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Nueva app Élida del Ministerio del Interior para víctimas de violencia de género con restricción de acercamiento. La herramienta incluye botón de pánico y permite ampliar denuncias. Especialista Adriana Miraballes celebró la alternativa tecnológica a las tobilleras, destacando su utilidad en zonas rurales y la capacidad de la víctima de alertar. Preocupación por el aumento constante de denuncias de violencia doméstica y femicidios en Uruguay.

El caso Texeira Núñez: u...

El reciente proyecto de ley aprobado en el Senado que regula el ingreso a las intendencias departamentales mediante concurso o sorteo actuó como un catalizador en la ya tensa situación que vive nuestro departamento. En Salto, la administración se encuentra sumida en un conflicto con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOMS), una disputa que tiene como eje central la legalidad de los ingresos por designación directa de 292 funcionarios durante la última etapa del período de Andrés Lima, y su posterior cese por la gestión del intendente Carlos Albisu.

Apertura de la Central Hortícola del Norte (CHN) en marzo/abril 2026 es "inamovible". Gobierno de Salto busca fondos urgentes para obras de protección exigidas por operadores. Ofrecen un año de gracia (costo cero) para puestos. Zona de exclusión aplazada.

Uruguay implementa el etiquetado de eficiencia energética obligatorio para todos los vehículos 0km, incluidos los eléctricos. La etiqueta de URSEA informa sobre el consumo en km/l o km/kWh y las emisiones de CO₂, permitiendo a los compradores tomar decisiones más informadas, económicas y ecológicas.

El Senado aprueba por unanimidad una ley clave para agilizar la expropiación de viviendas abandonadas con deudas, buscando combatir el déficit habitacional. En Salto, con más de 7.300 inmuebles vacíos, esta herramienta podría generar soluciones habitacionales para miles de personas y revitalizar la ciudad.

Salto registró 429 nuevos empadronamientos de vehículos en setiembre, en línea con un récord nacional. El dinamismo local estaría impulsado por la preferencia por modelos SUV y eléctricos, motivada por beneficios en la patente, ahorro en energía y un dólar estable que favorece la compra.

El conflicto laboral de Salto escaló a nivel nacional. La directiva de ADEOMS se reunió con el presidente Yamandú Orsi por el cese de 292 trabajadores y la violación de convenios. El intendente Carlos Albisu también dialogó con el mandatario. Se esperan respuestas del Gobierno Central.

Tras maratónica sesión en la Junta Departamental, el presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez, acusó a la Intendencia de Salto de faltarle la verdad al pueblo sobre los 291 despidos. Denunció que el gobierno negó haber contratado asesores externos y que desconoce la negociación colectiva.

DGI reduce el descuento de IMESI en naftas para zonas de frontera. A partir del 1º de octubre, la rebaja en Salto y el litoral con Argentina será del 33%, dos puntos menos que el mes anterior. La medida busca acompasar la diferencia de precios, pero impacta en el bolsillo de los consumidores.

La FUM-TEP, a través de su secretaria general Alejandra Pereira, alerta sobre el bajo presupuesto educativo del Ejecutivo. Reclaman el 6+1% del PBI y advierten sobre las consecuencias del recorte: aulas superpobladas, falta de recursos y precarización. Apoyan la propuesta del Codicen y analizan un paro.

El jefe del Ejecutivo departamental brindó una primicia importante al revelar que los directores de las distintas áreas de la intendencia vienen realizando una evaluación de cada caso. Si bien el cese será total, un grupo de estos funcionarios será recontratado. Los criterios para su reincorporación son diversos, y buscan responder a situaciones de especial vulnerabilidad o de desempeño destacado.

ACAS y vecinos de Salto se oponen a la instalación de una planta de compostaje en Corralitos. La organización ambientalista denunció los riesgos sanitarios y ambientales del proyecto ante el Ministerio de Ambiente. Este proyecto de inversión privada ya había sido presentado en la administración anterior y despertó críticas entre los distintos actores.

Ciudadanos y técnicos recolectan firmas para derogar el decreto que consideran perjudicial para el interés público, aumentando los costos para el contribuyente y favoreciendo intereses privados. El plazo de 15 días ya comenzó y las mil firmas ya fueron alcanzadas pero continúan trabajando para generar un "colchón".