Tras maratónica sesión en la Junta Departamental, el presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez, acusó a la Intendencia de Salto de faltarle la verdad al pueblo sobre los 291 despidos. Denunció que el gobierno negó haber contratado asesores externos y que desconoce la negociación colectiva.

DGI reduce el descuento de IMESI en naftas para zonas de frontera. A partir del 1º de octubre, la rebaja en Salto y el litoral con Argentina será del 33%, dos puntos menos que el mes anterior. La medida busca acompasar la diferencia de precios, pero impacta en el bolsillo de los consumidores.

La FUM-TEP, a través de su secretaria general Alejandra Pereira, alerta sobre el bajo presupuesto educativo del Ejecutivo. Reclaman el 6+1% del PBI y advierten sobre las consecuencias del recorte: aulas superpobladas, falta de recursos y precarización. Apoyan la propuesta del Codicen y analizan un paro.

El jefe del Ejecutivo departamental brindó una primicia importante al revelar que los directores de las distintas áreas de la intendencia vienen realizando una evaluación de cada caso. Si bien el cese será total, un grupo de estos funcionarios será recontratado. Los criterios para su reincorporación son diversos, y buscan responder a situaciones de especial vulnerabilidad o de desempeño destacado.

ACAS y vecinos de Salto se oponen a la instalación de una planta de compostaje en Corralitos. La organización ambientalista denunció los riesgos sanitarios y ambientales del proyecto ante el Ministerio de Ambiente. Este proyecto de inversión privada ya había sido presentado en la administración anterior y despertó críticas entre los distintos actores.

Ciudadanos y técnicos recolectan firmas para derogar el decreto que consideran perjudicial para el interés público, aumentando los costos para el contribuyente y favoreciendo intereses privados. El plazo de 15 días ya comenzó y las mil firmas ya fueron alcanzadas pero continúan trabajando para generar un "colchón".

El MTOP puso fin al proyecto de puerto de barcazas en Salto Grande. El fracaso, atribuido a la falta de inversores, aviva la polémica sobre responsabilidades. Este hecho se suma a la fallida iniciativa de puerto en Corralitos, evidenciando un patrón de promesas de desarrollo incumplidas en Salto, un departamento golpeado por el desempleo.

Presupuesto con un "impuesto Temu" del 22% a las compras exprés, pero sube la franquicia anual a US$ 800. Se busca la equidad fiscal y la protección del comercio local. La medida genera críticas de la ciudadanía.

El Gobierno de Salto reafirmó su postura sobre el convenio con Adeoms y el futuro de 292 funcionarios y sostiene que el procedimiento iniciado respecto a los 292 trabajadores es una obligación legal, no una decisión política. El contador Walter Texeira Núñez, secretario general de la comuna, explicó que se trata de un acto de cumplimiento de la ley frente a una "grave ilegalidad" cometida por la administración anterior.

Intendencia endurece la postura: “Acá lo que importa es la vida” La creciente problemática de las "picadas" de motos en Salto, una práctica que se...

El Frente Amplio impulsa un proyecto de ley en Uruguay para combatir el sobreendeudamiento de dos millones de personas, con foco en los sectores más vulnerables. La iniciativa busca frenar la "bola de nieve" de intereses abusivos, crear una vía administrativa y judicial para reestructurar deudas, y prohibir prácticas de cobranza agresivas. La propuesta llega tras el fracaso del plebiscito de Cabildo Abierto, buscando una solución legal al problema.

La Intendencia de Salto informó en sus redes sociales sobre los avances en las obras del Ateneo, un edificio de indudable valor patrimonial y...

La Suprema Corte declaró inconstitucional el Decreto Departamental que permite incautar vehículos por espirometría positiva y otras infracciones. El abogado Ignacio Supparo impulsó la acción y logró un fallo histórico que obliga a revisar el procedimiento aplicado por la Intendencia de Salto.

ADEOMS defiende la efectivización de 292 funcionarios designados en la gestión de Andrés Lima, tras la firma de un convenio colectivo en la DINATRA. La medida, cuestionada por la oposición, fue calificada por el sindicato como legal y resultado de un proceso de diálogo de 18 meses.