La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, popularmente conocida como Ley de Caducidad, fue puesta a consideración del pueblo uruguayo en los albores de la salida de la dictadura.
Aún cuando ya se habían fijado las elecciones nacionales, cuando ya se extinguía en los hechos la larga noche de la dictadura que llevaba 12 años, “el contexto” del militarismo estaba latente, era el que realmente regía en la mayoría de la población.
De allí que la campaña contra el voto verde fue muy fuerte, agresiva y mucha gente sentía temor, aún cuando no lo manifestara, ante el riesgo de que los años más oscuros regresaran.
En este contexto, resultó aprobada una ley cuya vigencia hoy nos sume en la más vergonzante actitud ante el mundo que pretende justicia, que pretende hacer prevalecer la razón y la democracia por sobre cualquier otra pretensión de los defensores del gobierno por la fuerza, por la violencia, de la imposición de sus intereses de cualquier manera y por encima de cualquiera.
Sólo de esta manera, quienes participaron en hechos que constituyen violación de los derechos humanos elementales, hasta pueden llegar a constituir crímenes de lesa humanidad, como los más aberrantes crímenes del nazismo, pudieron escapar impunes a la Justicia.
El sometimiento nuevamente de esta Ley a la voluntad de la ciudadanía, ahora en un marco de paz, de democracia plena, sin situaciones que ameriten temor, es lo mas justo y transparente que se puede pedir.
Pero hay una cosa a tener en cuenta en todo esto. Anular la ley de Caducidad, como parece inevitable a esta altura de los acontecimientos, no debe ser una medida, ni de venganza, ni mucho menos de odio o resentimiento. Sería nefasto para nosotros mismos.
Analizar y rever el pasado, para que prevalezca la Justicia y todos quienes tengan cuentas pendientes las asuman, debe ser parte de una visión de Justicia, de una Justicia que prevalezca sobre todo intento de desconocerla, manejarla o manosearla, según los intereses de turno.
Que todos quienes hayan cometidos delitos, cumplan condena y paguen sus consecuencias ante la sociedad es de Justicia, no para atormentar, como atormentaron ellos, sino para que todos quienes en alguna ocasión puedan sentirse tentados a desconocer la ley y la Justicia, tengan muy claro que tarde o temprano, la democracia del mundo entero les exigirá cuentas.
Recordar el pasado, cobrar las cuentas pendientes, mediante la Justicia, para despejar las dudas que pudieran haber hacia un futuro en paz, con orden y justicia, es lo mejor que podemos hacer.
Por lo menos, así lo vemos.
Alberto Rodríguez Díaz.
