Después de nuestra opinión sobre la reforma del Sistema de Previsión Social, recibimos algunas opiniones que entendemos deben darse a conocer y difundirse porque ayudarán a pensar el punto.
Se nos dijo por ejemplo, ¿porqué si a un trabajador recién se lo va considerara apto para jubilarse a los 65 años, a quienes está en cárceles VIP por delitos de lesa humanidad es decir los crímenes más aberrantes, asesinatos, violaciones, torturas robos de bebés y demás, a esa edad se los sacaría de éstas cárceles para recluirlos en sus casas.
Reitero que no me gusta tener a ancianos encarcelados, pero tampoco acepto que se los tenga en cárceles VIP, donde cuenta con teléfonos celulares, televisión por cable (pagada por el Comando del Ejército y demás). No es este el ejército que queremos para nuestra patria. Porque como siempre lo hemos dicho dentro de la ley todo, Fuera de ella nada.
Se nos dijo por ejemplo, que los trabajadores siempre vieron como un privilegio la posibilidad de jubilarse y seguir trabajando con que contaban los funcionarios públicos. En cambio ahora que la presente reforma otorga esta posibilidad también a los privados, se oponen a ello y sostiene que se pretende que sigan trabajando para jubilarse mejor.
Admitimos que no es lo más justo, pero es al menos un poco más igualitaria.
Como nos contamos entre quienes exigían igualdad de condiciones para unos y otros, entendemos que la cuestión en estos casos está en los detalles. No es lo mismo jubilarse antes de los 50 años, que jubilarse recién a los 65. No es lo mismo pretender ingresar en la caja pública o estatal o rural después de los 65 años, que hacerlo a los 50. No es lo mismo tratar de hallar un puesto de trabajo en la órbita pública que en la privada.
No es lo mismo vivir luego de los 65 años con una pensión mínima de 17 mil pesos, que tener una pensión superior a esta cifra, tener aguinaldo y demás.
Trascendió en cuanto a la reclusión de los procesados por delitos de lesa humanidad que ahora el Partido Nacional ha presentado un proyecto sustituto que eleva la edad para sacar algunos de estos procesados a los 70 años y no a los 65 como se pretendía.
