La 135 edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional (Expo Rural), que estará abierta al público hasta el 30 de julio en Buenos Aires, cuenta con unos 400 expositores de los sectores más diversos, incluyendo desde maquinaria agrícola y productos veterinarios hasta servicios de todo tipo para el sector rural.
Pero la feria, que desde 1875 organiza la Sociedad Rural Argentina -una de las cuatro mayores patronales agropecuarias del país-, se ha consolidado sobre todo como punto de referencia para la exhibición y premiación de la mejor genética animal del país, con una participación de 2.000 ejemplares este año.
Además, esta histórica vidriera del potencial del campo argentino es escenario para la concreción de negocios, con transacciones que los organizadores proyectan para esta edición en 38.000 millones de pesos (136 millones de dólares).
El sector agropecuario argentino, muy golpeado por la sequía y ahogado por la presión tributaria y las múltiples regulaciones que atraviesan la actividad, reclama desde hace años la eliminación de los derechos de exportación -con alícuotas que llegan al 33 %-.
Esos derechos fueron eje de un severo conflicto que estalló en 2008 con el entonces Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y cuando el actual presidente, Alberto Fernández, era jefe de Gabinete, puesto que abandonó en medio de aquel conflicto con el campo.
Por eso, y otras medidas que han afectado al campo, la relación entre las patronales rurales y el actual Ejecutivo es, por momentos, ríspida.
Pero ningún sector político -ni el oficialismo ni la oposición- puede ignorar -y menos en tiempos electorales- a la actividad agropecuaria y a las cadenas industriales asociadas, que tienen un fuerte peso en la economía argentina.
Según datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, las cadenas agroindustriales generan el 67 % de los ingresos por exportaciones del país (59.519 millones de dólares en 2022) y emplean a 3,7 millones de personas, el 24 % del trabajo privado en el país.
El sector tiene además peso propio en las cuentas del país: aporta el 97 % de la recaudación por derechos de exportación, unos 10.591 millones de dólares en 2022.
Natalia Kidd
