Lejos ha quedado el ruido electoral, cuando hace más de un año que se cumplieron las elecciones municipales. El largo proceso electoral uruguayo, probablemente el más largo del mundo, dado que insume casi dos años desde las elecciones internas obligatorias para cada partido, hasta las departamentales, esta vez, por primera vez tuvo además la «complicación» de las municipales, para la elección de alcaldes y cuatro concejales del Concejo Municipal en localidades más pequeñas.
Un proceso que necesariamente necesita de una revisión.
Un proyecto desgastante para el electorado y para el propio sistema, en cuanto necesariamente dos años de actividad electoral son demasiado para cualquier sistema. En definitiva, cuando la fuerza política en el gobierno termina de atender los asuntos electorales, le quedan sólo tres años para gobernar.
Es este uno de los temas que está más «conversado» a nivel político, sin embargo aún no se toman iniciativas concretas para racionalizar el sistema.
Nadie puede ignorar que el actual sistema, producto de una reforma de la Ley Electoral, que separó las elecciones municipales de las nacionales y estableció el régimen de «ballotage» o segunda vuelta, tiene mucho de improvisado y adecuado a las circunstancias.
Obviamente las fuerzas políticas prefieren dedicar todo su esfuerzo a atender las tareas de gobierno, ya sea para apoyarlo desde el oficialismo, o para cuestionarlo desde la oposición.
Ahora bien, es en este entretiempo cuando está más distante el apasionamiento propio de la contienda electoral, cuando debería dedicarse tiempo y esfuerzo para acordar el sistema más justo que pudiera hallarse a efectos de que el resultado reflejara de la mejor manera posible la expresión de la voluntad popular.
Hay aspectos específicos a dilucidar de una vez por todas, como el manido tema de la remuneración de los ediles.
Hay también aspectos urgentes a contemplar si se quiere avanzar en la autonomía electoral y en el grado de autonomía económica de los municipios que conforman cada departamento.
En estas columnas hemos expresado nuestra opinión personal en este aspecto. El hecho de que el votante de un municipio debe obligatoriamente votar al candidato del partido cuyo candidato a Intendente apoye, es una atadura a nuestro juicio totalmente irracional.
Le impide votar al vecino que conoce y considera más capaz y mejor para ejercer el cargo de alcalde.
Si lo que se busca es que el ciudadano que vive en esas localidades sea quien elija libremente a la persona que considera mejor para el cargo, no le deberíamos poner estas ataduras burocráticas que van en detrimento de la voluntad del ciudadano.
Son muchos aspectos para revisar y esta es la hora de dedicar tiempo y recursos humanos para hacerlo.
