central y que fueron brindados por AEBU (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay) a EL PUEBLO.
Asimismo, los pagos a través de las redes de cobranza aumentaron en el orden del 27 %, pasando de ser alrededor de 60.000.000 en el primer semestre de 2005 a casi 80.000.000 en el primer semestre de este año. Mientras que los pagos móviles fueron los que obtuvieron un mayor incremento, del orden del 500 %, pasando de casi 300.000 en el primer semestre de 2014 a más de 1.500.000 en el primer semestre de este año.
EL INFORME
En el presente informe, se realiza una puesta a punto de la implementación de la ley de inclusión financiera en el país a la vez que se informa sobre una propuesta para llevar a plebiscito la posibilidad de incorporar a la Constitución un artículo que establezca la eliminación de la obligatoriedad de la bancarización, de forma tal que sea una opción y no una obligación; entre otros entrevistados.
Mariela Soto – Escribana y docente universitaria
“Mientras al Escribano se le exigen controles, al país ingresan montos millonarios que nada tienen que ver con lo que un cliente paga en una escritura”
La Escribana y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Mariela Soto, se refirió al proceso de adaptación que los notarios vienen llevando adelante desde la implementación de la Ley de Intermediación Financiera, y los cambios que han tenido que enfrentar en el ejercicio de la profesión.
La implementación de la Ley de Intermediación Financiera, ¿ha modificado el ejercicio del notariado?
Por supuesto que sí. La Ley 19.210, como todo cambio, al principio, nos está a todos, costando adaptarnos. 
Básicamente porque, como ley, con su contenido, para una sociedad moderna y avanzada, es fantástica; el tema es que, consideramos los Escribanos, que en Uruguay, no tenemos la infraestructura adecuada para que esa ley esté en funcionamiento y sea viable y beneficiosa.
¿Por qué digo esto? Hay que tener en cuenta que, nosotros, la tenemos que relacionar permanentemente con la Ley de Transparencia, ya que para la profesión funcionan las dos de forma combinada.
Entonces; tenemos que justificar, en cada actuación en la que intervenimos, no sólo cómo se pagan los precios, sino, de dónde el cliente obtiene el dinero que utiliza para hacer esos pagos.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la Ley de Transparencia; la Ley de Intermediación Financiera nos favorece; porque, si todos los pagos se tienen que hacer a través de una transferencia bancaria, de una letra de cambio expedida al nombre del comprador o un cheque cruzado no a la orden o certificado no a la orden, a nosotros nos sería más fácil controlar la transparencia porque ya lo habría controlado el banco al ingresar el cliente el dinero. El tema es que, los clientes, nuestros, no todos tienen cuentas bancarias, no todos están en condiciones de abrir cuentas bancarias, ni en todos los lugares donde celebramos negocios, es fácil abrir una. Desde ese punto de vista, se nos ha complicado bastante el ejercicio de la profesión.
La Ley establece severos controles a la hora de realizar determinados negocios, siendo el Escribano el encargado de verificarlos, ¿es así?
Eso es realmente lamentable. Fíjese lo que es pedirle a un cliente al cual se lo conoce desde hace años, que le traiga sus estados de cuenta bancarios, no de ahora, sino desde que empezó a obtener el dinero, no es nada agradable. Hay una clausula en la Ley de Transparencia que nos controla a los Escribanos, en la que nos obliga a controlar que, si alguien compra un inmueble, que vale 100 mil dólares, no puede justificar ese monto, argumentando que gana 15 mil dólares por mes con recibos de sueldo; por qué, bueno, porque sostienen qué, el hecho de que se tenga capacidad de ahorro por un buen ingreso, no implica que se haya podido juntar esos 100 mil dólares. Entonces, esa persona tiene que demostrar cómo llegó a juntarlos.
A ver, si se vendió un inmueble para comprar ese otro; es muy fácil, se presente la copia de la escritura en la que vendió, y listo. Pero, si compra el inmueble porque durante años ahorró, el Escribano tiene que pedirle, invadiendo totalmente la privacidad del cliente, que muestre los estados de cuenta bancarios de hace cinco años atrás, a hoy; para justificar el cómo pudo ahorrar. Eso no nos corresponde a los Escribanos hacerlo, porque, además, no tenemos los pedios para hacerlo.
La ley tiende a la transparencia; pero, mientras al Escribano se le exigen controles, al país ingresan montos millonarios que nada tienen que ver con lo que un cliente paga en una escritura.
¿Y esas personas, mayores por lo general, que tiene como hábito el ahorrar en su casa y nunca han utilizado un banco?
No tiene modo de justificarlo. No puede comprar. Para que esa persona pueda comprar un inmueble, por ejemplo, habría que buscarle la forma para que ese dinero se bancarise y así pueda adquirir, si no, no puede.
Los Escribanos estamos prohibidos por ley, el admitir que por cualquier negocio que otorguen nuestros clientes, el pago se haga de un modo diferente al establecido en la Ley 19.210. Si lo hacemos, la escritura es nula, y, las sanciones para el profesional que interviene, es el pago de una multa equivalente al 25% del monto que se paga de un modo diferente al previsto en la ley.
O sea que, siguiendo el ejemplo del inmueble, si cuesta 100 mil dólares, el Escribano tendría que pagar una multa de 25 mil dólares de su bolsillo.
Pero además, no podemos olvidarnos que hay lugares en el país, donde la bancarización es mínima.
Iniciaron campaña contra la bancarización obligatoria por ser violatoria de los derechos y buscan llevarla a plebiscito
Esta ley es del 2014, gobierno de José Mujica, votada exclusivamente por el Frente Amplio, que fue el que la presentó, la votó y la sacó adelante. Nosotros estamos totalmente en contra de la obligatoriedad a bancarizarnos, es anticontitucional, viola nuestros derechos y nuestras libertades”, comenzó diciendo a EL PUEBLO, Nicolás Alvarez, uno de los impulsores de la campaña contra la bancarización obligatoria.
Alvarez, es comerciante, reside en Montevideo y si bien se declara batllista no se manifiesta como militante de 
ninguna fuerza política en el momento. Aseguró que esta campaña no está respaldada por ningún partido político y se inicia con la finalidad de eliminar la obligatoriedad de la bancarización. De esta forma, hay cientos de voluntarios en todo el país que recogen firmas para alcanzar la iniciativa de un plebiscito para que la ciudadanía sea la que finalmente decida sobre el tema.
“Nosotros no estamos proponiendo la caída de la banca ni nada que se le parezca, nuestra única discrepancia es con la obligatoriedad. Queremos que vuelva a lo que fue siempre, el que quiere se bancariza completamente, parcialmente y que no quiere no se bancariza y vive al margen de los bancos”, puntualizó Alvarez. “No existe en ningún país del mundo una ley como esta de bancarización obligatoria”, agregó.
BUSCAN REFORMAR LA CONSTITUCIÓN
“Para tirar abajo esta ley se podría haber hecho un referéndum pero teníamos solo un año luego de promulgada y pasado ese plazo lo único que nos queda es un plebiscito, una reforma de la Constitución, para colocar allí: que está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Además, con nuestro texto cerramos toda posibilidad de los bancos de demandar al Estado cuando se les caiga este fabuloso negocio.
NO ES LA CAMPAÑA DE UN PARTIDO POLÍTICO
Alvarez, destacó que en esta campaña no hay ningún partido político sino gente de todos los sectores que luchan por sus derechos y libertades. En este momento hay casi 500 voluntarios en todo el país que se ofrecieron para recoger firmas para llegar a un plebiscito e informó que cualquier persona puede ser voluntario para ello e incluso imprimir su papeleta y enviarla a Montevideo.
SE PUEDE IMPRIMIR LA PAPELETA Y ENVIARLA DIRECTAMENTE A MONTEVIDEO
Para firmar contra la Bancarización Obligatoria, se debe firmar igual a como está la firma en la Credencial Cívica actual, sino, no sirve. Los interesados pueden acudir a cualquiera de los voluntarios que integran esta campaña en todo país o pueden imprimir la papeleta para firmar directamente de la siguiente página web http://www. noalabancarizacionobligatoria. com
En este caso, deber imprimirse en buena calidad y llenarse con lapicera azul y letra clara. Luego, deben enviarla a Montevideo a la siguiente dirección: Estudio del Dr. Gustavo Salle. Ciudadela 1258 apt. 301, o puede entregarle sus papeletas a cualquiera de voluntarios que integran la campaña en cada departamento.
Los que quieran ser voluntarios, por favor, contáctense con Nicolás Álvarez Moya, a quien pueden contactar a través de las redes sociales.
NECESITAN 260 MIL FIRMAS ANTES DE ABRIL DE 2019
El tiempo habilitado para presentar las firmas vence en abril de 2019. “Esto quiere decir que en marzo ya tenemos que tener 260 mil firmas válidas para presentar a la Corte Electoral. Hoy no llegamos a 70 mil pero somos muy optimistas en que en este tiempo que nos queda se van a conseguir las firmas”, aseguró Alvarez.
En el caso de que se obtengan las firmas necesarias se irá a Plebiscito en las próximas elecciones nacionales, en octubre de 2019. “Cuando se vaya a elegir al Presidente la gente podrá poner dentro del sobre esta papeleta por el no a la bancarización obligatoria”, explicó el impulsor de la campaña.
En dicha oportunidad se requiere la mitad más uno de adherentes para haberse logrado el objetivo final.
LA BANCARIZACIÓN OBLIGATORIA GENERA INFLASIÓN
Alvarez se quejó también de que el banco esté ganando con cada movimiento de dinero que se realiza e incluso si no se hacen movimientos porque “si no movés el dinero igual te cobramos, si vas a buscar un papelito impreso para saber tu saldo y hay bancos que te cobran 50 o 60 pesos solo para ver tu saldo y eso es totalmente absurdo. Eso del descuento del IVA que te dan por el uso de la tarjeta es como darnos espejitos de colores porque la bancarización obligatoria es inflacionaria, los comerciantes aumentan sus precios para poder hacer frente a los costos de la bancarización. Esto no es gratis, además del daño que se hace a los pequeños comerciantes porque con esto se favorece a las grandes superficies, muchas veces extranjeras”, concluyó Alvarez.
Alejandro Díaz – Tesorero Centro Comercial e Industrial de Salto
“La inclusión financiera, ya no tiene marcha atrás. Es algo que vino para quedarse”
EL PUEBLO dialogó con el Tesorero del Centro Comercial e Industrial de Salto, Alejandro Díaz, quien realizó un somero análisis del avance que ha tenido en estos meses la implementación de la Ley de Intermediación Financiera en el ámbito comercial, y cómo se han adaptado al cambio, por ejemplo, del pasar del uso del dinero, al de la tarjeta de débito.
¿Cómo ha venido siendo la adaptación del comerciante salteño a las exigencias de la Ley de Intermediación Financiera?
Para el Centro Comercial, y para todos los rubros, el tema de la inclusión financiera, ya no tiene marcha atrás. Es algo que vino para quedarse y que se utiliza en casi todos los países; Uruguay, no cambiará esa tendencia mundial.
El tema es que la implementación del nuevo sistema, en Uruguay no se hizo en los plazos que, de repente, se hizo en otros lugares. Se quiso implementar de menare rápida, y, en realidad, la gente no estaba preparada para un cambio tan rápido en el sistema; por más que se tengan los descuentos en la devolución del IVA, en el manejo con la tarjeta de débito; la gente no lo entiende. ¿Y por qué no lo entiende? Porque en el Uruguay, la gente está acostumbrada al manejo del efectivo.
Qué pasa, más que nada para personas mayores; es que el manejo del dinero, lo tienen físicamente, tangiblemente, lo que no le sucede con la tarjeta. Inclusive, con el dinero llegan a tener un mayor control del gasto, lo cual, con la tarjeta, implica un cuidado muchísimo mayor, y eso, lleva luego a gastos mayores y sus consecuencias. Ahí, la persona pierde la perceptibilidad del dinero, de alguna manera.
Por lo tanto, desde nuestra percepción, el que la gente esté reacia, podría, en cierta forma, venir por ese lado. Pero, en definitiva, el nuevo sistema, no es malo. No andar con dinero en el bolsillo, hoy, muchas veces es hasta saludable, se transforma en una cuestión de seguridad.
¿Existe diferencia entre los comercios barriales y los del centro y del ámbito turístico?
Siempre existe la postura de algún comerciante que se siente reacio al querer aggiornarse. Sucede que, hay momentos en los que si no aceptamos los cambios, terminamos quedándonos fuera del sistema. Hay gente que se resiste absolutamente al cambio. Pero, más tarde o más temprano, se tendrá que aceptar. Por supuesto que nada es gratis y que ese aggiornarse, tiene sus costos, los que debe asumir el propio comerciante; pero, bueno, es así. Si el comerciante no apuesta a eso, termina perdiendo más; porque, la gente que ya se acostumbró al uso del plástico, va a ir donde pueda usarlo. Esa es una realidad; no queda mucho margen para las personas que se resisten.
¿Qué beneficios ha obtenido el comerciante mediante la implementación de la nueva norma?
Hoy por hoy, beneficios le quedan a las monotributos, que no tienen costos en el uso del post, por ejemplo. Luego, todas las empresas, tienen un costo agregado a su rutina diaria, más el costo que tiene el arancel de la tarjeta (que también ha ido bajando), que hoy está en el entorno del 1,80, estando anteriormente, en más de un 3%, bajando a un 2,23 , para llegar a como está hoy. Hubo un compromiso de ir bajando el costo, y se llegó a menos de 2%, con el objetivo de que se vaya masificando el uso del débito.
El Centro Comercial cuenta con un post que se llama Transac, en el cual se pueden pasar todas las tarjetas en un mismo post. Como se sabrá, hay otras dos empresas que manejan dichos aparatos, en las cuales, se pueden pasar algunas tarjetas, solamente. Por eso, con una visión más global, la institución hizo un convenio con dicha empresa, por medio del cual, los socios de la misma, tienen precios preferenciales, lo cual, es una muy buena herramienta y que redundará en el gasto mensual del empresario, quien, en vez de pagar por dos post, pagará por uno.
Gonzalo Pérez – Intregrante del Consejo Central de AEBU
“Es fundamental educar a la población en el uso eficiente de este mecanismo a fin de empoderarse del mismo”
Gonzalo Pérez – integrante del Consejo Central de AEBU hizo su lectura frente a funcionamiento de la Ley de Inclusión Financiera en estos dos años. “Cómo sindicato hace muchos años atrás que levantamos una propuesta del tema de bancalización a nivel nacional. De alguna manera fue tomada en el proyecto de ley que elaboró el Poder Ejecutivo más abarcativo que se denomina Ley Inclusión Financiera. Ésta no solamente abarca los bancos sino también las cooperativas de ahorro y crédito, también a los propios comercios integrándolos a un sistema de pagos que incorpora a la tarjeta de débito con un gran desarrollo en muy poco tiempo.
Desde el sindicato se dieron ciertas definiciones que fueron en concordancia con las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo a partir de la ley.
No obstante – de acuerdo a expresiones de Gonzalo Pérez – existieron algunos temas que se levantaron como críticas que inclusive fueron llevadas al Parlamento relativas a la baja de los aranceles que se les cobra a los comercios por integrarse al sistema a través de la tarjeta de débito junto a los dispositivos con los cuales se paga.
Otra crítica que fue tomada hace muy poco tiempo tiene que ver con aquellos lugares en donde el desarrollo el sistema financiero no ha alcanzado y de alguna manera los lugares del interior más profundo quedan rezagados en lo que respecta a la obligación de que se pague a través del sistema electrónico.
De hecho el Poder Ejecutivo tomó esa crítica para esos lugares donde aún no existe esa posibilidad de tener a merced un Abitab o Redpagos o cualquier otra dependencia de pagos.
“Por lo tanto en el sindicato se entiende que esta ley ayuda muchísimo a transparentar todos los movimientos económicos que se dan dentro del país y de alguna manera también ayuda a que el lavado de dinero sea un mecanismo perseguido en la medida de que todas las operaciones que se hagan de compra venta se hagan dentro del sistema financiero”.
Antes de la ley cuando se trabajaba en una empresa quien decidía en cuál banco cobrábamos era el dueño de la misma.
Un cambio que propuso esta ley es que quien decide en cual banco va a cobrar es el trabajador.
Lo que anteriormente sucedía era que los dueños de una empresa que negociaban con un banco el cobro de toda la plantilla del personal, se le brindaba algún tipo de facilidades crediticias a las empresas y no a los trabajadores.
A partir de la creación de la ley y del propio trabajador que es quien define dónde cobra los beneficios que tienen que ver con los préstamos personales, se les otorga a los trabajadores.
Otro tema que no solamente ayuda a la formalización de la economía y de alguna manera aporta a la seguridad es el pago a través de las tarjetas de débito donde a partir de la ley hay un beneficio adicional que es el 4% del impuesto del IVA en la compras que se realicen con la tarjeta de débito; esta realidad ha provocado el explosivo desarrollo de la tarjeta de débito que en los últimos dos años ha crecido en un ciento cincuenta por ciento, un crecimiento exponencial en diferencia con las tarjetas de crédito que crecieron en un 25%.
Se está viendo fundamentalmente en aquellos lugares más desarrollados que la población está haciendo uso de este mecanismo de pago que genera un ahorro del IVA.
“Desde el sindicato aquella crítica que teníamos inicialmente han sido tomadas y otro punto que generaba críticas es que todo el mundo estaba obligado a cobrar en el banco; además se les cobraba una comisión por ir a cobrar físicamente en una dependencia y no en el cajero automático.
Hace poco tiempo se aprobó dentro de la nueva ley que se puede cobrar todo el sueldo a través de un banco sin pagar ningún tipo de comisión.
Son aspectos que inicialmente no estaban solucionados y han sido modificados.
Dentro de los ajustes que es necesario realizar – Gonzalo Pérez apunta a continuar el proceso de rebaja de los aranceles, que es lo que cobra la empresa emisora de la tarjeta de débito a los comercios.
“Si bien estos aranceles han ido bajando tienen que continuar descendiendo sobre todo favoreciendo a los comercios más pequeños con respecto a los grandes. Ese sería un aspecto a mejorar. Ello ayudaría a que los comercios se acerquen.
Hoy el Banco República ha abierto la promoción de una cuenta PYME en forma gratuita donde el banco le regalará a la empresa un dispositivo para pago con tarjeta para que éste se incluya a este mecanismo.
Es necesario también educar a la población para la utilización de estos mecanismos electrónicos. Es fundamental la educación a efectos que la gente se empodere de este sistema”.
Opina la gente acerca del sistema de inclusión financiera
“La gente de afuera no está de acuerdo”
María es ama de casa y vive en el Pueblo Laureles. Su esposo trabaja en el campo y son sus patrones que le hacen el pago directo.
“Ese sistema no nos sirve porque para cobrar tenemos que venir a Salto.
El bus ida y vuelta sale trescientos pesos y solo funciona dos veces a la semana. Los jubilados y pensionistas cobran en la escuela pero escuchamos que a partir del mes que viene tendrán que viajar a la ciudad.
La gente está totalmente desconforme. Por ejemplo, si una persona gana mil quinientos pesos de pensión y tiene que pagar trescientos pesos de bus, no le sirve. Nadie está de acuerdo en viajar, sobre todo las personas mayores que tienen que tomarse el día para venir y luego esperar en la plaza el horario de salida del ómnibus.
Hay que tener en cuenta que afuera no hay cajeros y muchas personas mayores no podrían viaja
r. Es realmente una locura. Muchos patrones cobran por cajero pero no tienen mayores inconvenientes porque tienen vehículo – auto o moto – y pueden trasladarse a cobrar. Lo mismo pasa con el servicio de la luz. Antes nos iban a cobrar, ahora hay que venir a Salto. Es muy complicado”.
Ana – ama de casa – “A mí marido le ha servido el nuevo sistema porque se mide más con los gastos. Como paga casi todo con la tarjeta solamente utiliza lo justo”.
José y Roberto – trabajadores –
JOSÉ. “ES COMO UNA ESPECIE DE CORRALITO”
Roberto no está de acuerdo…. piensa que el sistema es efectivo para países del primer mundo que cuentan con otra infraestructura. Aquí el sistema ya de arranque hace agua al pretender que las personas de las zonas rurales se plieguen a esta disposición, cuando no cuentan con las herramientas para hacerlo. Roberto es jubilado y se ampara a un artículo que le permite cobrar en la ventanilla de un banco porque se jubiló antes del 2015.
José – trabajador activo – no se muestra de acuerdo con los topes y márgenes que limitan a los créditos y tampoco que esta ley sea obligatoria. “Creo que se coarta la libertad del trabajador de elegir. Muy pocas 
cosas compro con tarjeta.
La gran mayoría de las veces saco el dinero y compro. Mis compañeros dicen que este sistema es como una especie de corralito. Por ahora estamos en el paraíso pero si nos llega a suceder lo que pasa en Montevideo se nos va a complicar. Si no llega a haber plata en los cajeros, que no se pueda retirar ni siquiera para comer, sería un caos.
Se habla de una inclusión financiera pero cada vez estamos más excluidos porque no podemos disponer libremente de nuestro dinero, dependemos de que haya plata en el cajero.
En la actualidad ya no se puede ir a sacar plata en horas de la noche, por la inseguridad. Eso es coartarnos la libertad económico. Creo que el gobierno tiene que rever esta situación”.
