La mayoría nacionalista de la Junta Departamental de Paysandú acaba de aprobar una recesión del órgano legislativo departamental hasta después de las elecciones departamentales.
La medida cuestionada por toda la oposición, colinda la propia Constitución de la República, en cuanto al período de recesión anual está rigurosamente establecido en el Reglamento Interno (primero de enero al 15 de febrero) de cada año. En este caso se desconoció por completo la disposición.
La decisión de la Junta Departamental sanducera establece que el órgano legislativo permanecerá en receso y sólo sesionará en régimen de sesión extraordinaria, vale decir que si bien no se niega totalmente la posibilidad de sesionar, se la reduce notoriamente.
El argumento adoptado por la Junta Departamental de Paysandú es totalmente contraproducente por muchas razones. En primer lugar se afirma que se la toma “para hacer política”, es decir para que los ediles que la han aprobado se dediquen a la actividades partidarias con miras a las elecciones departamentales de mayo próximo, dentro de casi dos meses.
Se supone que en ocasión de las elecciones nacionales e incluso de las anteriores elecciones departamentales, se presentó la misma situación y a lo sumo se canceló alguna reunión puntual queno tenía temas demasiado importantes para considerar.
Quiere decir que los ediles oficialistas de hoy no se sienten capaces de desarrollar paralelamente ambas actividades, como lo hicieron sus antecesores.
Es malo por donde se lo mire, porque la Junta Departamental se autodefine en todas partes como “caja de resonancia” de los problemas de las comunidades en todos lados. Mal puede representar esta posibilidad para la ciudadanía si se votan nuevas “vacaciones” de dos meses.
Probablemente haya llegado la hora de reconsiderar muchos de los aspectos que conciernen a las juntas departamentales. Esto es número de integrantes e incluso el hecho de que sean honorarios o no.
Desde estas columnas hemos sostenido que el número de ediles es a todas luces exagerado y sin bien no tienen sueldo, si tiienen prebendas varias, como obsequios de computadoras, celulares, vales de nafta, pago del consumo de la telefonía móvil, patente gratis y entrada a los espectáculos públicos entre otros.
Todos aspectos que en alguna medida se justifican, siempre y cuando sean usados prudente y razonablemente y en otras no, cuando hay exageraciones y mal uso.
En resumidas cuentas, creemos que el número de ediles debe ser menor, quizás 15 o 17 y además deben de tener un sueldo acorde a la función y dedicación que se le exija, entre éstas obviamente debe ser la de asistencia a las sesiones ordinarias de todo el período, que obviamente no deberá modificarse.
Cambiar hoy las reglas del juego, cuando de alguna manera ´`estas estuvieron en juego cinco años atrás, cuando se hizo la elección departamental seguramente ha sido un error garrafal.
Esperemos que al menos no surjan imitadores.
La mayoría nacionalista de la Junta Departamental de Paysandú acaba de aprobar una recesión del órgano legislativo departamental hasta después de las elecciones departamentales.
La medida cuestionada por toda la oposición, colinda la propia Constitución de la República, en cuanto al período de recesión anual está rigurosamente establecido en el Reglamento Interno (primero de enero al 15 de febrero) de cada año. En este caso se desconoció por completo la disposición.
La decisión de la Junta Departamental sanducera establece que el órgano legislativo permanecerá en receso y sólo sesionará en régimen de sesión extraordinaria, vale decir que si bien no se niega totalmente la posibilidad de sesionar, se la reduce notoriamente.
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El argumento adoptado por la Junta Departamental de Paysandú es totalmente contraproducente por muchas razones. En primer lugar se afirma que se la toma “para hacer política”, es decir para que los ediles que la han aprobado se dediquen a la actividades partidarias con miras a las elecciones departamentales de mayo próximo, dentro de casi dos meses.
Se supone que en ocasión de las elecciones nacionales e incluso de las anteriores elecciones departamentales, se presentó la misma situación y a lo sumo se canceló alguna reunión puntual queno tenía temas demasiado importantes para considerar.
Quiere decir que los ediles oficialistas de hoy no se sienten capaces de desarrollar paralelamente ambas actividades, como lo hicieron sus antecesores.
Es malo por donde se lo mire, porque la Junta Departamental se autodefine en todas partes como “caja de resonancia” de los problemas de las comunidades en todos lados. Mal puede representar esta posibilidad para la ciudadanía si se votan nuevas “vacaciones” de dos meses.
Probablemente haya llegado la hora de reconsiderar muchos de los aspectos que conciernen a las juntas departamentales. Esto es número de integrantes e incluso el hecho de que sean honorarios o no.
Desde estas columnas hemos sostenido que el número de ediles es a todas luces exagerado y sin bien no tienen sueldo, si tiienen prebendas varias, como obsequios de computadoras, celulares, vales de nafta, pago del consumo de la telefonía móvil, patente gratis y entrada a los espectáculos públicos entre otros.
Todos aspectos que en alguna medida se justifican, siempre y cuando sean usados prudente y razonablemente y en otras no, cuando hay exageraciones y mal uso.
En resumidas cuentas, creemos que el número de ediles debe ser menor, quizás 15 o 17 y además deben de tener un sueldo acorde a la función y dedicación que se le exija, entre éstas obviamente debe ser la de asistencia a las sesiones ordinarias de todo el período, que obviamente no deberá modificarse.
Cambiar hoy las reglas del juego, cuando de alguna manera ´`estas estuvieron en juego cinco años atrás, cuando se hizo la elección departamental seguramente ha sido un error garrafal.
Esperemos que al menos no surjan imitadores.
