Si de la noche a la mañana Concordia nos levantara una industria de grandes dimensiones en la costa vecina, por más que nos “informara” de qué se trata, obviamente que los uruguayos reclamaríamos.
Quizás no mediante las prácticas de Gualeguaychú en la disputa actual, pero sí por las vías diplomáticas y jurídicas que corresponda hacerlo.
Esto es muy claro y fue lo que pasó con Botnia.
De acuerdo a lo que ha sostenido La Haya, Uruguay no cumplió con el formalismo legal establecido para este tipo de obras que afecta recursos compartidos, como lo es en este caso el río Uruguay.
En las últimas horas hemos escuchado las explicaciones del Dr. Didier Opertti, por entonces canciller de la República cuando se procesó todo lo relativo a la instalación de la planta de celulosa.
En resumidas cuentas, el Dr. Didier Opertti sostiene que el Uruguay informó, pero entendiendo que la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), no tiene más atribuciones que la de recibir información, cumpliendo con esto – que según el Dr. Opertti se hizo – se satisfacía el requerimiento, sin tener que esperar “resolución” alguna de la CARU.
No es lo que ha entendido la Corte de La Haya.
En buena medida el máximo órgano de justicia de Naciones Unidas, señala que Uruguay nunca informó, al menos correctamente y autorizó la construcción sin esperar pronunciamiento alguno de la comisión binacional.
Con el debido respeto al catedrático, expresamos nuestro desacuerdo con una visión, que evidentemente fue errónea. La propia creación de la CARU, se hizo en el entendido que debía pronunciarse en relación a todo lo que de alguna manera afecta o podría afectar al río Uruguay. Su misión es asesorar a los gobiernos en este sentido.
Bajemos a la realidad del tema. Recordemos que se comienza a gestar simultáneamente a la crisis del año 2002, cuando nuestros países necesitaban inversiones urgentemente.
Botnia había proyectado inicialmente establecerse en Entre Ríos, posteriormente optó por Uruguay y por lo tanto, era de prever que la complacencia de Argentina para dar anuencia a la obra sería muy difícil de lograr.
Quizás en esta disyuntiva, las cosas se plantearon de la manera que se siguieron, implantando Botnia sin más ni más.
Que quede claro. No por el hecho de que los principales reclamos argentinos hayan quedado por el camino, tiene Uruguay motivo alguno para sentirse complacido.
El incumplimiento de las normas, en referencia a un bien compartido, no sólo deja una imagen negativa de mal vecino, de imposición por la vía de los hechos, dejando de lado el diálogo y las negociaciones. Crea una situación muy dificultosa para el futuro. Será muy difícil lograr que una obra nacional, que tenga que ver con el río, logre la anuencia del otro país involucrado.
Mucha sabiduría y sentido común tendrán que poner de ahora en más los presidentes de Uruguay y Argentina, para hacer primar la razón y el sentido común, por sobre la resistencia “innata” que habrá de generar cualquier obra, así sea beneficiosa para ambas naciones.
Esta es la cuestión.
