¿Cómo prepara el Estado a los jueces? ¿Qué responsabilidades tienen? ¿Son ciudadanos intachables o pueden morir en el intento?
El trabajo de Justiciero
Los jueces no son un bicho raro. Son funcionarios públicos como cualquier otro, con una preparación profesional para ejercer el cargo y con una responsabilidad muy importante a la hora de administrar justicia, debido a que tienen la potestad, en función de la autoridad que revisten, de decidir sobre la vida de las demás personas.
Pero cómo se prepara una persona para ser juez. Qué les brinda el Estado para que lleguen a ejercer esa función. Y una vez que la cumplen, qué respaldo y contención tienen para mantener su firmeza y convicción a la hora de adoptar decisiones sobre el resto de la sociedad, que debe acudir a ellos como si fueran solucionadores de los conflictos sociales, aunque la gente no los vea tampoco así.
Es muy común escuchar a quienes se ven involucrados en distintos casos y esperan un fallo judicial sobre un asunto personal, decir que «confían en la justicia», pero al hacerlo, ¿están confiando en el funcionario que debe adoptar la decisión? ¿O confían en un ideal de justicia que a veces es más reglamentario y normativo que justo?
El caso de la jueza Anabella Damasco, una referente de estos funcionarios públicos a nivel del país, pero que fue enviada a la cárcel por apropiarse de dineros que le fueron confiados por casos delictivos en los que juzgó a sus responsables, disparó la alarma y puso nuevamente a los magistrados en el debate público.
En el presente informe, EL PUEBLO brinda una perspectiva sobre la realidad de los jueces en Salto. ¿Cómo se manejan? ¿Cuáles son sus responsabilidades cuando tienen a su cargo dineros depositados en expedientes que se están tramitando? ¿Pueden retirar ese dinero de las cuentas existentes? ¿Son inspeccionados por sus autoridades? ¿Hay criterios comunes o cada juez tiene su librito? Esto y más en el presente informe.
«El juez no debería ir nunca a la ventanilla de un banco a retirar dinero que pertenece a un caso», dicen jueces que trabajan en Salto
Tras la condena a prisión de la ministro del Tribunal de Apelaciones y ex presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Anabella Damasco, el tema de los depósitos de dinero de cuentas que son confiscadas por la justicia surge como interrogante. ¿Cómo debe operar un magistrado en estos casos? ¿El procesado si es absuelto o sale en libertad puede reclamar los dineros o bienes que le fueron incautados en el curso del procedimiento que lo llevó a prisión?
La realidad indica que son los Juzgados Penales los encargados de atender los casos en los que se concretan incautaciones de drogas, armas, dinero, o distintos elementos que provienen del ambiente delictivo.
Según algunos magistrados que revisten funciones en nuestro medio y que fueron consultados por EL PUEBLO para este informe, hay dos criterios que imperan en el proceder de dichos jueces a la hora de confiscar bienes o dinero de un imputado: «están aquellos que reciben en su Juzgado objetos o dinero, abren una cuenta en un banco bajo el rubro de la causa que se le sigue al acusado, la Policía es la que va realizar el depósito y luego justifica ante el juez la operación realizada».
En otros casos, argumentaron que hay jueces que «no reciben armas en el Juzgado, porque optan por dárselos a la Policía como depositaria. Hay de todo y hay libertad, porque hay jueces que quieren tener las cosas a la vista, ya sea drogas, dinero, armas lo que fuere, quieren tenerlo en su despacho para verificarlos como elementos de prueba y prefieren esto a las fotos que le proporciona la Policía Técnica, y lo mismo ocurre con la droga. Pero también hay otros jueces que no llevan nada al Juzgado Penal, solamente piden las fotos que saca la Policía Técnica y así se evitan problemas».
LAS INSPECCIONES DE LA SUPREMA CORTE
En los otros Juzgados, que no son de la materia penal, más que nada la tarea de los jueces pasa por librar órdenes de pago en distintos casos que así lo ameriten y los elementos de prueba generalmente por la propia temática que revisten, como civil, laboral, comercial, Familia son de menor peligrosidad.
La realidad es que si en cualquiera de los expedientes en trámite desaparece por ejemplo, un contrato, existe un perjuicio y es el juez el responsable de la situación. «Se trata de controlar todo con la mayor responsabilidad posible», aclaran los funcionarios consultados.
Aparentemente desde la Suprema Corte de Justicia se estaría pensando en cambiar el sistema de controles, estableciendo un protocolo de actuación.
Por encima del Juez está la Suprema Corte de Justicia, y ésta es la que viene pensando la idea de comenzar a regular la presencia de las inspecciones a los juzgados», aclararon.
Según pudo saber EL PUEBLO hace unas semanas atrás fueron inspeccionados los Juzgados Letrados de 5º y 6º Turno, que tienen casos civiles, laborales, comerciales y contenciosos administrativos. Aunque normalmente estas inspecciones duran entre dos y tres días, con esto no basta para lograr revisar todos los expedientes de una sede judicial. Las inspecciones controlan que estén todos los expedientes en su lugar, el decretero donde se publican los decretos que emiten los jueces y los diferentes oficios que aprueban los magistrados. También los juzgados tienen una cantidad de libros que llevar y por ejemplo el funcionario que es alguacil tiene 8 días para hacer una diligencia.
«La responsabilidad de lo que pase en un juzgado es siempre del juez, aunque si firma algo el funcionario que cumple de Actuario, que son escribanos que dan fe pública, ahí la responsabilidad por lo que ocurra en ese trámite que firmó también es de él», afirmaron los informantes.
Los jueces y el manejo de los dineros que deben confiscar a un acusado de delito: un tema delicado
ero uno de los aspectos más polémicos surgieron en los últimos tiempos, cuando se pudo conocer a través de una investigación interna del propio juzgado donde había cumplido funciones la jueza Anabella Damasco, que la magistrado procedía al retiro de capitales que habían sido depositado bajo el rubro de las causas que ella tenía a su cargo.
La situación salió a la luz cuando uno de los implicados en un caso de lavado de activos por el narcotráfico, fue absuelto por la Justicia y el mismo reclamó ante al el juzgado penal de 14º Turno de Montevideo, donde Damasco había sido la jueza actuante, que se le devolvieran los capitales confiscados en la oportunidad de ser procesado. Fue así, que la sucesora de Damasco en esa sede judicial, Adriana de los Santos, se dio cuenta que en la cuenta abierta en el Banco República donde se había depositado el dinero del encausado que había sido dejado en libertad, no estaba la misma cantidad de dinero que le había sido confiscada.
La investigación terminó con el caso públicamente conocido donde se pudo determinar que la jueza Damasco había procedido al retiro de dinero en provecho propio y con el consiguiente procesamiento con prisión de la magistrada.
LAS ÓRDENES DE PAGO
En ese sentido, los jueces que revisten funciones en Salto y que prefirieron mantener la reserva de su identidad, dijeron a este diario que el hecho de «librar una orden de pago, es algo normal que hacen los jueces en el ejercicio de su función y en distintos casos que se le presentan, en donde lo que se hace es habilitar a retirar dinero de una cuenta del Banco República vinculado con el expediente».
Señalaron que «antes también se podía abrir una cuenta en el Banco Hipotecario, pero eso hoy ya no es posible porque afín de concentrar todo para tener más control, las cuentas se centralizaron en el Banco República».
Sostuvieron que las partes suelen depositar, por ejemplo, el dinero de los honorarios de los peritos, de manera provisoria, presentando en la sede judicial la tirilla que le dan en el Banco como documento para ser presentado ante el juez.
Para liberar ese dinero, es el juez el que está obligado a librar la orden de pago para que los interesados vayan a la ventanilla y retiren el dinero, lo que conlleva una responsabilidad muy superior a la mera función de juzgar y fallar en un caso.
Pero en la opinión de los magistrados consultados para este informe, consideran que «el juez no debería ir nunca a la ventanilla de la entidad bancaria a retirar dinero», algo que sí hizo la procesada jueza Anabella Damasco.
«El dinero es del público, aunque esté en poder del Juzgado, pero no es lo que correspondería en realidad eso tendría que tener otro carril», opinaron. Aunque destacaron que en la tarea cotidiana en el juzgado no se ven ni se manejan montos de dinero, inclusive en un caso de conciliación, las mismas partes se entregan el dinero entre sí, sin pasar por el escritorio del juez. «Esos arreglos ya llegan hechos a nuestro despacho nosotros solo contamos con la conformidad de las partes, ni vemos el dinero», comentaron.
LOS JUECES EN LOS LICEOS
Hay un convenio con Educación Secundaria y con el CODICEN por el cual algunos tribunales están recorriendo los distintos liceos del país y están dando charlas, explicando qué es la Suprema Corte de Justicia, cuál es la función que cumplen los jueces y cómo trabajan.
Los informantes relataron que esto ha venido teniendo un «muy buen intercambio» entre los funcionarios judiciales y los estudiantes. Aunque informaron que este plan aún no ha llegado a Salto. Y explicaron que sí se está llevando a cabo en los departamentos de Tacuarembó y Montevideo.
NADIE QUIERE TRABAJAR DE JUEZ
Asimismo, los magistrados comentaron que el CEJU (Centro de Estudios Judiciales) donde se forman los abogados que quieren llegar a ser jueces, ha llegado al extremo de bajar los requisitos para entrar a la carrera de judicial y recibirse de juez.
Pero destacaron que en nuestro país es una realidad que «nadie quiere trabajar como juez». Es que los funcionarios consultados señalaron que «para la responsabilidad que se tiene, algunos jueces consideran que el sueldo que perciben no lo justifica».
Señalaron que los magistrados «están relegados a una dedicación permanente porque los jueces suelen llevar a su casa los expedientes para poder terminar de estudiar los casos y dictar sentencias, preparar las audiencias, y al otro día deben llegar a su despacho y encima tienen que enfrentar más trabajo durante todo el día. En el caso de los funcionarios que revisten funciones en la materia penal así como en los juzgados de violencia doméstica, están las 24 horas del día dedicados a eso».
En función de esto, la Asociación de Magistrados del Uruguay está planteando la problemática de las condiciones de trabajo de los jueces a nivel del gobierno para que se conozca más a fondo la situación «porque estiman que arriesgan su salud».
Una jueza penal que hasta hace poco tiempo cumplió funciones en Salto, la Dra. Marcela Vargas, aseveró a este diario en oportunidad de realizársele un reportaje que «a veces son las dos de la mañana y no me puedo dormir pensando en alguien a quien tuve que procesar con prisión porque su conducta encajaba con la ley penal. Pero es muy difícil soportar las condiciones en las que queda la familia y la persona en sí. Nosotros tenemos que ser objetivos y al momento de procesar no tomamos en cuenta estas cosas, pero después que nos vamos del juzgado y llegamos a casa, pensamos todo el día en lo que hicimos».
Al tiempo que otra magistrado que había antecedido a Vargas en ese juzgado, la Dra. Beatriz Larrieu, dijo a EL PUEBLO años atrás en el marco de una entrevista, que «los jueces no reciben contención psicológica ni un seguimiento por parte de la Corte para ayudarnos a sobrellevar el desgaste que genera esta tarea».
LO DE DAMASCO ES UN TEMA SENSIBLE
Lo que sucedió con Anabella Damasco es un tema muy sensible para los jueces locales porque aseguran que «nadie se esperaba este hecho y los jueces de todo el país están conmocionados porque la conocían muy bien. Porque era una referente para nosotros», dijeron.
Damasco era la vocera y ex presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), que presidió entre el año 2006 y 2008, y actualmente ostentaba ese cargo.
«Era una persona humilde y muy laburadora. Pero estamos conmocionados por el aspecto humano: si bien está procesada y podrá ser condenada o no la pregunta es ¿Cómo pudo hacer eso? Y ¿por qué lo hizo?», algo que para quienes cumplen su tarea con esmero, honestidad y dedicación parece hasta ahora incomprensible, pero se dieron cuenta que aunque su trabajo se rija por la frialdad de la ley, ellos también son de carne y hueso.
“A la Corte le causó estupor pero salió bien parada porque se saneó así misma”, dijo vocero de la SCJ
El portavoz del Poder Judicial, el Dr. Raúl Oxandabarat, dijo a EL PUEBLO para el presente informe que para la Suprema Corte de Justicia el caso de la Dra. Damasco causó estupor y aflicción entre los ministros de la máxima corporación de justicia. Dijo además que tras cartón el sistema salió “fortalecido por haberse saneado” así mismo y que en ese sentido, la “estrategia” de comunicación que encaró la Corte fue la de la “transparencia total” sobre este asunto para “despejar dudas” sobre su “buen funcionamiento”. Oxandabarat respondió a una entrevista de EL PUEBLO.
-¿Cómo quedó posicionada frente a la sociedad la justicia uruguaya tras el caso de corrupción de la Dra. Anabella Damasco?
-Sin lugar a dudas hay coincidencia entre los operadores del sistema de Justicia en cuanto a que el procesamiento de la Dra. Damasco (Ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno) fue un duro golpe a la imagen pública de la institución. Sin perjuicio de ello, creemos que el Poder Judicial emergió fortalecido de la situación, porque los jueces llamados a resolver, actuaron como toda la ciudadanía espera que ocurra en una institución sana y fuertemente afianzada en sus principios. La reacción de la Dra. Adriana de los Santos al constatar la existencia de irregularidades en su juzgado, disponiendo de inmediato una investigación administrativa y la labor desarrollada posteriormente por el Dr. Jorge Díaz (Juez Letrado Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno) fueron factores decisivos en este punto. Más allá de lo amargo que resultó el momento, más allá de la sorpresa y estupor que causó enterarse de que la protagonista era la Dra. Damasco, con su extensa carrera en la magistratura, con la jerarquía que alcanzó dentro del Poder Judicial y su valioso aporte desde la presidencia de la gremial de los magistrados, nos queda el consuelo de una actitud inflexible y cristalina, sin titubeos, a la altura de las mejores tradiciones que caracterizan a la Justicia de nuestro país.
-¿Cuál fue la reacción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia ante este hecho?
– El Presidente de la Suprema Corte, Dr. Leslie Van Rompaey, declaró públicamente su estado de aflicción por lo ocurrido, en tanto que el Ministro Dr. Jorge Chediak comentó que en los últimos cincuenta años no se tenía memoria de una situación como esta, más allá de cuatro o cinco casos puntuales en que fue necesario accionar contra magistrados por temas comparativamente menores. Se trata de algo que no había pasado en la historia de la Justicia uruguaya, esto es, que hubiera necesidad de enjuiciar penalmente a un Ministro de los Tribunales de Apelaciones. Una mácula que no tiene precedentes, y aún así no se dudó en lo que debía hacerse. La institución se saneó a si misma, sin intervención de factores externos y ahora realiza esfuerzos para recomponerse de la mejor manera posible.
-¿Cuál fue la estrategia comunicacional que encaró el Poder Judicial para dar a conocer a la ciudadanía un hecho de esta naturaleza?
-Nuestra estrategia comunicacional frente a esta situación fue muy simple. Abogamos por la mayor transparencia posible. Atendimos a todos los medios de comunicación explicando con la mayor claridad lo que estaba sucediendo. Acompañamos al juez de la causa, el Dr. Jorge Díaz, en ese trago amargo que significó dirigirse a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y explicar los fundamentos de su decisión. Entendemos que en estas situaciones lo mejor es aportar exactitud en relación a los datos que se manejan públicamente y, al mismo tiempo, resaltar la importancia de una acción efectiva del Poder Judicial, indicadora de la sanidad del sistema y de su fortaleza. Todo lo demás, la reflexión de la opinión pública en relación con este asunto, nos encuentra como meros espectadores, tal como debe ser en una democracia, donde todos tienen derecho a expresar libremente su pensamiento. Fue una experiencia que, en lo personal, califico como un episodio triste, tomando en cuenta el aprecio que tengo por la Dra. Damasco con quien he trabajado y aprendido mucho sobre Derecho y comunicación, áreas en las que se desempeñó muy bien. Uno debe aprender de esta clase de cosas, esta obligado por la profesión, pero muy especialmente por el deseo de superación que debe caracterizar nuestros rasgos humanos más profundos. Se aprende más de los errores que de los aciertos. Y eso es tan válido para las personas como para las instituciones.
El mayor volumen de trabajo durante el año 2010 se dio en Juzgados de Familia y Violencia Doméstica
Algo que habla a las claras de la sociedad en la que vivimos, según los datos 
oficiales de la Suprema Corte de Justicia el mayor número de conflictos judiciales en nuestro país, se da en los juzgados de Familia.
La información establece que en el año 2010, en todos los juzgados de Salto se iniciaron 7.294 asuntos (siete mil doscientos noventa y cuatro). Según el Anuario Estadístico elaborado por la Suprema Corte de Justicia «la demanda de servicio de justicia disminuyó en el año 2010 un 4,3 % respecto del año 2009».
SEDES PENALES
En el caso de Salto, el Juzgado Penal, de Adolescentes y Aduanero de 2º turno durante el año 2010 tuvo a su cargo 819 casos iniciados, de los cuales la mayoría fueron de materia penal (781) siguiendo adolescentes (45) y 8 asuntos de aduana. Se dictaron 120 sentencias y quedaron pendientes al 31 de diciembre de ese año, 991 expedientes en trámite.
La otra sede penal de Salto, la de 4º turno, tuvo a su cargo en 2010, la cantidad de 1.014 (un mil catorce) casos iniciados, de los cuales 972 son asuntos penales, 52 de adolescentes y 8 de aduana. Se dictaron en ese lapso 128 sentencias y quedaron 1.122 expedientes en trámite a fines del año 2010.
SEDES DE FAMILIA
En el caso de los Juzgados de Familia y Violencia Doméstica, estos son los que presentan el mayor volumen de trabajo por la presencia de conflictos. Así, el Juzgado de 1er. Turno de Salto recibió el año pasado 1.602 (un mil seiscientos dos) asuntos iniciados, de los cuales 1.071 son temas de Familia (sucesiones, divorcios, pensiones alimenticias, etc.) 390 de violencia doméstica y 141 vinculados a la niñez (desamparo, abandono, entre otros). Esa sede dictó 172 sentencias, se realizaron 1.721 audiencias y quedaron pendientes 4.362 expedientes en tráseiscientos dos) asuntos iniciados, de los cuales 1.071 son temas de Familia (sucesiones, divorcios, pensiones alimenticias, etc.) 390 de violencia doméstica y 141 vinculados a la niñez (desamparo, abandono, entre otros). Esa sede dictó 172 sentencias, se realizaron 1.721 audiencias y quedaron pendientes 4.362 expedientes en trámite al último día del 2010.
Respecto al juzgado de 3er. Turno de Salto, fueron 1.609 (un mil seiscientos nueve) los casos iniciados en 2010, de los cuales 1.062 fueron casos de Familia, 425 de violencia doméstica y 122 vinculados a la niñez. Fueron 198 las sentencias dictadas y 971 las audiencias realizadas, quedando 3.668 expedientes en trámite para el presente año 2011.
EN SEDES CIVILES
En los dos turnos de los juzgados civiles, la actividad es sensiblemente menor en cuanto a los números. Así en el juzgado de 5º turno de Salto (que entiende al igual que el de 6º en temas civiles, comerciales, laborales, administrativos) se iniciaron en el año 2010, unos 256 (doscientos cincuenta y seis) casos de los cuales 90 fueron civiles (reparaciones patrimoniales, incumplimientos de contratos, entre otros), hubo 162 casos laborales, 3 contenciosos administrativos y 1 de conciliación. Se dictaron 81 sentencias y se celebraron 570 audiencias, quedando 1.301 expedientes en trámite para el 2011.
Por su lado el juzgado de 6º turno inició 224 (doscientos veinticuatro) casos: de los cuales hubo 127 civiles, 91 laborales, 1 contencioso administrativo y 5 conciliaciones. Se dictaron 105 sentencias, hubieron 611 audiencias, quedando en trámite para el año 2011, 860 expedientes.
JUSTICIA DE PAZ
Entre tanto, en los 3 turnos de los juzgados de Paz departamentales se marcaron números similares. En el primer turno se iniciaron 388 asuntos, se dictaron 31 sentencias, 154 audiencias, quedando 902 expedientes en trámite. En el 2º turno fueron 505 los asuntos iniciados, se dictaron 59 sentencias, 230 audiencias, quedando 1.041 expedientes pendientes de resolución para el presente años.
Al tiempo que el juzgado de paz del 3er turno tuvo 546 asuntos iniciados, 35 sentencias dictadas, 271 audiencias celebradas, quedando pendientes 536 expedientes para este año.
EN EL INTERIOR DE SALTO
El volumen de asuntos iniciados desciende mucho más en los juzgados de Paz de primera o de segunda categoría del interior del departamento. En Constitución fueron 95 los asuntos iniciados, se dictó una sentencia dictada y se realizaron 3 audiencias. En Pueblo Biassini se iniciaron 20 asuntos, en Pueblo Lavalleja 91, en Pueblo Belén 55 y en la localidad de Masoller hubo 8 asuntos iniciados. Por su lado en barrio Albisu se registran como iniciados durante el 2010 a 17 asuntos, en la localidad de Cerros de Vera 23 y en Pueblo Quintana se llegó el año pasado a cumplirse 22 asuntos judiciales iniciados.
