Sabrá el señor lector perdonar nuestra insistencia. Pero nunca nos cansaremos de decir que los problemas de seguridad se combatirían con mucha mayor eficiencia si se los tomara como realmente lo son: un problema social.
Suponemos que a esta altura todos sabrán que la mayoría de las cárceles y centros de reclusión en general están atestados de jóvenes que tiene un denominador común: son pobres. Y esto no significa desconocer que existen excepciones.
Significa que han sido víctimas de una situación anunciada. Cuando nace un niño en condiciones lamentables, con su padres presos o tan pobres como ellos, viviendo en asentamientos o en barrios tremendamente carenciados, cuando quedan un poquito más grande, no les queda otra que salir a hacer lo que saben: es decir robar, rapiñar o matar.
Pero no es solo esto, sino que el ex candidato presidencial por el Partido Colorado, Gustavo Zubía ha hecho recientemente algunas afirmaciones temerarias. Ha dicho que hay cuidadoras del sistema carcelario (que pueden relacionarse de ninguna forma con los reclusos sin cometer una violación de su responsabilidad) embarazadas de reclusos.
Dijo también sin que nadie lo desmintiera, algo que todos sabemos, que en las cárceles se vende droga y dejó en duda la honestidad de algunos policías que no identificó, esta es la realidad de la cuestión. Cuando se le recordó a Zubía que él era legislador y por lo tanto tenía la obligación de denunciar estos hechos, el ex alcalde (por lo tanto una voz sólida en la materia), señaló que la Justicia sólo se mueve en base a pruebas y si éstas no existen, tampoco se pretenda otra cosa, alcance que para nosotros es razonable.
Esta es la cuestión, pero la realidad es que es cada vez mayor el número de niños en esta situación (actualmente uno de cada cinco niños uruguayos es pobre), pero la evolución lleva a pensar que o se cambia o llegará el momento en que serán la mayoría.
Existen por lo tanto dos elementos que nos hacen temer de que haya verdadera solución a este problema, el primer lugar, no hay salida en un período de gobierno, una solución al problema luego de ser considerado un asunto de Estado, requeriría de 10 a 15 años llevando a la práctica las medidas adoptadas.
El segundo punto es que los niños no votan y por lo tanto ningún político está dispuesto a invertir en ellos y por si fuera poco cuando quedan más grandes ya es muy difícil recuperarlos. Y no estamos demonizando la pobreza, sino que sencillamente haciéndonos eco de la realidad que parece tan difícil de asumir.
A.R.D.
