Un grupo autodenominado «Comando Barneix» amenazó con asesinar a tres personas, de una lista de 12 jerarcas, magistrados y activistas, comprometidos con la Defensa de los DD.HH. si continúan las actuaciones judiciales.
La amenaza “vía e-mail” o correo electrónico que fuera hecha por un pseudo comando con tufillo militar hacia las personas que han tenido algún grado de responsabilidad en los procesamientos por violación a los derechos humanos, no debe pasar desapercibida, ni mucho menos restársele importancia.
Como las informaciones generalmente “sobrevuelan” los hechos de fondo, conviene recordar el caso por el cual fue procesado Barneix.
Se trató de la muerte del comerciante de Carmelo Aldo «Chiquito» Perrini ocurrida en el Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia del Sacramento en 1974.
Perrini era simpatizante del Frente Amplio y según sus familiares no tenía militancia activa cuando fue apresado en una razzia. Fue llevado a la unidad militar para ser interrogado, cuando poco después se le declaró muerto.
Según testigos del caso, Perrini intentó defender a una militante que estaba siendo maltratada. El cadáver de Perrini tenía señales de tortura, pero el fiscal militar del momento dictaminó que murió de causa natural. Tenía 34 años y dejó de existir en un coche que lo llevaba al Hospital Militar.
El oficial que estaba a cargo de los interrogatorios era un joven oficial llamado Pedro Barneix, integrante del SII.
Barneix se suicidó el 2 de setiembre de 2015. La Suprema Corte de Justicia “(SCJ) había rechazado días antes el recurso que interpuso la defensa del general retirado por la muerte de Perrini
Este miércoles, la jueza del caso, determinó el procesamiento con prisión de Barneix y de José Puigvert, por el delito en prima facie de «homicidio político», en calidad de autores.
Si bien estamos convencidos que se debe a algún veterano trasnochado o gorilón que añora las dictaduras, este tipo de cosas, así no sean serias ni tengan demasiado asidero, no deben dejarse pasar.
Felizmente Uruguay está lejos de ser uno de los países donde manda el narcotráfico a diferentes niveles y se vincula con otros poderes que pronto se sirven de las andanzas de los narcotraficantes que no tienen reparo alguno en asesinar policías, jueces, fiscales y cualquier otro tipo de autoridad que se interponga en sus deleznables propósitos.
Ceder a la presión del denominado “comando” sería prestarse a vivir de rodillas ante quienes ostentan el poder de las armas.
Amenazar a la gente que ejerce la Justicia en el país es algo condenable y obviamente ninguna persona amante de la libertad y la democracia debería de admitirla.
En una democracia auténtica la Justicia debe ser uno de los poderes más respetados, porque su rol es poner en práctica las leyes que se ha impuesto el pueblo mismo para poder vivir en comunidad, en forma organizada y respetuosa del derecho de los demás.
Quienes justifican las violaciones a los Derechos Humanos, porque en algún momento de la historia reciente se consideraron que estaban por sobre las leyes, deben ser sometidos uno a uno y hasta el último a la Justicia, sencillamente porque están fuera de un sistema democrático y por lo tanto si no están dispuestos a respetar sus leyes deben ser puestos en vereda.
