Por estos días se ha informado que UTE quedará en condiciones de equilibrar sus cuentas a fin de año, como consecuencia de los bajos costos que registra actualmente la producción energética que se genera básicamente en materia de hidroelectricidad.
Se afirma que “en la actual situación, el ente energético podrá reintegrarle a Ancap entre 40 y 50 millones de dólares mensuales, lo que lo dejaría con sus cuentas equilibradas antes de fin de año”.
En conocimiento de esta situación que se ha hecho pública, hemos oído algunos reclamos para que se abatan las tarifas, atendiendo al hecho de que la hidroelectricidad es la energía más barata para el país.
No le quitamos razón al argumento que se esgrime, pero de todas formas creemos que no es una buena política tarifaria, la que sigue los avatares del costo de la energía para fijar el precio del servicio que se presta a los consumidores.
En nuestros días es mucho más frecuente la falta de agua en ríos y arroyos, que el exceso. Cuando hay poca agua se debe generar energía en base a combustibles fósiles (derivados del petróleo) y esta es abismalmente más cara que la que se obtiene a partir de la fuerza del agua.
Vale decir, una tarifa “móvil” que acompañe el precio de la materia prima debería de aumentar en esta situación también drásticamente.
Entendemos que no es lo aconsejable, dado que el costo de la energía para cualquier hogar es de por sí importante y si se incrementa en un porcentaje alto, casi seguramente generaría situaciones de mucha gravedad.
Entendemos que la mejor política en este sentido es la que se rige por promedios, la que determina un precio promedio de antemano y luego “se aguanta”, tanto si bajan los costos de generación como si suben.
Esto es. No creemos que sea una buena política la improvisación, la que se lleva por factores circunstanciales, generalmente muy volátiles. Entre otras cosas porque como ha sucedido lamentablemente, esto favorece la especulación de quienes producen o venden la materia prima, que son capaces de “inflar” los precios artificialmente, sabiendo que de todas formas, los pueblos no tendrán otra salida que pagar lo que se les pida.
Preferimos la planificación, regida por precios promedios, que sirva para “atemperar” las bruscas variantes de las tarifas y más que eso, entendemos imprescindible que se adopte una política de Estado, en materia energética, que nos ponga más a cubierto de la veleidad de algunos operadores del mercado internacional, que suelen ser incluso económicamente más poderosos que algunos gobiernos.
