La afirmación realizada en Montevideo por “El Observador”, es extremadamente delicada. Se refiere a la utilización por parte de narcotraficantes y ladrones de automóviles, de niños y adolescentes para la concreción de determinados delitos que van desde “ajustes de cuentas”, con crímenes incluidos, hasta el robo y traslado de automóviles hasta la frontera.
La versión afirma que estos delincuentes estarían preparando a los adolescentes en el uso de armas de fuego, aprovechándose del hecho que la ley considera su edad y mantiene un régimen de derechos del niño y adolescente más benévolo con ellos que con los mayores de edad, están usándolos para sus fechorías, aunque esto suponga destruirles la vida.
El tema es demasiado grave como para que pase desapercibido. No sólo por las tremendas consecuencias que aparejan los niños y adolescentes armados, sino por sus propios derechos, dado que estas acciones significan prácticamente destruirles la vida por completo.
La ley debería prestar especial atención a quienes están transitando por esta senda tan detestable como es la destrucción de algunos de nuestros niños y adolescentes, en especial los más desprotegidos socialmente.
Infelizmente hemos visto a otras naciones de la región y un poco más allá transitar por estos caminos que llevan a considerar la destrucción y a la muerte, como algo casi normal para quienes no tienen reparo alguno en hacer lo que sea para lograr sus objetivos.
El incremento de la actividad sobre todo del narcotráfico en nuestro país es un hecho. Los tentáculos de esta actividad se vuelven muy poderosos debido a que con el caudal de “dinero negro” que maneja le es posible corromper todo a todos los niveles y por esto no extraña a nadie que políticos, policías y hasta jueces aparezcan involucrados con el narcotráfico que de otra manera no tendría posibilidades de realizar impunemente sus actividades.
Estamos a tiempo para enfrentar debidamente estas actividades y sin necesidad de hipotecar aspectos esenciales del sistema uruguayo, únicamente se trata de actuar a tiempo y como corresponde, denunciando y sancionando a quienes son tentados por estos malvivientes.
Apuntar certeramente a quien o quienes están facilitando y propiciando que estas actividades prosperen es la primera acción que debe encararse.
No se puede perder de vista por ejemplo, que hoy las bocas de venta de droga, están proliferando, a pesar de que más del 60 por ciento de los reclusos en la cárcel departamental están por un delito de comercialización de estupefacientes.
No queremos ver a nuestro país transformado en una nación donde los crímenes se vuelvan moneda corriente, como sucede lamentablemente en otras naciones de la región.
