Montevideo, 3 ene (EFE).-El Gobierno de Uruguay aprobó en el transcurso de 2016 la indemnización sanitaria vitalicia y gratuita a 412 víctimas de la actuación ilegítima del Estado, que comprende el período entre 1968 y 1985, según informó hoy la Presidencia de la República.
Dicha retribución se otorgó a través de la Comisión Especial de Reparación, que fue creada por la ley 18.596 (que prevé el reconocimiento de estas víctimas) en 2009 y que está integrada por representantes de varios ministerios uruguayos y organizaciones civiles. La reparación en salud incluye «asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica», según detalla el portal de la Presidencia. Asimismo, señala que se expidieron 413 reparaciones económicas durante 2016, que son entregadas por la comisión por una única vez.
La ley establece que podrán recibir una indemnización económica aquellas personas que integren alguno de los cuatro causales previstos, que incluyen a personas con familiares desaparecidos o fallecidos, familiares que hayan sufrido lesiones graves, niños secuestrados por más de 30 días y niños nacidos en cautiverio.
Nicolás Pons, presidente de la Comisión de Reparación, señaló a Presidencia que con las indemnizaciones otorgadas en 2016 se alcanzó a cubrir el 88 % de las demandas, que alcanzarán su totalidad en 2017.
El período cubierto por la ley incluye el tiempo durante el que se desarrolló la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985).
Durante esos años desaparecieron 192 personas, en el marco de una operación internacional conocida como «Plan Cóndor», mediante la cual en los años 70 y 80 los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay coordinaron acciones contra la «subversión».
Hasta la fecha, desde que empezó la búsqueda de restos durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005-2010) se han encontrado restos óseos de dos personas que no pudieron ser identificadas y los de cuatro ciudadanos que figuran en la lista de 192 desaparecidos.
