La empresa del presidente estadounidense, Donald Trump, tenía grandes esperanzas en un desarrollo inmobiliario en Uruguay, pero la construcción de la torre lleva tiempo acumulando problemas que son representativos de la Organización Trump en general. 
PUNTA DEL ESTE, Uruguay — Eric Trump, uno de los hijos del presidente estadounidense Donald Trump, viajó en enero a Punta del Este, un sitio playero en una parte de la costa de Uruguay que sobresale hacia el Atlántico sur.
Eric Trump iba de camino a uno de los más ambiciosos proyectos de desarrollo que la empresa de la familia tiene en curso: una torre frente al mar de 156 condominios y 25 pisos, con todo y una cancha techada de tenis, varias albercas y un helipuerto en la azotea. “Es increíble”, dijo Eric Trump a los reporteros en el viaje. “Tenemos el mejor edificio que haya en todo Punta del Este y en toda América del Sur”.
Más bien, el rascacielos cilíndrico se está convirtiendo en la más reciente debacle de la extensa cartera de propiedades de la Organización Trump, una cuestión que involucra a una firma inmobiliaria argentina poco conocida cuya sede está en una ciudad fiestera y llamativa que ha sido destino para lavadores de dinero y evasores de impuestos.
Si todo sale a la perfección, la Trump Tower Punta del Este se terminará a finales de 2020, aproximadamente unos cuatro años después de lo programado. Sin embargo, la gente involucrada en el proyecto dijo no estar segura de que se termine ni de cuándo sucederá.
La construcción avanza a duras penas, en parte debido a que actualmente menos de un cuarto de los trabajadores necesarios están trabajando. La agencia inmobiliaria con sede en Miami que está a cargo de la venta de los condominios demandó al desarrollador local de Trump. Algunos compradores ahora están buscando vender sus unidades, lo cual posiblemente haría que los precios bajen justo cuando el proyecto necesita captar efectivo mediante la venta de nuevas unidades. La torre está deshabitada actualmente.
“Claro que no”, dijo Richard Sampallo, director del sindicato que representa al equipo de construcción, cuando se le preguntó si terminaría para la fecha contemplada de finales de 2020. Al ritmo actual, calcula que se necesitarían otros cuatro años, momento en el cual se cumpliría casi una década desde que arrancó el proyecto.
Como sucede con otros desarrollos internacionales, la Organización Trump no es la que construye la torre de Punta del Este. Más bien otorgó la licencia de uso del nombre “Trump” a cambio de quedarse con una comisión de la venta de unidades.
Los problemas de la torre en Uruguay son un microcosmos de los retos que enfrenta la empresa del presidente estadounidense a medida que se juega su futuro en proyectos fuera de Estados Unidos. En febrero, la Organización Trump anunció que suspendería todos los proyectos de hoteles nuevos en ese país. En consecuencia, la empresa depende más que nunca de proyectos internacionales a largo plazo, como los de Uruguay, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos.
Para una empresa cuyo propietario mayoritario es el presidente de Estados Unidos, esta estrategia centrada en lo internacional presenta riesgos.
Por ejemplo, según cuatro personas con conocimiento del tema, una figura clave en la concepción del contrato de Punta del Este —quien también trató de vender condominios en el inmueble– es el ahora ministro de Hacienda de Argentina. Ese ministro, Nicolás Dujovne, negoció el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (cuyo financiador más importante es el gobierno de Estados Unidos) un rescate para Argentina.
Además, algunas de las personas que han aceptado comprar condominios han enfrentado problemas jurídicos en sus países de origen, incluyendo acusaciones de evasión fiscal. Según registros inmobiliarios revisados por The New York Times, entre los compradores se encontraban al menos veintiún empresas anónimas registradas en jurisdicciones offshore, o con ventajas fiscales, como Panamá y Belice.
Una parte de las ganancias de cada venta van a la empresa de Trump, que por lo general cobra aproximadamente el cinco por ciento del precio de compra.
Otros desarrolladores internacionales de Trump también se han quedado sin impulso. Un proyecto de hotel y condominio planeado en Baja California, México, nunca pasó de los cimientos de concreto antes de ser abandonado en medio de una serie de demandas.
Otra torre en Bakú, Azerbaiyán, sigue sin abrir después de retrasos en la construcción y sobrecostos (los Trump se desvincularon del proyecto después de la elección presidencial de 2016, entre cuestionamientos sobre los vínculos políticos de su socio azerbaiyano). Al menos otros siete proyectos anunciados en otros seis países nunca despegaron.
Los representantes de la Organización Trump y su socio local, YY Development Group de Buenos Aires, se negaron a hacer comentarios.
“Es un chiste”, dijo Felipe Rozenmuter, quien administra una tienda de instrumentos musicales en Argentina y tiene un contrato para un apartamento en el edificio de Trump. “No hay nadie trabajando ahí. Todo está parado”.
Se puede decir que Punta del Este es la capital del consumo ostentoso de América Latina. Durante la temporada alta de verano, alrededor de 400.000 personas llegan a la ciudad, cuya población durante el resto del año ronda los 20.000 habitantes. Los visitantes provienen en su mayoría de Buenos Aires, a media hora en jet privado. Las playas están llenas de yates. Celebridades como Mark Zuckerberg y Naomi Campbell han vacacionado en Punta del Este.
En los últimos años ha brotado un pequeño bosque de rascacielos, y la ciudad, antes tranquila, ahora parece una versión miniatura del Miami de los setenta. Se están erigiendo más torres, incluyendo proyectos de marcas de lujo como Fendi Chateau y Cipriani. Algunos departamentos se venden en más de 5 millones de dólares.
Punta del Este también es famosa por otra cuestión: durante décadas, los argentinos adinerados y otros ricos han sacado dinero de su país para invertirlo en inmuebles en Punta del Este a fin de evadir impuestos. El año pasado, Uruguay reformó sus leyes antilavado de dinero, debido a incidentes de alto perfil que incluían a un cártel del narcotráfico mexicano que lavaba dinero por medio de residencias en Punta del Este.
La Organización Trump no ha sido acusada de actuar de manera ilegal en el proyecto de Punta del Este.
En 2007, la empresa estaba apenas adentrándose en América Latina, donde tenía la intención de construir un campo de golf y un desarrollo de villas en República Dominicana. Los funcionarios inmobiliarios locales dijeron que un desarrollador involucrado en ese proyecto —el cual se descarriló debido a problemas financieros— presentó a los Trump con dos desarrolladores inmobiliarios argentinos, Moisés Yellati y Felipe Yaryura, para negociar un desarrollo en Punta del Este.
Para finales de 2011, Yellati y Yaryura habían reunido a un grupo de inversionistas y compraron el terreno en Punta del Este, según personas familiarizadas con el acuerdo. Pagaron aproximadamente 18 millones de dólares.
Otra figura central en las primeras etapas del proyecto fue el cuñado de Yellati, Dujovne, quien se convertiría en ministro de Hacienda de Argentina. Dujovne era un economista destacado y una personalidad de programas televisivos, y la firma de arquitectura de su padre estaba a cargo de diseñar la torre. Dujovne estuvo involucrado en la compra del terreno y después trató de vender condominios a sus contactos en Buenos Aires, según gente que tiene conocimiento sobre su participación.
La Organización Trump dio a conocer el contrato en 2012 y anunció que la torre estaría terminada para 2016. Los hijos de Trump Eric e Ivanka viajaron a Punta del Este a principios de 2013 para la ceremonia de inicio del proyecto. Dos años más tarde, Eric regresó, en esta ocasión con su esposa Lara, para celebrar el comienzo de la construcción con una fiesta en la que se sirvió el vino tinto nacional de Uruguay, Tannat.
La construcción del inmueble se iba a pagar con dinero recaudado de la venta de los condominios, lo cual significaba que era fundamental para los desarrolladores encontrar compradores rápido. YY Development Group dependía de la marca Trump para publicitar el proyecto; llenó su página web con referencias a la Organización Trump.
Luego comenzaron los problemas.
Y había usado el terreno del proyecto como garantía para gestionar al menos dos préstamos uno de los cuales ascendía a 5 millones de dólares. Sin embargo, no informaron sobre el segundo préstamo a algunos de los primeros compradores de condominios, según documentos judiciales. Cuando los futuros propietarios se enteraron de que las finanzas de los desarrolladores eran mucho más precarias de lo que creían, algunos cancelaron sus contratos, según dos personas familiarizadas con el asunto.
Después hubo una controversia con el gestor inmobiliario contratado para vender unidades, Fortune Realty of Miami, que demandó a YY por 3,3 millones de dólares por daños y comisiones presuntamente no pagadas.
La demanda sigue pendiente en Uruguay. Una posibilidad es que Fortune Realty busque un embargo de la propiedad, lo cual podría evitar que YY venda unidades hasta que se resuelva el litigio.
A diferencia de los bancos, los desarrolladores inmobiliarios no están sujetos por ley a investigar a los futuros compradores, lo cual convierte a los proyectos en lugares como Punta del Este en vehículos populares para el lavado de dinero. En Uruguay, las compras de condominios comúnmente se hacen en efectivo.
Al menos tres de los departamentos de la torre en Punta del Este fueron adquiridos por empresas o individuos vinculados con un par de contadores uruguayos que colaboraban con frecuencia para constituir empresas fantasma con el despacho de abogados Mossack Fonseca, en Panamá. Los archivos filtrados de la firma, conocidos como los Panama Papers, llegaron a manos del periódico alemán Süddeutsche Zeitung y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y ofrecen un vistazo al interior del mundo del lavado de dinero y la evasión fiscal extraterritorial.
Mientras tanto, la participación de Dujovne en las primeras etapas del proyecto ha cobrado nueva importancia ahora que Trump está en la Casa Blanca. Después de que Trump fue elegido en 2016, el presidente de Argentina nombró a Dujovne ministro de Hacienda.
En una conferencia de prensa días después, se le preguntó a Dujovne sobre su relación con la familia Trump. Mencionó el trabajo de su padre y su cuñado en el proyecto de Punta del Este, pero no dio detalles sobre su participación. “Mi relación ocurrió ya muchos años, cuando todavía el actual presidente [de Estados Unidos] no había iniciado su carrera política”, declaró en ese entonces.“Hace muchísimos años que no tengo contacto”.
Y un portavoz del ministro argentino comentó al Times: “El ministro Dujovne tiene inversiones en el sector privado, algunas de ellas en Uruguay. Todas esas inversiones fueron realizadas antes de su ingreso a la gestión pública y han sido declaradas ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción”, en referencia a las autoridades hacendaria y de transparencia argentina.
Por Jesse Drucker y Manuela Andreoni para The New York Times.
