Charla sobre la reforma de la seguridad social
La noche fue realmente inhóspita este viernes como para concurrir a la sede de la Universidad de la República donde en el salón 7 del tercer piso se llevaría a cabo una jornada académica sobre la seguridad social organizada por el Centro Estudiantes de Derecho (CED) del CENUR Litoral Salto, sin embargo, un importante marco de profesionales y estudiantes del Derecho se hizo presente. Dicha actividad estuvo dividida en dos partes, en la primera de ellas y vía zoom, uno de los docentes de Derecho Laboral, el abogado Walter Duarte desde Paysandú y el economista Hugo Bai, integrante del Instituto Cuesta Duarte y del equipo de la representación de los Trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), se encargaron de dar lineamientos generales sobre la recientemente aprobada reforma de la seguridad social. Y en la segunda parte, el docente y abogado laboralista Carlos Casalás se encargó de desmenuzar la nueva ley de personaría jurídica de los sindicatos. EL PUEBLO estuvo presente en esta actividad académica organizada por el CED para traer este domingo un extracto de las intervenciones de Duarte y Bai.
“HAY CAMBIOS PERO HAY PERMANENCIAS”
“Agradezco al Centro de Estudiantes –comenzó diciendo Duarte- que siempre está activo en lo científico y en lo gremial. Ahora que hace unos días recordábamos el aniversario de la FEUU, qué importante es que después de tantos años sigan firmes los estudiantes en su organización, y en este caso, también aportando al conocimiento de los temas de actualidad”.
“Podríamos decir que desde la Ley 16.713 a la Ley 20.130 pasaron casi 30 años. Incluso los nombres que estuvieron en las discusiones se han repetido, parecería que no ha cambiado nada, y algunas de las soluciones también se repiten o se insisten en ellas”.
“Pero como estudiantes y profesionales del Derecho y personas insertas en una sociedad movilizada, tenemos que hacer alguna referencia general. El mundo ya no es el mismo. Por ejemplo, en estos casi 30 años se desarrolló la teoría general de los derechos laborales y de seguridad social como derechos fundamentales. Se desarrolló la teoría del bloque de constitucionalidad. Nuestra vieja y querida Constitución con un lenguaje tal vez desactualizado, propio de la época en que se redactó, tiene nuevas interpretaciones en la que caben perfectamente. Hoy no puede haber ninguna definición de seguridad social que no parta del presupuesto de que se trata de un derecho humano fundamental”.
“Y en este tiempo, pasamos la década del 90 con todo lo que sabemos que implicó el avance del neoliberalismo con esas fórmulas que quedó claro que no fueron la solución y que están superadas. Como dijera Plá Rodríguez, el gran maestro, no se cierran los paraguas cuando llueve, y ante la tormenta, precisamente, la seguridad social es un gran paraguas. Vaya si lo vivimos en la reciente pandemia”.
“También decía una frase que encabeza un trabajo, sin solidaridad no hay seguridad social. Por tanto, hay cambios pero hay permanencias. Eso nos hace recordar que dentro de los principios de la seguridad social, siguen tan vigentes como nunca los de universalidad y suficiencia. Cualquier reforma tiene que ver con eso y tienen que estar presentes”.
“Han cambiado algunas cosas para bien. Hoy podemos decir que hay mucha mayor información y formación en seguridad social. A veces comentamos con Carlos (Casalás) que cuando estudiábamos, a veces ni se daban los cursos, y hoy se le da una gran importancia. Hoy hay informes estadísticos muy afinados. Lo vimos hace unos días cuando se cambió un artículo del proyecto y en un ratito ya se sabía cuánto salía, eso porque hay muchísima información y formación. Y eso tiene que ver también, y se trata de otra conquista de estos años, con la participación y experiencia de los tres Directores sociales y sus respectivos equipos en el BPS”.
“Cuando estudiamos los particularismos del Derecho del Trabajo según Barbagelata, recordamos como él hablaba de la importancia del tiempo social y de que las normas laborales, y por extensión las de la seguridad social, son normas negociadas. Y dentro de los temas de tiempos sociales, hacía especial referencia a los cambios tecnológicos, algo que parecería que en esta ley ha quedado de lado. Se han buscado soluciones a viejos problemas pero con viejas fórmulas que han demostrado que no lo pueden superar. Inclusive algunas de las fórmulas se presentan como nuevas, pero nos animamos a decir que no son tan novedosas. Por ejemplo, cuando se habla de garantizar ciertos ingresos, no podemos olvidar que ya hace 95 años nuestro país era pionero en tener prestaciones no contributivas”.
“Hoy gran parte de la sociedad tiene en claro que una simple reforma que trata aspectos jubilatorios está muy lejos de ser una reforma en todos los instrumentos de seguridad y protección social que son muy importantes”.
AFECTA DERECHOS, PRESTACIONES Y BENEFICIOS
Finalmente, el economista Bai, explicó la visión que desde el movimiento sindical se tiene de esta reforma, habiendo formado parte de las discusiones en la comisión formada por la LUC.
“Ante una reforma –comenzó Bai-, la primera pregunta es, ¿es necesario reformar? En Uruguay tenemos un sistema de seguridad social que en general, si se compara en lo particular con la región pero también en el concierto internacional, es un sistema que tiene muy buenas cifras y logra muy bien determinados objetivos que plantea cualquier sistema”.
“Si nos referimos al sistema de jubilaciones y pensiones, suele haber tres dimensiones en el centro del análisis. El tema de la cobertura; es decir, a cuánta gente llega el sistema, y acá en Uruguay efectivamente tenemos un sistema que abarca a más del 95% de los adultos mayores, por lo tanto podemos afirmar que tiene una excelente cobertura”.
“Después está la dimensión de la suficiencia. Es decir, de la ecuación, básicamente con cuánto llega la gente. Una cosa es llegar a la gente, pero no le podemos dar prestaciones que después terminan siendo insuficientes para mantener determinado nivel de vida. Y en ese sentido Uruguay también está bien posicionado, quizás buen ejemplo de eso es que cuando hablamos de pobreza en el país, vemos que el sector de los adultos mayores está con menores niveles de pobreza, prácticamente no existe, está en el orden del 2% cuando la pobreza en los menores de edad está en el orden del 20%”.
“Y la otra dimensión que está con mayores dificultades es el tema de la sostenibilidad económico financiera. Allí justamente hay un desafío que en cierta forma justifica la necesidad de una reforma. ¿Y por qué hay una presión en la sostenibilidad? Básicamente por varios factores, pero quizás el principal es el cambio demográfico, el proceso de envejecimiento poblacional, el que obedece principalmente a dos factores. Por un lado, como sabemos la gente vive más, la expectativa de vida es cada vez mayor, pero además, las familias están teniendo cada vez una menor cantidad de hijos. Si uno mira los nacimientos en Uruguay, ha caído de forma muy abrupta en las últimas décadas. Llegamos a tener en los años 90 unos 56 mil nacimientos y hoy estamos en el orden de los 36 mil, lo cual habla de un descenso muy marcado que obviamente lo que va promoviendo es una sociedad cada vez más envejecida”.
“Eso genera una tensión desde el punto de vista financiero, porque esa mayor proporción de adultos mayores va requirindo cada vez una mayor cantidad de recursos para lograr una protección adecuada para ese sector de la sociedad que no está en condiciones de proveerse sus ingresos después de determinada edad. Hablamos de una población dependiente”.
“De todas maneras, nos parece que esta reforma tiene algunas carencias. En particular, con el movimiento sindical fueron aspectos bastantes críticos que se plantearon desde el principio y que de alguna forma no fueron contemplados, lo que dificultó la posibilidad de encontrar acuerdos más amplios. Hay una cantidad muy importante de organizaciones sociales que se han opuesto, de la misma forma que los tres Directores sociales del BPS”.
“Uno de los primeros elementos que desde el movimiento sindical planteamos fue la ausencia de otras dimensiones que había que incorporar en esta propuesta de reforma de la seguridad social. Nosotros entendíamos que en un concepto amplio de seguridad social se debía incorporar una mayor inversión de recursos en la primera infancia. Ahí nos parece que hay un déficit desde el punto de vista social, no desde un punto de vista económico. Después también estaban carencias en materia del sistema de cuidados, donde desde nuestro punto de vista se requería una mayor inversión y volcar más recursos”.
“Y por último, nos parecía que la situación de las personas con discapacidad y las carencias que el país tenía, apuntaba también para incorporarlos. Esos temas fueron implícitamente dejados de lado. Desde el Poder Ejecutivo se entendía que había que centrar la discusión exclusivamente en el sistema de jubilaciones y pensiones, y ese fue uno de los elementos que en cierta forma distanció a las partes. Naturalmente ya no hablábamos de una reforma de la seguridad social sino de una reforma del régimen jubilatorio”.
“Otro de los elementos que quedaron por fuera de la discusión fue el tema del financiamiento. Es decir, decíamos más temprano que había un problema en la sostenibilidad del sistema, que tiene que ver con los ingresos y egresos. El financiamiento y ver en qué se gastan esos recursos que se asignan a la seguridad social. Ahí también tuvimos diferencias. Desde el punto de vista del gobierno no había necesidad de instrumentar ningún tipo de cambio en lo que era la matriz del financiamiento”.
“Como saben, la seguridad social se financia con los aportes. Hay un aporte del 15% que hacen todos los trabajadores y trabajadoras, y hay un aporte de 7,5% que hacen los empleadores. Además, hay una cantidad que están exonerados de hacer ese aporte patronal. Hay otros sectores, como el rural, que tributan con otra lógica donde no llegan a juntar ni cerca ese 7,5%. Pero además, la seguridad social se nutre de recursos a través de determinados impuestos, hay 7 puntos del IVA que están asignados al BPS, y también lo recaudado por el IASS y algún otro componente”.
“Allí se entendió que no había necesidad de incorporar más recursos, y por lo tanto, toda esa sostenibilidad o recomposición del equilibrio entre ingresos y egresos se va, de alguna manera, desdibujando por ese crecimiento poblacional, por lo que esa sostenibilidad se tenía que lograr a través del gasto. Y si uno mira la ley, todas las principales medidas que están allí, tienen que ver con disminuciones del gasto en materia de jubilaciones y pensiones para las próximas décadas. Y obviamente, reducir el gasto en última instancia, afecta derechos, afecta prestaciones, afecta beneficios, que son el origen de la conflictividad o resistencia que generó la aprobación de esta ley por parte de algunos sectores de la sociedad, porque obviamente, en otros casos, la ley tiene su respaldo”.
