Entre quienes bregan por olvidar el pasado y tratan de reimplantar la denominada “ley de caducidad”, se sostiene que ya no quedan personas de aquellos años en que fueron cometidos los delitos de lesa humanidad y por lo tanto no existe más información posible de obtener y mucho menos de conseguir pruebas de lo que se hizo y de quienes lo hicieron en aquellos años.
Debemos decir en primer lugar, como lo hemos expresado reiteradamente en estas columnas, que lo justo es que se pague por lo que se hizo, tal como lo establecen las leyes internacionales y ha sido ratificado por Uruguay.
En segundo lugar, tal como lo han sostenido destacados historiadores, no creemos que se haya descartado o destruido toda la información sobre lo actuado en estos años. Sería un caso insólito, porque nadie que está convencido de que actuó “patrióticamente”, haciendo lo que entendió era lo mejor para el país, destruye o niega luego lo echo.
Somos partidarios de considerar a todos los uruguayos iguales ante la ley, para bien o para mal según su accionar. Es por lo tanto justo que quien infringió la ley, pague por su delito. No importa si tiene 20, 40 ó 90 años, porque la ley no mira estos aspectos. Si ha sido capaz de infringir la ley lo justo es que responda ante la justicia por ello, es la propia ciudanía la que luego juzgará si ha hecho bien o mal.
Por estos días se discute si corresponde o no aprobar el desafuero de uno de los integrantes de la Cámara de Senadores, que ha tenido el tupé de llamar “cipayos” (soldado indio que peleó al lado de los ejércitos invasores del imperio, constituyendo una especie de traición), a todos los legisladores que aprobaron estos derechos humanos y por lo tanto también a todas las naciones que lo hicieron.
Somos de lo que entienden que llegará el momento de dejar atrás el pasado para mirar hacia el futuro, lo que no significa olvidar y desechar los errores que se cometieron, sino sencillamente superarlos.
Si para ello se hace necesario negar algunas de las acciones cometidas y justificar otras, le estaremos errando y tentando a que surjan imitadores que nos vuelvan a traer días oscuros y sangrientos.
No compartimos, y esperamos no hacerlo jamás, el levantamiento de fueros en el parlamento, porque éstos no son de un legislador, sino de la cámara y han sido impuestos para proteger a quien opina, equivocado o no, en este caso desde una banca del parlamento.
A.R.D.
