El recinto judicial del Juzgado penal en Salto está en estado deplorable. Salvo las salas de audiencias y algunas oficinas, el resto de los ámbitos, que es por donde usualmente circulan los operadores del sistema (fiscales, defensores públicos y abogados) no está en las mejores condiciones.
Si bien el hábito no hace al monje, es bueno desear que alguna vez el gobierno se encargara de invertir en el Poder Judicial considerada, desde siempre, La Cenicienta de los tres poderes estatales, por ser el único que no decide su presupuesto y se lo tiene que mendigar al poder político (Ejecutivo y Legislativo) con el fin de lograr mejoras.
Esto se ve reflejado en la falta de recursos humanos con los que cuenta, en las carencias graves de infraestructura, en la ausencia de recursos para cumplir, primero con lo que mandatan los nuevos códigos cuyos textos normativos son adaptados de las cortes europeas, que manejan presupuestos en serio.
Si la administración de justicia es la que le debe dar garantías institucionales al pueblo, debería ser su presupuesto acorde a ese concepto, con el fin de que se cumpla en este país la vigencia de un Estado de Derecho que ya al recibir a cualquier ciudadano, le esté haciendo honor y dando importancia a su queja.
