Así lo aseguró el presidente José Mujica. Si bien la firma ya comenzó a explorar el subsuelo, aún no ha confirmado que realizará la inversión.
El gobierno mantiene intacto su interés en que desembarque en el país la inversión de Aratirí, una firma dedicada a la minería de capitales indios. De todos modos, se muestra firme en sus exigencias ante un proyecto de gran porte que genera resistencias por parte de actores medioambientales.
Actualmente, las partes buscan un memorándum de entendimiento pero surgieron varios puntos de desencuentros.
«Difícil», contestó ayer el presidente José Mujica consultado por El Observador sobre la marcha de las conversaciones en curso. Si bien la firma ya comenzó a explorar el subsuelo uruguayo y a medir la calidad del hierro, aún no ha confirmado que realizará la inversión.
De todos modos, en el gobierno confían en que eso sucederá este año. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo El Observador que «en el correr de los próximos meses» la inversión será un hecho. Agregó que el gobierno tiene «mucho interés» en que eso suceda pero «siempre y cuando» se cumplan al pie de la letra los requisitos que pone el Estado.
«El gobierno hace un enorme esfuerzo para atraer inversiones permanentemente pero no a cualquier costo. Tiene que haber una relación costo/beneficio a largo plazo importante para el Estado», aseguró el jerarca.
NUEVAS REGLAS
El interés de Aratirí por extraer minerales en Uruguay obligó al gobierno a «aggiornar» las normas que regulan la actividad. En este sentido, la Dirección Nacional de Minería comenzó hace un año a discutir un cambio a la legislación vigente y envió al Parlamento un proyecto de ley sobre la actividad. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y espera por el tratamiento en el Senado.
Los principales cambios que prevé el proyecto de ley refieren a una modificación a la forma en la que se calculan los canon que cobra el Estado y una mayor rigurosidad respecto a los plazos de los permisos otorgados.
A su vez, una vez que la nueva reglamentación esté vigente dará al Estado la potestad de comprar a precio de mercado un 15% de la producción de una mina a los efectos de desarrollar cadenas de valor con esos productos, según informó el titular de la institución, Pier Rossi.
«Antes era absolutamente propiedad de la empresa», dijo.
Aunque tanto el gobierno como la empresa dan señales a favor de que la historia terminará con Aratirí instalada en Uruguay, la Dirección Nacional de Minería no recibió ningún proyecto con los planes de excavaciones.
«Acá la empresa no tiene ningún proyecto presentado sobre el proyecto de mina en sí mismo», dijo Rossi, e informó que hasta que no se de ese paso, no habrá un visto bueno técnico al proyecto de inversión que, de concretarse, ascenderá a los US$ 1.500 millones.
Además, otro órgano oficial que está estudiando los planes que la firma minera tiene para Uruguay es la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
Hace dos semanas, esa oficina recibió un documento sobre el proyecto, que ya comenzó a ser analizado.
