En diciembre se inaugurará la segunda prisión más grande del país. Lejos de la recomendación que indica que las cárceles deben ser pequeñas y tipo chacras, allí habrá 1.960 presos que serán «disciplinados» con un modelo importado de España y que no tomó en cuenta la experiencia local.
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Este muro es una grieta en el cielo. De cemento, delimita las 25 hectáreas de una cárcel a estrenar. Por su desmesurada inmensidad, de lejos y de cerca, esta prisión perturba. Desde adentro, aunque ahora silenciosa, vacía y pulcra, ahoga. Aquí uno es nadie porque todo es igual: sobrio, rígido y cerrado.
Se trata de la primera obra construida y gestionada en régimen de asociación público-privada, donde se prevé que un grupo empresarial garantice la salubridad en las condiciones de reclusión y la tecnología necesaria para poder controlar todo el complejo carcelario de forma remota. El Estado se encargará de la «rehabilitación» y la seguridad. La combinación, dicen, asegurará el «éxito». El Ministerio del Interior (MI) vaticina que una vez inaugurada será la cárcel «modelo».
Si no se continúan postergando los plazos, abrirá a mediados de diciembre. En el correr de seis meses, los 10 celdarios que constituyen la segunda cárcel más grande del país estarán a tope: 1960 hombres serán recluidos allí, en edificios de baja y media seguridad. Ellos serán los conejillos de indias de un sistema de reclusión «inédito» aquí: el que aplica España. Videovigilancia, sensores de movimiento y de humo, dispositivos que miden la presión e indican nivel de glucemia de cada recluso o leen la palma de la mano para saber quién es quién. La tecnología permitirá un uso «óptimo» del tiempo: se supone que el preso estará todo el día afuera de la celda trabajando, estudiando o realizando deportes.
A un mes y poco de la supuesta inauguración, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el MI todavía se niegan a contestar preguntas sobre los detalles del funcionamiento o qué políticas de reinserción específicas se implementarán. Según confiaron fuentes del gobierno, ni ellos saben exactamente qué van a hacer.
Hay cuestiones básicas por resolver: ¿se podrá fumar o calentar agua dentro de la celda? Ese es uno de los problemas importados de España, porque la infraestructura edilicia no se adaptó a la realidad local y supuestamente estarán prohibidas ambas actividades, cuando aquí es raro encontrar a un preso que no fume.
Mariana Amaro, directora del Centro de Formación Penitenciaria (donde policías y operadores van a estudiar para poder trabajar en cárceles) explicó a El País que el desafío está en que la dinámica «funcione como un relojito» porque «si vos al tipo lo tenés al mango trabajando, estudiando, con un ocio creativo, va a ir a dormir a la celda, no va a tener necesidad de ponerse a fumar porque va a estar cansado y va a querer dormir».
Amaro también señaló que la prohibición es una discusión no saldada, pero Bernardo Vidal, inspector del contrato entre el MI y el grupo empresarial, asegura que solo se va a poder fumar en el patio, y que el «desafío» es explicarle al preso las reglas de convivencia, y que las «entienda». Parte de ese proceso también será no generar basura en las celdas: «Hay que lograr una rutina para que los desperdicios que se generen, de algo que se te rompió, que lo deposites abajo, que va a haber papelera (en las celdas no hay), y la empresa se encarga de su disposición final», agregó. Nada se sabe tampoco respecto al plan específico de convivencia para evitar, por ejemplo, peleas cuando cientos de presos bajen al comedor a mirar televisión: ¿quién decide el canal?
