La figura del Coordinador Departamental, que aspira a crear el Gobierno Nacional en el presupuesto quinquenal, ha despertado una fuerte polémica.
Convengamos que nadie ignora que el país necesita descentralizar y agilizar muchas cosas, sobre todo en cuanto a trámites burocráticos que funcionan con la más eficaz traba para planes de desarrollo e inversiones.
Esta burocracia radica muchas veces precisamente en el hecho de que para lograr cada papelito hay que recurrir a una Oficina, generalmente distinta y a veces hasta se requiere el visto bueno de oficinas centrales en Montevideo.
Es así que en muchos aspectos, el Uruguay sigue siendo un país del siglo anterior, aún cuando en nuestros días un par de años puede equivaler a un par de décadas del siglo anterior, dado los avances tecnológicos disponibles hoy.
Ahora bien, si hay coincidencia en la necesidad de agilizar estos trámites, como creemos que la han expresado prácticamente todos los partidos políticos, el tema está en la forma o los caminos que se eligen para lograrlo.
No somos partidarios de simplificar, creando más cargos, por mayor eficiencia que tenga quien asuma el mismo, porque la realidad demuestra que hasta hoy esto sólo ha servido para amontonar gente ociosa.
Aquí lo que se requiere es estudiar a fondo todo el sistema y tener el “coraje” de tomar decisiones, suprimiendo todo lo que haya que suprimir y simplificando al máximo los trámites que tanto traban en estos momentos.
No predicamos la eliminación de personal, pero sí, la redistribución lisa y llanamente de las mejoras salariales que también tengan en cuenta la eficiencia, medida por tribunales de probada capacidad y honestidad para hacer un trabajo a conciencia.
Para lograr este aspecto todos tenemos que poner algo de nuestra parte. Los trabajadores públicos generalmente se oponen a ser designados a otras tareas y máxime cuando deben cumplir éstas en otro organismo estatal. Es imprescindible llegar a un acuerdo razonable en este sentido.
Los políticos, mejor dicho algunos políticos –no todos pero sí la gran mayoría – ha usado los concursos “manipulados” para emplear a gente de su afinidad política, haciéndola entrar por la ventana. Ningún partido se salva de esta práctica y a la prueba están las expresiones del propio presidente Mujica en este sentido.
Por otra parte, el sistema sigue manteniendo un sistema de ediles departamentales totalmente honorarios, que ya resulta imposible. Es absurdo exigir dedicación, responsabilidad en la tarea de legislador departamental, cuando no se le paga a quienes cumplen esta tarea.
Sin duda alguna que esta función honoraria, llevada a la práctica el siglo anterior, ha hecho una tarea encomiable, con una gran contribución al sistema democrático, pero en nuestros días es insostenible y por lo tanto se hace imprescindible una reforma constitucional que contemple estos aspectos.
Ojalá la figura que se pretende instalar, cumpla un rol que justifique su creación, a riesgo de lo que supone agregar un funcionario más, pretendiendo simplificar las cosas..
Que no se transforme simplemente en “uno más para atender”, por el presupuesto nacional.
