Edición Año XVIII N° 930, lunes 15 de setiembre de 2025
CENSURA Y CANCELACIÓN. Uruguay se enorgullece de su tradición democrática y de ser un país que, pese a su tamaño, ha sido referente regional en la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos. Sin embargo, en los últimos años, nuevas dinámicas sociales han puesto sobre la mesa un dilema complejo: ¿hasta dónde llega la protección de derechos y cuándo comienza el ataque a la libertad de pensamiento? La censura y la llamada “cultura de la cancelación” son hoy conceptos en disputa que generan debate tanto en la esfera pública como en la privada.
La censura en su sentido clásico, ejercida desde el poder estatal, remite inevitablemente a la dictadura cívico-militar (1973-1985). En aquel período se prohibieron canciones, se persiguieron escritores, se cerraron medios de comunicación y se reprimieron expresiones artísticas que no se ajustaban a la ideología dominante. La democracia recuperada en 1985 trajo consigo una reivindicación de la libertad de prensa, de creación y de opinión como valores centrales. Esa herencia sigue marcando la sensibilidad uruguaya frente a cualquier forma de limitación de ideas.
Pero hoy la censura ya no se manifiesta únicamente desde arriba. Las redes sociales y los nuevos espacios digitales han dado paso a formas de control mucho más difusas y descentralizadas. A través de campañas de boicot, linchamientos virtuales o llamados al silencio, muchas veces se busca cancelar a figuras públicas por opiniones consideradas ofensivas, incorrectas o contrarias a la sensibilidad de determinados colectivos. Esta “cultura de la cancelación”, globalizada a través de internet, ha llegado también a Uruguay.
Sus defensores sostienen que no se trata de censura, sino de un mecanismo de responsabilidad social. Argumentan que la libertad de expresión no puede usarse como escudo para reproducir discursos de odio, discriminación o violencia simbólica. Desde esta óptica, la cancelación sería una forma de protección hacia minorías vulnerables y un llamado a reflexionar sobre los efectos de las palabras. No son pocos los casos en los que la presión ciudadana ha logrado visibilizar prácticas discriminatorias en los medios, en la publicidad o en el ámbito político.
Sin embargo, existe un riesgo evidente. Cuando la crítica se convierte en linchamiento, se instala un clima de miedo que conduce a la autocensura. Intelectuales, periodistas, artistas o ciudadanos comunes pueden optar por callar opiniones legítimas, aunque polémicas, para evitar ser objeto de un escrache virtual. Así, la pluralidad se empobrece y el debate público se estrecha, generando un efecto contrario al deseado, en lugar de promover una sociedad más abierta, se cae en nuevas formas de dogmatismo.
En Uruguay, algunos episodios recientes han puesto este tema en el centro del debate. Desde discusiones en universidades hasta controversias mediáticas por expresiones artísticas o comentarios en redes, lo que está en juego es cómo equilibrar el derecho a expresarse con el derecho de otros a no sentirse agredidos o discriminados. El Estado, hasta ahora, ha mantenido una posición de respeto a la libertad de expresión, limitándola únicamente en los casos contemplados por la ley, como la incitación al odio o a la violencia.
El verdadero desafío, sin embargo, es cultural. No se trata solo de leyes, sino de construir una sociedad que sepa distinguir entre disentir y cancelar, entre criticar y censurar. Nuestra democracia requiere un debate amplio, robusto y plural, donde las ideas puedan enfrentarse sin miedo a ser silenciadas. Defender la libertad de expresión implica aceptar el disenso, incluso cuando resulta incómodo. Y al mismo tiempo, implica rechazar los discursos que buscan violentar o excluir.
Hasta la semana que viene… y tilo pa’la barra!
