(Uypress)- Un tercio de los juzgados por violaciones a los derechos humanos está tras las rejas, otro tercio está en régimen de prisión domiciliaria y un número similar falleció, según escribe la colega Victoria Fernández para el semanario Búsqueda.
La cárcel Domingo Arena fue creada en 2006 para recluir a los procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil-militar (1973-1985). Entre sus primeros ocupantes estuvieron el expresidente de facto Gregorio Álvarez, los militares retirados Gilberto Vázquez, José Arab y Jorge Silveira y el fotógrafo policial Nelson Bardesio. Con los años se sumaron unos pocos reclusos nuevos, mientras que otros fallecieron o consiguieron prisión domiciliaria. El grupo de presos se mantuvo pequeño. Una crónica de Búsqueda relató cómo los 10 reclusos que la habitaban en 2015 se peleaban «hasta por los bizcochos». Al año siguiente, El País la describió como una «reclusión con fecha de vencimiento». Quedaban siete presos.
Tiempo después, sin embargo, la cárcel tomaría un dinamismo quizás impredecible en ese entonces. Tras la instalación de una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad en 2018, la investigación y persecución de los delitos cometidos en el pasado reciente cobró impulso. Las causas pasaron a estar en manos de un solo equipo de fiscales, dirigidos por Ricardo Perciballe y dedicados exclusivamente a esclarecer los crímenes de aquel período. El trabajo unificado y ordenado dio sus frutos.
La Unidad Nº 8 Domingo Arena cerró el 2023 con 29 prisioneros, de acuerdo a datos del Poder Judicial (PJ) a los que accedió Búsqueda. Ese centro sigue siendo el principal destino de los militares, policías y civiles procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Otro sitio de reclusión es el anexo de la Guardia Republicana, aunque ahora están presos allí solo dos militares, de acuerdo a la información judicial. Hay un militar procesado con prisión sobre quien Búsqueda no obtuvo información respecto a su sitio de reclusión.Otras 30 personas están cumpliendo prisión domiciliaria. Este beneficio fue concedido por los jueces en general por razones de salud vinculadas a la edad avanzada de los procesados, según detalla un informe del PJ que se elaboró a partir de una solicitud del diputado del Frente Amplio Daniel Gerhard. A su vez, 11 personas están procesadas sin prisión, de acuerdo a información proporcionada a Búsqueda por la Fiscalía especializada.
Los datos del Poder Judicial y de la Fiscalía revelan que son 73 las personas que están actualmente cumpliendo condena o sujetas a un proceso penal por los crímenes del pasado reciente. Además, hay otras 23 personas que fueron condenadas o procesadas por estos delitos pero ya fallecieron, según un relevamiento del colectivo Sitios de Memoria Uruguay, que hace un seguimiento de las causas. Si bien el colectivo contabiliza 22 fallecidos, en noviembre fue procesado otro militar que murió y aún no está en el registro.
Así, el número total de personas que han sido juzgadas por crímenes durante la dictadura asciende hoy a 96.
Es probable que la cifra crezca en los próximos meses, ya que hay actualmente otros 33 pedidos de procesamiento pendientes (en 14 causas), según informó la Fiscalía especializada. Esos pedidos involucran a algunas personas que ya han sido imputadas en distintas causas y a otras que hasta ahora no han sido juzgadas.
Aquellos que serían procesados por primera vez, si los jueces acceden al pedido de la Fiscalía, son 16. La sede especializada tiene las estadísticas a su favor: hasta ahora todas las solicitudes de procesamiento y de condena que realizó fueron acogidas por los distintos tribunales.
«Venganza y no justicia»
El impulso que cobraron las investigaciones sobre lo sucedido durante la dictadura y los períodos previos y posteriores (del 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985) ha despertado resquemores, que tienen en Cabildo Abierto a su principal vocero en el sistema político. Su líder, el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, ha sido crítico de la actuación del fiscal Perciballe y desde el partido han cuestionado algunas decisiones judiciales.
Cabildo se ha preocupado también por las condiciones de reclusión de los exmilitares condenados. En 2021, durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid, senadores del partido presentaron en el Parlamento un proyecto de ley para que los presos mayores de 65 años pasen de forma automática a un régimen de prisión domiciliaria. Desde el Frente Amplio y las organizaciones de familiares de las víctimas y ex-presos de la dictadura se opusieron con vehemencia al proyecto.
Finalmente el Parlamento negoció una versión más moderada, que deja en manos del juez la decisión en lugar de ordenarla de forma preceptiva. El texto actual, que surgió de uno redactado por la senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín, dispone que el magistrado, al evaluar un pedido de prisión domiciliaria, debe considerar con «especial relevancia» la edad igual o superior a los 65 años. El texto incorporó también otras circunstancias que deben ser consideradas de forma especial por los jueces, como el caso de mujeres con embarazos avanzados o que estén amamantando.
El proyecto de ley, aprobado el pasado diciembre en el Senado, excluye expresamente a los procesados por delitos de lesa humanidad. No obstante, como esos delitos fueron incorporados a la legislación nacional en 2006, no fueron aplicados a la mayoría de los procesados (se les tipificaron delitos comunes como homicidios, secuestro o desaparición forzada). El proyecto fue aprobado solo con los votos de los senadores de la coalición de gobierno y ahora deberá discutirse en Diputados.
Manini Ríos dijo durante la sesión en el Senado que en Uruguay «se está llevando adelante un proceso de venganza y no de justicia» contra los militares juzgados por sus acciones durante la dictadura.
Edad avanzada, enfermedades y buena conducta
Aunque el proyecto de ley sigue en discusión en el Parlamento, en los hechos ya varios procesados por violaciones a los derechos humanos han obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria. De acuerdo al informe elaborado por el Poder Judicial para el diputado Gerhard -que pidió la información para el Observatorio Luz Ibarburu – hay 28 procesados o condenados que están bajo ese régimen.
En la mayoría de los casos, los jueces consideraron motivos de salud para conceder el beneficio, con fundamento en el artículo 131, inciso 2 del viejo Código del Proceso Penal (de 1980), que es el que aplica para los expedientes anteriores al 2017, año en que se instauró una nueva normativa penal. Ese artículo dispone que, en caso de «enfermedad grave o de circunstancias especiales que hicieran evidentemente perjudicial para el imputado» su internación en un centro de reclusión, «el juez podrá, previo los peritajes que estime pertinentes, disponer la prisión domiciliaria u otras medidas asegurativas».
Ese es el caso, por ejemplo, del militar retirado Ricardo Arab, sobre quien recaen dos condenas y un procesamiento por múltiples delitos de homicidio y desaparición forzada. Fue encarcelado en 2006 en Domingo Arena y en febrero de 2019 obtuvo la prisión domiciliaria con base en su historia clínica e informes médicos del Instituto Técnico Forense, según informó al PJ el Juzgado de Ejecución de 1er turno.
Adi Bique, exmilitar procesado junto con Ramón Larrosa por el asesinato del militante comunista y dirigente sindical Ivo Fernández en Paysandú, goza de prisión domiciliaria «atento a su avanzada edad» y a las «patologías acreditadas en el expediente», fundamentó el Juzgado Penal de 23er turno. En el caso del militar retirado Carlos Raúl Chaine, procesado por abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er turno sustituyó en febrero de 2022 su prisión preventiva por arresto domiciliario con tobillera electrónica debido a su edad, a los trastornos de salud «de cierta importancia» que padece y al hecho de que no posee antecedentes.
El militar retirado Juan Rebollo, procesado por los asesinatos de Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes, conocidas como las «muchachas de abril», obtuvo la prisión domiciliaria debido a su edad, 84 años. El Juzgado Penal de 23er turno argumentó que la edad avanzada supone, iuris et de iure (que no admite prueba en contrario), «una menor resistencia física y espiritual».
Enrique Ribero Ugartemendia, condenado por el homicidio del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa a 19 años de penitenciaría, obtuvo prisión domiciliaria durante la emergencia sanitaria de Covid. El Juzgado de Ejecución de 2º turno resolvió posteriormente mantener el régimen «de acuerdo a la pericia forense». Ariel Miguel Ubillos, procesado en 2021 por el homicidio del estudiante Hugo Leonardo de los Santos, pasó a régimen de prisión domiciliaria atento a un informe médico-forense que concluyó que «su condición es delicada y resulta inconveniente su permanencia en un centro de reclusión», según indicó el Juzgado Penal de 23er turno.
Algunos de los procesados que están en la cárcel tienen salidas transitorias. Ese es el caso, por ejemplo, de Ricardo Medina, condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de la argentina María Claudia García de Gelman, entre otros crímenes. Preso en Domingo Arena, desde 2018 tiene un régimen de salidas de 24 horas quincenales diurnas bajo tutela.
José Sande, también recluido en Domingo Arena tras ser condenado a 20 años de cárcel en 2009 por su responsabilidad en múltiples homicidios, goza de un régimen de salidas de hasta 48 horas mensuales «con fines familiares», informó el Juzgado de Ejecución de 1er turno. Antes había obtenido el beneficio de salidas especiales para el nacimiento de su hijo, para asistir a las fiestas de fin de cursos y a sus cumpleaños, «justificadas por informes de buena conducta» y con conformidad de la Fiscalía. En 2016 pasó a un régimen de salidas transitorias de hasta 12 horas diurnas bimensuales, las que se ampliaron luego a 24 horas mensuales. En 2021 consiguió la ampliación a 48 horas.
Ernesto Soca, preso en Domingo Arena tras ser condenado en 2010 a 15 años de penitenciaría, tiene desde 2018 salidas por 12 horas diurnas mensuales, que se ampliaron en 2019 a 24 horas mensuales y en 2022 a 24 horas quincenales.
Aparte de las salidas transitorias, hay reclusos que tienen otros beneficios. José María Cabrera, preso en Domingo Arena con una condena de seis años, tiene salidas especiales «por razones médicas y de índole personal». Tomás Cassela, condenado en Chile por el secuestro y homicidio de Eugenio Berríos y en Uruguay por secuestro y asociación ilícita, goza de libertad condicional desde 2016. El beneficio se fundó en que «en el lapso durante el cual el penado gozó de libertad provisional no cometió nuevo delito y tuvo buena conducta»; también en el hecho de que es primario y se»estimó un pronóstico tendiente a la reinserción».
De acuerdo al último informe del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, Domingo Arena se encuentra dentro de las cárceles con mejores condiciones para los reclusos. Está clasificada entre los centros que proveen «oportunidades de integración social» a los internados y tiene una densidad de población según plazas habilitadas del 107%. Además, todos los presos reciben un mínimo de una hora diaria de patio al aire libre todos los días de la semana. Búsqueda solicitó al Ministerio del Interior realizar una visita al centro carcelario, pero desde la oficina de Comunicación respondieron que no era posible.
