Para erradicar de Punta del Este especialmente a gente con antecedentes penales, la Jefatura de Policía de Maldonado ha sacado a relucir nuevamente una antigua disposición legal (no sabemos si ley, decreto u otra forma) que años ha tuvo por objeto perseguir la vagancia.
Especialistas en derechos humanos sostienen que esta ley es absolutamente obsoleta, inconstitucional y ha sido derogada por disposiciones posteriores.
“Si todos los departamentos la aplicaran, tal como la aplica Maldonado, la gente con antecedentes tendría que ser expulsada del país, porque todo el Uruguay le exigiría que abandonara su territorio, sostienen estas fuentes.
A nivel jurídico, seguramente parece una posición razonable y a juzgar por las credenciales de quienes así opinan, seguramente que están acertados.
Ahora bien, más allá de este aspecto, entendemos que la realidad de este tipo de situaciones marca otra cosa.
Los casos extremos que se utilizan para fundamentar las posiciones suelen alejarnos de la realidad promedio. Si bien admitimos que en algunos casos puede haber gente con antecedentes penales, por delitos menores, como accidentes de tránsito y similares, que podrían verse afectados por la aplicación de este tipo de medidas, hay que ser claros, no es esta la situación.
Lo que se está haciendo es tratando de erradicar de la principal zona turística del país a gente con delitos “pesados” en materia delictiva. Se les pide que prueben medios de vida, domicilio y demás y si no son convincentes se les “invita” a dejar el departamento, alcance éste que precisamente despierta la polémica, dado que en esta época mucha gente de otros departamentos va al Este a buscar trabajo por la temporada estival.
Ahora bien, por qué entonces la mayoría de la opinión pública aprueba o al menos no rechaza (que es casi lo mismo) la acción encaminada por la policía fernandina.
Es que defender a las personas afectadas, presentándolas casi como “inocentes víctimas”, es ponerse en situación extrema. Es recurrir a alguna excepción puntual, presentándola como si fuera la situación general y habitual.
Entendemos la situación de los profesionales de Derecho que se limitan a “leer” la situación desde el aspecto jurídico, porque su profesión lleva a esto. No son legisladores, sino guardianes de que las leyes se apliquen tal como fueron concebidas.
Ahora bien, no siempre es lo mejor. No es asunto de juristas, pero la seguridad de una zona, como ésta, tan cara a los intereses del país, también merece la mayor consideración y por eso es lógico y razonable que se trate de protegerla de los potenciales delincuentes, que han golpeado periódicamente en Punta del Este.
La forma jurídica importa, seguramente, porque todo debe hacerse dentro de la ley, pero también es importante darle a quienes tienen por función preservar la seguridad de la población, las armas adecuadas para cumplir debidamente su misión. Si las tienen, más allá de esta ley que aplican, es la cuestión a resolver.
