Posterior a la segunda guerra mundial la palabra “desarrollo” irrumpe y se impone, sobre todo de la mano de Naciones Unidas. Desarrollo económico como tal, supone crecimiento económico y distribución. El crecimiento económico como tal, surge a partir de la gestión de recursos naturales y de cómo la sociedad misma ha creado a partir de los mismos, bienes y servicios transables. Sin embargo, para llegar al desarrollo, no alcanza únicamente con el crecimiento, también es necesario que exista una distribución de sus beneficios que permita que lleguen a todos los sectores de la sociedad, fundamentalmente a las grandes mayorías.
Días atrás publicamos en Link de El Pueblo un artículo denominado “Desarrollo económico, social y…” en el cual reflexionamos sobre la importancia de que el mismo, por encima del adjetivo que acompañara el término alusivo al progreso, sea sostenible en el tiempo. El objetivo de las presentes líneas son las de transmitir algunas consideraciones relativas al desarrollo económico local, utilizando como guía viejas preguntas y a partir de allí, proponer nuevas respuestas a un tema que influye en la sociedad en su conjunto.
La productividad empresarial, la gobernanza territorial, la competitividad de los países, la política social en pos de la disminución de brechas de pobreza, entre otros tópicos, poco a poco comienzan a adentrarse en los pasillos y en las conversaciones. Al fin y al cabo, el legítimo desarrollo se da cuánto en éste los propios actores del territorio opinan, participan e influyen, sinérgicamente junto al resto de actores externos, en la planificación y construcción de desarrollo.
El reconocido investigador argentino Pablo Costamagna, director del centro de investigación Praxis, afirma que en los últimos años ha emergido un debate que confronta los abordajes del desarrollo desde una lógica macro y otra micro, basada en el abordaje territorial. En ese sentido, se constata que existen cuestiones que tienen que ver con aspectos globales y otras asociadas al proyecto país. Allí es que los alcances de las acciones que se llevan adelante, a modo de ejemplo; por organismos multilaterales, la cooperación internacional, como así también, gobiernos nacionales y a través de política pública, tienen el desafío de incorporar la voz del territorio. Sin la participación activa del territorio, los esfuerzos en el largo plazo quedarán truncados, impresos en lindas carpetas que luego se encajonarán.
Viejas preguntas
No es casualidad que el Banco Mundial (BM) se ponga en funcionamiento en el año 1944, como así tampoco de igual modo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1945. La reconstrucción de la Europa de posguerra con el Plan Marshall en 1947 surge 14 años antes del nacimiento de la Alianza para el Progreso, programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para América Latina. De igual modo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se crea en el año 1959 y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 1948.
El final de la segunda guerra mundial marca un punto de inflexión en relación al desafío, global y regional, de promover el desarrollo económico y social. Si bien las motivaciones que llevaron a la creación de las instituciones mencionadas varían, la visualización de que el desarrollo de los países es posible, termina siendo un denominador en común, un eje transversal que constata que hablar de desarrollo no es algo nuevo necesariamente.
Preguntas viejas las hay, también ha habido un largo camino recorrido que ha contribuido a la construcción de una gran curva de aprendizaje, que claro está, varía de país en país, en los cuáles se han probado, muchas veces a ensayo y error, recetas para caminar por la senda del desarrollo.
¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? ¿Cómo contribuir al desarrollo económico y social? ¿Cuál es la importancia del Estado en el proceso de desarrollo territorial? ¿Cómo generar sinergias en pos del desarrollo entre el sector público, sector privado y la academia?
Haciendo mención a al desarrollo, toma sentido hacer un poco de memoria sobre las implicancias y consecuencias de la puesta en funcionamiento de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), organismo público interministerial de Uruguay que funciona entre 1960 y 1967, la cual contó con el Cr. Enrique V. Iglesias en su secretaría ejecutiva. Aquel gran hito en la historia económica de nuestro país, favoreció la producción de dos elementos fundamentales: el Estudio económico del Uruguay (1963), un diagnóstico global de la crisis que entonces afectaba a la situación económica y social de Uruguay, y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (1965-1974). Aquel plan de desarrollo, el propuesto desde la CIDE permitió antes que nada, marcar un mojón que terminó demostrando que es posible planificar y llevar adelante acciones para levantar las restricciones que se diagnostican. También, permitió la creación de un Plan, del cual si bien se han logrado muchas cosas y ha servido como brújula para llevar adelante cambios, el mismo como tal, ha sido “descontinuado” por una serie de factores, entre ellos, el de voluntad política y la genealogía de tal documento que termina siendo una herramienta “estática”.
Hablar de desarrollo, en un marco de “viejas preguntas y respuestas”, nos lleva a avizorar en un ejercicio de retrospectiva que el desarrollo se planificaba, organizaba, ejecutaba y controlaba “desde arriba”. La toma de decisiones desde el Ministerio de Economía y Finanzas sobre cuestiones de índole macro y micro-económica como así también la puesta en marcha de programas de desarrollo en el interior del país, dependía más que nada de instituciones del Gobierno Nacional, ubicadas en Montevideo, en lugar de los gobiernos locales que tradicionalmente se focalizaron en el conocido enfoque “ABC” (Alumbrado, barrido y caminería).
Nuevas respuestas
En el primer Conversatorio sobre Productividad y Competitividad se hizo alusión a la metáfora que compara el desarrollo territorial con el tiempo climático: “Lo que INUMET prevé como alertas rojas y amarillas por departamento, varía en cuestión de horas, sin embargo, por analogía cuando hablamos de desarrollo territorial estar ubicados en un escenario de –alerta roja- no necesariamente cambiar esa aguja se puede lograr en el corto plazo”.
Organizaciones como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Instituto de Economía han realizado varios estudios sobre desarrollo, como así también estudios de tipo prospectivo en el que se ha concluido el creciente deterioro de los indicadores que miden la calidad de vida de las personas, y de alguna u otra manera, esto no necesariamente se prevé que tenga una marcha atrás en la medida que no se lleven adelante acciones desde los territorios.
Agendas dinámicas, en oposición planes estáticos que no toman en cuenta los cambios en el entorno político, económico y social. En éste punto, es que es necesario lograr saludables equilibrios que no ponderen de sobre-manera la prospectiva pero que tampoco
Ha cambiado el enfoque, las regiones están recorriendo una senda que hace mención a los enfoques de construcción “de arriba y de abajo”. Buscando, consensos, diálogos y estrategias compartidas es que termina siendo lógico estructurar los “cómo” una vez que los “qué y por qué” están claros.
El reconocimiento de la importancia que tiene la competitividad desde una lógica sistémica para el desarrollo local y regional, como así también la identificación clara de las motivaciones, incentivos y limitaciones de los sectores público y privado, para establecer así las relaciones de colaboración sostenibles dentro del territorio, terminan siendo el principal imperativo que deberían de regir las decisiones de las organizaciones dedicadas al desarrollo.
Muchas veces se ha escuchado decir, como una crítica al centralismo que históricamente ha caracterizado al Uruguay, la falta de autonomía de los gobiernos departamentales y la poca descentralización que ha imperado, es justamente en esa línea que toma sentido hablar de la efectividad y eficiencia que se logra, cuando se incluye a los actores “de abajo” y no se limita el abordaje de desarrollo a visiones fuera territorio, los “de arriba”. Lo anterior es por cierto, sin lugar a dudas, de alta complejidad, las instituciones que forman parte del territorio, son las que de alguna u otra manera crean espacios de diálogo, construyen y definen sus agendas de desarrollo, ello en un escenario en el que conviven intereses contrapuestos como así también comunes y en el que la existencia de una decisión política, diagnóstico de la situación como así también el diálogo, son un factor clave.
Los procesos sociales, y los de desarrollo no son la excepción deberán trabajar en pos de aprovechar las fortalezas, mitigar las debilidades, disminuir las amenazas y capitalizar oportunidades. Sin embargo, por más claro que sea el norte en la brújula los avances y retrocesos, la iteración del proceso en sí, es una norma.
Son las agendas, las que dan sustancia a los programas asociados al empleo, la innovación, la educación, etc. y buscan generar equilibrios en el cumplimiento de objetivos, ejecución de actividades con eficiencia tanto en sus plazos como en el uso presupuestal.
Cuando las nuevas respuestas terminen consolidándose como insumo en espacios de debate, alusivos al desarrollo, traerán consigo nuevas preguntas que aún no nos hemos hecho. El trabajo en equipo entre todos los grupos de interés (públicos, privados y academia), la búsqueda de consensos que permitan hacer prevalecer visiones colectivas por encima de las individualidades, la planificación y su respectiva medición en horizontes temporales pequeños que favorezcan la toma de decisiones correctivas a partir de los errores que se cometen en el andar, serán parte de esas “nuevas respuestas” a aquellas viejas preguntas que antecedieron los nuevos desafíos.
Lic. Nicolás Remedi Rumi
