Julio Chalar cree que “responsabilidad” por la violación de derechos de niños que conviven con madres en prisión, es de “los padres”
Luego de la instancia cumplida en la Cárcel Departamental de Salto, cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cumplieran la visita anual, donde proceden a otorgar la libertad provisional por Gracia (esto es de acuerdo a determinados parámetros como el perfil criminal y las condiciones sociales de los encarcelados, así como también el estado de la causa), a determinados presos que cumplen con las condiciones que se establecen para eso, uno de los altos funcionarios fue consultado por EL PUEBLO sobre el estado de vulneración de derechos en el que se encuentran los niños que permanecen en régimen de prisión junto a sus madres en la Cárcel de Mujeres.
“Si usted piensa que el Estado es todo, bueno ahí entonces nos lavamos las manos y nadie hace nada”, dijo Julio César Chalar, quien no quiso dar entrevista a este diario pero se permitió algunos comentarios con los periodistas de nuestro medio que en ese momento se encontraban realizando la cobertura periodística del hecho.
En esa oportunidad, los ministros de la SCJ, Julio César Chalar y Jorge Larrieux, le concedieron la libertad a 17 personas, entre las que se encontraban 5 mujeres. Cuatro de ellas habían sido apresadas por vender drogas, mientras que otra estaba procesada por haber cometido un delito de lesiones y otro de rapiña.
De una decena de mujeres que desfilaron en esa oportunidad, al menos la mitad estaba con hijos chicos en brazos y algunas otras embarazadas. Si bien el discurso de los abogados que intentaban lograr la libertad de las mismas, hacía hincapié en el estado de gravidez de cada una de ellas, y que el lugar era poco propicio para el desarrollo de las mismas, este factor era a veces influyente pero otras veces no.
Muchas de las 30 reclusas que todavía esperan obtener la libertad, lo hacen en un lugar construido para albergar a 5 personas. Allí varias de ellas conviven con sus hijos y el espacio físico, así como el estado de la estructura edilicia hace que la situación se vuelva insostenible, pero sobre todo para esos niños, cuyos derechos humanos más elementales se ven vulnerados.
Pero al ser consultados por EL PUEBLO sobre este asunto, los funcionarios policiales manifestaron que las madres “tienen derecho a estar con sus hijos en prisión, cuando los mismos no tienen un lugar donde vivir”. La situación es más trágica aún, porque a la prisión que debe enfrentarse la madre por el hecho cometido, encima el niño debe purgar también la condena y someterse a un submundo en el que prima la sobrevivencia mental y física por las condiciones en las que se encuentran.
En este momento, y en parte atendiendo a esta realidad, la Intendencia de Salto está colaborando con la Jefatura de Policía de Salto, y entre ambos pretenden inaugurar la refacción de una casona antigua que pertenece a la Policía y que es contigua al recinto carcelario, donde será la nueva Cárcel de Mujeres.
Pero el problema de fondo persiste, ya que los niños cuyas edades oscilan entre pocos meses de vida y los 8 años de edad, seguirán recluídos y conviviendo con códigos que son totalmente violatorios de todas las leyes de protección de la infancia, del Código de la Niñez y la Adolescencia y de la Convención Interamericana de los Derechos del Niño.
Y si bien, implícitamente los más altos magistrados del país reconocen que esta situación existe, y que “ninguna cárcel es un lugar apropiado para un niño”, más allá que en la cárcel de mujeres de Salto haya una situación ciertamente diferente a la de los recintos penitenciarios, no es bueno que un niño crezca entre rejas, tejidos de seguridad y guardias armados custodiándolos. Admiten que “no hay nada en marcha” para cambiar esa realidad.
EL DERECHO
A LA FELICIDAD Y
LOS NIÑOS PRESOS
El Dr. Julio César Chalar, el último de los magistrados que fue nombrado por el acuerdo político del parlamento que les permite a los jueces con determinada antigüedad funcionarial acceder al más alto cargo judicial, mantiene en su anhelo la consagración del “derecho a la felicidad” del ser humano.
Algo que él mismo sustenta que es “tan viejo como el mundo” y que incluso advirtió que estaba consagrado en las “Instrucciones del año XIII”, señaló que a su juicio en Uruguay “cada vez que se habla de derechos humanos, es para hacer referencia a temas que ocurrieron hace 40 años”.
En ese aspecto, EL PUEBLO lo consultó sobre la vulneración constante de los derechos humanos fundamentales de los niños que al no tener donde vivir, deben permanecer junto a su madre en prisión durante la reclusión de ésta, conviviendo en el mismo espacio que el resto de las reclusas y padeciendo las mismas reglas.
El Dr. Chalar reconoció que en nuestro sistema esa responsabilidad para con los niños debe recaer sobre “los padres”, aunque al verse limitados por las sanciones que les impone el Poder Judicial tras la comisión de un delito, el Estado tampoco tiene un convenio con INAU, el Ministerio de Desarrollo Social, el del Interior, las Intendencias Departamentales o ninguna otra institución estatal que pueda brindar contención a esos niños para no pasar a convivir en prisión.
“Si usted piensa que el Estado es todo, entonces nadie hace nada”, respondió, mientras tomaba un café tras la instancia judicial cumplida en la cárcel salteña, aduciendo al mismo tiempo que se negaba a brindar declaraciones oficiales sobre lo ocurrido en la ocasión, cediéndole “la derecha” al Dr. Jorge Larrieux por el “más antiguo en el cargo”, pese a que éste también declinó prestar declaraciones y rechazó a la prensa.
Cuando EL PUEBLO se retiró del lugar, al costado de los dos automóviles Peugeot 307 sedan que aguardaban en la puerta de la cárcel a las autoridades judiciales con sus respectivos choferes, dos niños entraban de la mano con su madre que está presa en el lugar, camino al pabellón común donde conviven con el resto de las mujeres presas y otros niños más.
