“Ninguna de las dos puertas que tiene la secretaría va a tener llave, literalmente será una secretaría de puertas abiertas”
El doctor Pablo Perna fue asesor jurídico de la Junta Departamental de Salto en dos oportunidades (2010-2015 y 2016-2020), en 2015 retornó como edil y ahora regresa en otro rol, como secretario general del legislativo, propuesto y votado por la Coalición Republicana. Perna dialogó con EL PUEBLO sobre el trabajo que tiene por delante.
Regresando a la Junta Departamental por tercer periodo, pero en esta oportunidad desde el rol de Secretario General, ¿cómo asume esta nueva responsabilidad?
La verdad que para mí es un honor que se me haya elegido como secretario general de la Junta Departamental, pero más allá del honor, nos trae sentimientos encontrados en virtud de que durante 10 años estuve en la Junta Departamental, 9 años como asesor jurídico y un año como edil.
Por lo tanto, aparte de la experiencia que uno va ganando, también uno va creciendo y es la vida misma. Entré con 30 años en la Junta Departamental y salí con 40 y ahora con 45 me toca volver a la Junta con un nuevo rol y con mayores responsabilidades.
¿Cuáles son las tareas que se suman ahora desde este nuevo cargo?
Son roles diferentes. Como asesor jurídico tenía la responsabilidad de que toda la normativa que se aprobó en Salto en los últimos 10 años tenía que pasar por el visto bueno del asesor jurídico y si bien era una designación de carácter político, había una cuestión de responsabilidad profesional.
En cambio, ahora, como secretario general, la responsabilidad es diferente. Acá la responsabilidad es netamente administrativa y financiera, en virtud que el secretario general, conjuntamente con el presidente de la Junta, son los responsables administrativos del funcionamiento de toda la Junta Departamental y también del funcionamiento financiero, en virtud que el presidente es el ordenador de gastos primarios, el que ordena todo el gasto con el aval del secretario general.
Hay que tener en cuenta que la Junta Departamental tiene un presupuesto independiente del presupuesto de la Intendencia y que acá manejamos un promedio de dos millones y medio de dólares anuales, que tenemos que ordenar dentro de lo que establece la normativa y dentro de las responsabilidades políticas que se nos ha dado.
Por eso, la seriedad y la responsabilidad del rol que debe tener el secretario general y el presidente.
Más temprano hablaba con la doctora Eguiluz, quien destacaba la gran cantidad de nuevos ediles y además jóvenes. ¿Cómo va a ser trabajar con ediles nuevos que van a necesitar de alguna guía en la parte administrativa y en el trabajo legislativo?
En lo que me es personal me he dispuesto e, incluso, lo he hablado con el secretario general saliente, con quien tenemos un muy buen diálogo, que tiene que ser una secretaría de puertas abiertas, es más, ninguna de las dos puertas que tiene la secretaría va a tener llave.
No venimos con ánimos de innovar de lo que se venía haciendo. Aquellas cosas que deben cambiarse, las vamos a cambiar. Pero la Junta Departamental tiene un grupo de funcionarios muy profesional, muchos ya estaban cuando ingresé en 2010 y otros que vienen de aquella época y tienen muchos años de experiencia.
Son personas que conozco y son formidables. Se ha profesionalizado mucho todo lo que se requiere del servicio y al asesoramiento al edil. Desde la contratación a las secretarias particulares que cada edil tiene, desde los beneficios que cada edil tiene, desde la presentación de un decreto, de la presentación de un proyecto, de cómo trabajan las diferentes comisiones.
Está bastante profesionalizado y estandarizado cada cosa que uno quiera solicitar dentro de la Junta Departamental o solicitudes que vengan de afuera. Y con respecto a las dudas que se tengan, como mencioné, va a ser una secretaría general de puertas abiertas.
Nos debemos, en definitiva, a la ciudadanía. Por lo tanto, cualquier duda que tenga cualquier edil, así como cualquier ciudadano que quiera hacer algún planteamiento específico o algún control específico.
Porque el rol de la Junta Departamental, aparte de hacer leyes departamentales, que son decretos o resoluciones, es controlar el buen funcionamiento del Ejecutivo. En ese rol que nos asigna la Constitución, vamos a tratar de ser lo más transparentes y claro posible con todos.
De los cargos que quedan permanentes en la Mesa está el asesor jurídico y el secretario general. Quien cambia cada año es el presidente. En el caso del secretario general, ¿tiene que adaptarse a la idiosincrasia de cada presidente o es el presidente que debe adaptarse al trabajo del secretario general?
Un poco de las dos cosas. De acuerdo a mi experiencia de 10 años en la Junta Departamental, que he trabajado con diferentes presidentes, cada presidente tiene su impronta, su personalidad, su forma de trabajar.
Y esa impronta, cada presidente la establece como mejor le parezca. Por eso son votados por el plenario para que presidan la Junta Departamental y hagan lo que políticamente considere que sea lo mejor para el cuerpo. Cada presidente, desde el punto de vista político, tiene la libertad absoluta de hacer lo que mejor le parezca.
Pero desde el punto de vista administrativo, como decía, están bastante estandarizadas todas las actividades y facultades que puede hacer un presidente. No puede innovar si quiere, por ejemplo, autorizar un gasto determinado si se quiere hacer determinada actividad. El secretario general no puede modificar las cuestiones que se venían haciendo, porque son cuestiones administrativas que están regladas.
Entonces es una mixtura de las dos cosas. La parte administrativa generalmente se mantiene, y lo que sí cambia es el impulso que le quiera dar el presidente de turno. Ha habido presidentes que, por ejemplo, han preferido sacar la Junta Departamental afuera del plenario y han hecho sesiones en diferentes localidades o en barrios de Salto. Son criterios que han tenido cada presidente, que por los criterios políticos tienen libertad absoluta de decidir y el secretario debe ajustarse a esas decisiones políticas. Y desde el punto de vista administrativo, no hay mucho margen en la cual uno pueda moverse, y más teniendo en cuenta que los recursos y el presupuesto que tiene la Junta Departamental son limitados.
