Once países, incluido Uruguay, rechazaron la convalidación de la reelección de Nicolás Maduro por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Los gobiernos firmantes exigen una auditoría independiente que garantice el respeto a la voluntad popular y expresan preocupación por las violaciones a los derechos humanos.
Rechazo regional al fallo del TSJ de Venezuela
Solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela
Once países de la región firmaron un comunicado conjunto en el que reclaman una «auditoría imparcial e independiente».
Los gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana firmaron el 23 de agosto un comunicado que rechaza el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el cual convalidó la reelección de Nicolás Maduro.
Los Gobiernos de los once países firmantes rechazan «categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela», que el miércoles 22 de agosto «indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral».
El comunicado recuerda que los gobiernos de los países que lo suscriben «ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió el acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas».
Además, agregan que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela «alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones, tanto del CNE como del TSJ».
Los gobiernos reiteran que «solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela» e insisten en «el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano que el pasado 28 de julio se pronunció de manera pacífica y contundente».
Además, expresan «profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia».
