En esas columnas hemos planteado la problemática que se anuncia en relación a la tecnología. La incorporación de equipamiento y de tecnologías ha tenido hasta el momento un costo a nivel de trabajo humano que se ha ido sobrellevando, pero no se ha logrado visualizar en todo su dimensión.
Por una parte los trabajadores reclaman la pérdida de trabajo humano que se está vislumbrando debido a la incorporación de tecnología.
En contrapartida los empresarios sostienen, que de continuar con los costos actuales de trabajo humano, sus empresas no podrán competir con la producción de aquellas que han incorporado tecnologías, eliminando el costo de un trabajador.
No hay que olvidar que ya sea un robot u otro equipamiento que sustituye al menos en parte el trabajo humano, no sólo no recibe sueldo, sino que tampoco aporta absolutamente nada al sistema de seguridad social. Es decir, no sólo que ocupa el lugar de un trabajador humano, sino que le quita también aportes a un sistema ya muy complicado desde el punto de vista económico como es el de los derechos sociales.
Este es un aspecto delicado porque el Banco de Previsión Social arrastra un déficit importante y aunque este costo no sea voluminoso, aumenta el déficit que habitualmente debe solventar el Estado, que no es otra cosa que todos los uruguayos.
Este es en definitiva uno de los aspectos que el Uruguay del futuro deberá solucionar, ya sea fijando un aporte de quien incorpore tecnología o bajando los costos de la mano de obra humana.
En caso contrario la anunciada crisis del Banco de Previsión no se hará esperar, la fuerte discusión que se observó ahora en relación al tema de los “cincuentones”, finalmente incorporados al sistema del BPS, cuando de acuerdo al plebiscito realizado veinte años atrás, cuando tenían menos de 40 años, se les había obligado a elegir una Administradora de Fondos de Ahorro Previsionales (AFAP), de las que ahora el sistema del BPS debió “rescatarlos”.
Esto obviamente no será gratuito y el costo se estima entre 2000 y 2500 millones de dólares en los próximos 50 años (ignoramos por qué se lo calculó en este lapso).
Seguramente que los afectados por la situación tenían todo el derecho del mundo de reclamar, como también lo tienen los actuales beneficiarios del sistema del BPS. En el medio quedan las AFAP que según se señalan han ganado unos 100 millones de dólares en este lapso sólo por administrar estos fondos, que prestan al propio Estado y a quienes de acuerdo a la nueva ley se les obligará a rebajar la comisión que cobran.
