Uruguay atraviesa una crisis silenciosa pero profunda en su política de tránsito. Bajo el velo de la “seguridad vial”, el Estado ha montado un sistema de radares sancionadores ilegales, arbitrarios y recaudatorios, que castiga a los ciudadanos sin educación previa, sin garantías mínimas y con una eficacia más que dudosa.
Desde noviembre de 2023, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) activó radares en rutas nacionales sin cumplir con el requisito establecido por el artículo 290 de la Ley 20.212, que exige que todo radar sancionador esté precedido por un radar pedagógico. Esta condición no se cumplió. Sin embargo, en lugar de suspender el sistema, el gobierno pidió —y obtuvo— una prórroga de 12 meses. Con ese acto, legalizó su propia ilegalidad y continuó multando a los ciudadanos como si nada.
I.- Castigo primero, legalidad después
El problema no es el radar en sí. Es el uso autoritario y malicioso que el Estado hace de él. Los ciudadanos son multados automáticamente, sin previo aviso, sin información clara, y con una posibilidad de defensa que en la práctica es inexistente o llega demasiado tarde.
La lógica es simple: primero cobro, después discutimos. En muchos casos, el descuento se aplica directamente desde la patente del vehículo o aparece en el sistema sin notificación efectiva. La persona se entera cuando ya está sancionada. No hay instancia real de defensa previa. No hay amparo ni equilibrio. Es un sistema diseñado para que el ciudadano pierda.
Y el resultado es millonario: solo en 2024 se recaudaron más de USD 18 millones, con expectativas de superar los USD 35 millones en 2025. El 70 % de ese dinero va a la Corporación Nacional para el Desarrollo; el resto, a la UTEC y el Ministerio del Interior. Ninguna de estas instituciones rinde cuentas públicas claras sobre cómo se usa ese dinero.
II.- Radares sin sentido
Lo más grave es que ni siquiera la ubicación de muchos radares responde a criterios de seguridad real. Están colocados en tramos donde no hay accidentes, frente a escuelas rurales sin presencia peatonal, o en rutas secundarias de bajo tránsito.
No están donde se los necesita. Están donde es más rentable multar.
No se priorizan los puntos negros con alta siniestralidad. Se priorizan los lugares donde es más fácil cazar desprevenidos. Es una red pensada para maximizar el ingreso, no para salvar vidas.
III.- Educación por castigo: una estrategia que ya fracasó
Hoy, viajar de Salto a Montevideo es un suplicio. No por el tránsito, sino por el miedo a ser multado. El radar que aparece sin cartel, la señal escondida, el límite incoherente. El resultado: ansiedad, frenadas bruscas, más riesgo. Irónicamente, los radares están generando inseguridad.
Hoy en Uruguay, la llamada “educación vial” no se basa en formar al conductor, sino en hacerlo caer. No se lo guía, se lo espera. No se lo previene, se lo persigue.
Todo está dispuesto para que el ciudadano cruce una línea sin saberlo, para luego ser sancionado. Es una pedagogía de la trampa: un sistema que no educa para evitar infracciones, sino que las necesita para subsistir. Porque cada multa no es una advertencia. Es un ingreso.
Y así, el Estado deja de formar ciudadanos responsables para convertirse en un cazador de infractores silenciosos. Esa es, lamentablemente, la educación vial en Uruguay hoy: una maquinaria de castigo disimulada de civismo.
Se dice que esta es una política educativa. Pero educar por miedo no es educar. Es castigar. Y no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Existen formas más eficaces y humanas de disuadir: lomadas, señalización efectiva, presencia policial, campañas públicas. Lo que no se puede justificar es empobrecer a la gente en nombre de una moral superior.
IV.- ¿Cómo sería una educación vial ejemplarizante?
Una política de tránsito efectiva no se basa en el castigo, sino en la prevención, la conciencia y la participación. Estas son las claves:
- Radar pedagógico visible
- Campañas educativas sostenidas
- Participación ciudadana en la ubicación de radares
- Incentivos por buena conducta
- Infraestructura disuasiva real (lomadas, semáforos inteligentes)
- Educación vial desde la escuela y en el proceso de obtención de libreta
Este modelo no criminaliza al conductor. Lo empodera. Lo respeta. Y lo educa sin necesidad de arruinarle el bolsillo.
V.- Siniestralidad antes y después: ¿funcionan los radares?
Los datos oficiales muestran una realidad incómoda: los radares no han reducido los siniestros. De hecho, los números muestran un aumento general en 2024:
- 21.597 siniestros viales
- 434 personas fallecidas
- 27.300 lesionados
Estos valores representan un aumento del 2,8 % en muertes y 5,7 % en lesionados respecto al año anterior. La tasa de mortalidad vial alcanza los 12,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes, una cifra estable que no mejora pese a la fiscalización intensiva.
En la Ruta Interbalnearia, uno de los tramos más monitoreados, los datos tampoco son alentadores: los accidentes fatales se mantuvieron o incluso aumentaron en el área cercana a los radares. Es decir, no hay correlación directa entre radar y mayor seguridad.
Desde una óptica liberal, esta evidencia refuerza la crítica de fondo: el sistema de radares no cumple su objetivo declarado. Si la siniestralidad no baja, entonces el castigo automático no sirve. Y si no sirve, pero sigue operando, entonces su verdadero fin es recaudatorio, no preventivo.
VI.- Inseguridad jurídica… e inseguridad vial
Si hay algo más preocupante que el castigo injusto, es no saber cuándo, cómo ni por qué se lo impone. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy en Uruguay con el sistema de radares: una incertidumbre total para el ciudadano, que ya no sabe cómo moverse ni cómo defenderse.
- No se sabe si los radares están calibrados correctamente.
- No hay información pública sobre su mantenimiento o auditorías técnicas.
- No hay garantías de que estén ubicados legalmente, ni justificación técnica publicada.
Lo peor ocurre cuando el ciudadano no es notificado adecuadamente. En muchos casos, se entera de la existencia de una multa recién cuando intenta hacer otro trámite: renovar la libreta, vender el auto, pagar la patente. Y si no paga, no puede continuar. Es sanción por la fuerza, sin aviso previo. Una coacción burocrática que viola el principio de legalidad y libertad administrativa.
Tampoco sabe dónde reclamar. Los canales son opacos, las plataformas deficientes, la defensa jurídica es un laberinto. El sistema no fue diseñado para permitir el reclamo. Fue diseñado para hacerlo impracticable.
Esto no es solo inseguridad jurídica. Es inseguridad vial. Porque cuando el conductor maneja con miedo, incertidumbre o desinformación, maneja peor. Y cuando eso sucede, todos estamos menos seguros.
VII.- Cuando el Estado viola los derechos que exige respetar
Más allá de su ineficiencia vial, el sistema de radares vulnera principios jurídicos esenciales:
- Legalidad
- Debido proceso
- Presunción de inocencia
- Proporcionalidad
- Notificación efectiva
- Igualdad ante la ley
Y cuando el Estado se coloca por fuera de sus propias leyes, deja de ser garante de derechos. Se convierte en agresor impune.
VIII.- Voces del Parlamento: “el MTOP no cumplió”
El MTOP no cumplió y las multas deben ser eliminadas.
Álvaro Perrone (Cabildo Abierto)
Hay que revisar su ubicación. Generan dudas legítimas.
Sebastián Da Silva (Partido Nacional)
Debemos garantizar que no se perciba como un sistema punitivo.
Carlos Varela (Frente Amplio)
Incluso desde el propio sistema político se reconoce que no se puede seguir multando fuera de la ley.
IX.- Conclusión: un sistema que castiga más de lo que cuida
Este sistema no está para salvar vidas. Está para recaudar. No está para educar. Está para castigar. No está para servir. Está para exprimir.
Y cuando el Estado usa su poder para vigilar sin control, sancionar sin justicia y enriquecerse sin transparencia, no estamos ante una política vial. Estamos ante una política abusiva. Y como toda política abusiva, debe ser denunciada, revisada y desmantelada.
Uruguay merece rutas más seguras, sí. Pero sobre todo, merece un Estado que respete la ley tanto como se la exige al ciudadano. Porque si no hay legalidad para todos, no hay libertad para nadie.
