Los detenidos fueron formalizados por el delito de retribución
o promesa de retribución a menores por actos sexuales
La Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género a cargo de la fiscal Darviña Viera imputó a las ocho personas detenidas este jueves en el marco de la llamada Operación Océano, en la que se investigan varios casos de explotación sexual de menores.
Con estas ocho imputaciones ya suman 32 las personas formalizadas en esta causa, básicamente por el delito de «retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo».
IMPUTADOS
La fiscal Viera anunció en rueda de prensa consignada por Radio Universal que dos de los imputados este viernes están bajo investigación por el delito estipulado en el artículo 277 bis del Código Penal: «El que, mediante la utilización de tecnologías, de internet, de cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación o tecnología de trasmisión de datos, contactare a una persona menor de edad o ejerza influencia sobre el mismo, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad».
En cambio, el resto de las personas fueron imputadas por ese delito pero también por el de «retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo», estipulado en la ley Nº 17.815.
Las medidas impuestas mientras dura la investigación son fijación de domicilio y prohibición de contacto con las víctimas durante al menos 180 días. Además, la suspensión de la patria potestad y la suspensión de la posibilidad de trabajar con niñas, niños y adolescentes en cualquier institución pública o privada.
La fiscal dijo que solicitó detener a dos personas más por esta misma causa.
GENTE «BIEN»
La Justicia imputó este viernes a los ocho nuevos detenidos por la Operación Océano, que investiga casos de explotación sexual adolescente.
Los hombres habían sido detenidos el jueves por detectives de Delitos Especiales de Crimen Organizado e Interpol en allanamientos realizados en Montevideo, Canelones y Punta del Este.
Entre los nuevos imputados hay un médico imagenólogo que trabaja en varios centros asistenciales. El resto son empresarios de diferentes rubros, entre ellos, un reconocido organizador de fiestas, un empresario armenio y otro del sector inmobiliario.
De esta manera, suman 32 las personas imputadas en esta causa, básicamente por el delito de promesa de retribución o retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, informó la Fiscalía.
El perfil de los involucrados se repite: hombres de entre 30 y 70 años, profesionales, de buena posición económica. En la lista de imputados, figuran además un exjuez, un abogado, un arquitecto, un psicólogo, políticos y varios empresarios.
LA CAUSA
La megacausa de explotación sexual adolescente comenzó en el mes de marzo a raíz de la muerte de una menor de edad que derivó en la incautación de celulares, donde la Policía encontró chats entre los acusados y las víctimas.
Las conversaciones daban cuenta de pagos en dinero y regalos de estos hombres a las menores a cambio de actos sexuales. Los vínculos se iniciaban a través de redes sociales y aplicación de citas.
Liderada por la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, la Operación Océano, así se le denominó, logró en cinco meses una cifra récord de imputados entorno a una misma causa de explotación sexual. El Departamento de la Policía que lidera esta investigación es el único en el país especializado en delitos sexuales: cuenta con un auto y quince funcionarios policiales. Este año sus causas derivaron en seis imputados por trata de personas, dos de ellas por tráfico y más de 40 por explotación sexual o delitos relacionados.
Por su parte, los abogados de los imputados por el caso Océano se niegan al uso de la denominada Cámara Gesell: una prueba anticipada que se usa en casos de abuso sexual de menores para interrogar a la víctima en una habitación aislada; mientras jueza, fiscal y defensas ven la transmisión en vivo en otro cuarto.
En tanto, la abogada Cecilia Salom, representante de una de las personas imputadas por la Operación Óceano, planteó irregularidades en la investigación de la fiscal Darviña Viera. Los hechos se dieron durante el pasado 14 de agosto, cuando se desarrolló en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, el juicio que involucró a todos los imputados y que presidió la jueza Adriana de los Santos.
